Mapuches habrían denunciado al Municipio de Villa la Angostura

Según un comunicado la "Confederación Indígena Neuquina", en representación de la Comunidad Mapuche Lof Paichil Antreao, formulo una grave denuncia por discriminación racial contra el gobierno del Dr Ricardo Alonso, solicitando la inmediata intervención del Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo
Según la Agencia Siete Lagos (agencia.sietelagos@gmail.com], la Confederación Indígena Neuquina, en representación de la Comunidad Mapuche Lof Paichil Antreao, presentó ante el INAI una denuncia por discriminación racial.

El escrito habría sido presentado ante la Dra.Maria José Lubertino, y relata los hechos y "la aplicación de políticas discriminatoria como así también los fundamentos que motivan el requerimiento de las medidas necesarias para que los poderes del estado municipal respete el derecho vigente".

Texto de la denuncia

Sra. Presidenta

Instituto Nacional contra la Discriminación

la Xenofobia y el Racismo

Dra. María José Lubertino

S/D.

Elias Maripan (D.N.I. 7.579.960) y Fidel Colipan (D.N.I. 13.557.858) en su carácter de Logko y Werken en representación de la "Confederación Indígena Neuquina" (Confederación Mapuce) con domicilio en Gobernador Denis 877 de la ciudad de Neuquen, y Juan Manuel Salgado (D.N.I. 11.187.145), apoderado, en representación de la Comunidad Mapuche Lof Paichil Antreao, con domicilio en Cerro Belvedere de la ciudad de Villa La Angostura, Provincia del Neuquen, venimos a formular la presente denuncia por discriminación racial contra la Municipalidad de Villa La Angostura, Provincia del Neuquen, en base a los hechos que seguidamente expondremos, solicitando la inmediata intervención de ese Instituto.

I.

El "Plan Nacional contra la Discriminación" que por Decreto 1086/2005 fue encomendado a ese Instituto reconoce expresamente en su texto que "La República Argentina se constituyó como Estado-Nación sobre la base de la negación de las raíces históricas americanas, la sujeción de sus ocupantes originarios y la usurpación de sus territorios. (...) En el mismo sentido, la llamada ‘Conquista del Desierto’ es un eufemismo para ocultar la realidad de que la Patagonia y la Pampa estaban habitadas por un sinnúmero de pueblos (mapuche, tehuelche y rankulche, entre otros), sin constituir originalmente un ‘desierto’ a ser poblado. Los pactos firmados en el siglo XIX otorgándoles derechos a los pueblos indígenas o las tierras reconocidas por el Presidente Alvear en la década de 1920 fueron progresivamente violados y las tierras usurpadas a las comunidades".

Tal es también la historia que origina esta denuncia. El colectivo humano mapuce que hoy es Lof ("comunidad") Paichil Antreao, tiene presencia ancestral en la zona de Villa La Angostura, anterior a todo asentamiento "blanco" en esa región y a la ocupación del mismo Estado argentino. Cuando llegaron las comisiones de límites y demás organismos del Estado -preocupados por incentivar a colonos que quisieran habitar esas tierras fronterizas- encontraron que ya estaban los Paichil y Antreao como lo certifica el censo que se hizo en la zona para fines del siglo XIX y principios del XX. En el año 1902 el gobierno argentino creó la "Colonia Pastoril Agrícola Ganadera Nahuel Huapi" y concedió el lote 9 de ésta (actualmente Villa La Angostura) a Don José María Paisil y a Don Ignacio Antriau (la forma de escribir los nombres en castellano cambia de un registro a otro), jefes de sus respectivas familias.

Ese lote fue ocupado por los Paichil Antreao mediante los modos tradicionales de relación con el territorio que no entrañan la permanente presencia física y difieren profundamente de las notas que el código civil argentino requiere para el concepto de "posesión", que se desprende de una cultura y un régimen jurídico "occidental" cuyo vínculo con el suelo es de dominio y explotación. En estas condiciones, la hegemonía de la etnia "blanca" dominante se tradujo en un proceso de continuo desapoderamiento de las tierras y su ocupación por colonos, favorecido por la situación de pobreza y marginalidad en que la opresión cultural colocó a las familias mapuce. Este desapoderamiento se agravó con la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la década de 1930 y con la decisión oficial de fraccionar el lote. De allí en más la familia Paichil Antriao o Antreao fue perdiendo continuamente el territorio que habitaba mediante decisiones estatales y maniobras privadas de abusos y usurpación.

En la década de 1990 la Comunidad inició un creciente reclamo por el respeto de su integridad territorial cada vez más amenazada. Este movimiento tomó fuerza sobre todo a partir de la reforma constitucional de 1994 y la posterior ratificación del Convenio 169 de la O.I.T. (año 2000). La Comunidad comenzó así a participar en los parlamentos mapuce provinciales y en el año 2003 inició los trámites para el reconocimiento estatal de su personalidad, el que obtuvo años después mediante la Resolución 220/2007 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

Es en este marco que tienen lugar los hechos que motivan esta denuncia.

II.

Actualmente, las tierras que tradicionalmente ocupa el Lof Paichil Antreao se hallan íntegramente dentro de lo que hoy es el ejido de la Municipalidad de Villa La Angostura. Estas tierras se encuentran titularizadas a nombre de particulares ajenos a la comunidad, que aunque nunca tuvieron su posesión las reclaman como propias con el decidido apoyo de las inmobiliarias y la mayoría de la clase alta comercial, profesional y política locales. Sin embargo la Comunidad ha resistido a las presiones e incluso a irregulares decisiones judiciales que originaron una denuncia actualmente en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino. En los juicios penales realizados hasta ahora a miembros de la Comunidad, éstos fueron absueltos por reconocerse su posesión originaria.

Desde fines del año 2008 la Municipalidad de Villa La Angostura se encuentra en proceso de constitución de su propia Carta Orgánica Municipal, habiéndose elegido al efecto una Convención mediante los mecanismos del voto universal que, como se sabe, no contemplan la representación colectiva indígena. Dado que el territorio comunitario del Lof Paichil Antreo se encuentra dentro del ámbito del ejercicio del poder municipal, las autoridades comunitarias reclamaron a la Convención el reconocimiento de su preexistencia con las consecuencias jurídicas que ello acarrea, lo que fue negado en sesión formal mediante el voto de todos los convencionales menos uno.

Entendiendo que esta decisión es parte de lo que el Decreto 1086/2005 denomina correctamente "procesos de negativización y discriminación de los pueblos originarios", la Confederación Indígena Neuquina, entidad representativa del Pueblo Mapuce del Neuquen, le envió al Intendente Municipal la siguiente carta documento:

La Confederación Mapuce del Neuquén, representante del Pueblo Mapuce preexistente al Estado e integrada por la totalidad de las Comunidades Mapuce de la Provincia, se dirige a Ud. en su carácter de representante legal de la Municipalidad de Villa La Angostura, a fin de que se ponga término a los actos de discriminación racial realizados por la Convención Constituyente Municipal en perjuicio del Pueblo Mapuce y específicamente del Lof Paichil Antreao.

Tal como lo ha resuelto el Comité de las Naciones Unidas contra la Discriminación Racial, intérprete de la Convención homónima que está incorporada a la Constitución Nacional, el Estado incurre en un acto discriminatorio cuando omite tratar de diferente manera a las personas cuyas situaciones son significativamente diferentes: "El principio de la no discriminación requiere que los estados partes tengan en cuenta las características culturales de los grupos étnicos" sostuvo dicho Comité en su informe del año 2007 (Nº 328). La reciente decisión de la Convención de no reconocer la presencia y autonomía mapuce, violando las expresas disposiciones del Convenio 169 de la O.I.T., constituye un claro acto de discriminación racial, tal como –además- resulta de lo expuesto por los oradores.

En consecuencia, de insistirse en esta conducta todo cuanto resulte de las deliberaciones de esa Convención será jurídicamente inválido pues está penetrado por la voluntad de discriminación racial. Esta Confederación adoptará en consecuencia todas las medidas legales y políticas a su alcance, en los ámbitos provincial, nacional e internacional, para que los derechos constitucionales sean respetados y se anule toda norma que los desconoce.

Es por ello que nos dirigimos a Ud. a fin de que adopte las medidas necesarias para que todos los órganos de esa Municipalidad respeten el derecho vigente.

La respuesta del Intendente Municipal no sólo confirma la decisión cuestionada sino que incluye sus propios fundamentos discriminatorios:

RECHAZO vuestra CD 98022530-5. A tal fin le manifiesto:

1. Discrepo totalmente con la afirmación de que hayan existido actos de discriminación racial en el ámbito de la Convención Constituyente Municipal, si bien no especifica Ud. en que habrían consistido tales actos y cuando éstos habrían sido llevados a cabo, ni quienes habrían perpetrado los hechos.

2. Por otro lado, como le constará la H. Convención Constituyente Municipal, es un órgano ad hoc abocado exclusivamente a redactar la primera Carta Orgánica de la Ciudad que posee atributos constitucionales específicos y prerrogativas basadas en su independencia de criterio y autonomía, por lo que no concierne al D.E.M. controlarla o verificar su funcionamiento. De hacerlo estaríamos violando flagrantemente el orden constitucional vigente.

3. Si bien no desconocemos el avance y el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales a nivel de las convenciones internacionales y la adopción que de las mismas ha hecho nuestra Constitución Nacional y 37 antes nuestra propia Constitución Provincial, no creo que de ello se desprenda el automático reconocimiento de determinadas situaciones no basadas en rigurosas constataciones históricas. Estoy diciendo que las normas internacionales no pueden ignorar que concierne a los estados nacionales y a sus organizaciones políticas (un municipio como es nuestro caso) determinar el alcance de los derechos que las mismas reconocen basado ello en los principios de reglamentación (Art. 14 Const. Nac.) y razonabilidad (Art. 28 Const. Nac.) y, sobre todo, en la realidad.

4. Es un hecho conocido que la H. Convención Constituyente de la Ciudad ha rechazado reconocer el carácter de pueblo originario a una comunidad autodenominada "Comunidad Paichil Antriao". Esta decisión fue tomada bajo las reglas del sistema democrático garantizándose la participación de todos los sectores potencialmente afectados o beneficiados con dicha declaración, arribándose a la convicción, basada en documentos históricos incontrovertibles, que dicha comunidad no posee tal carácter.

5. Esa decisión soberana de la Convención es digna de todo respeto y no puede achacársele por el solo hecho de haber reconocido la realidad, actitudes discriminatorias ni, mucho menos, haber quebrantado una Convención Internacional, cuando a lo largo del texto que va siendo aprobado se garantiza una carta constitucional que garantizará a todos los habitantes de la Ciudad, sin preguntarle sobre su origen étnico, racial, religioso o de otra índole, el pluralismo, la convivencia pacífica y la igualdad de oportunidades, estándares estos que sincronizan perfectamente con los que fijan los documentos internacionales y la constitución.

6. No es exacto, bajo esta perspectiva, que se desconozca la "presencia" mapuche en el ejido municipal de Villa La Angostura, ya que si se reconoce la diversidad también se está reconociendo el aporte invalorable de la cultura mapuche a nuestro acervo, pero ello no puede llevar de ninguna manera a reconocimientos que sobrepasen lo que la verdad histórica revela.

7. Por otro lado es claro que no corresponde a un Municipio declarar la "autonomía" de ningún colectivo ciudadano en tanto este tipo de reconocimientos equivale a estructurar unidades políticas similares al Estado, lo que exceden en largo las facultades de un Municipio.

8. Reconocemos como única autonomía admisible en términos políticos-territoriales a la que surge de los arts. 5, 123 y ctes. de la Constitución Nacional y Arts. 270 y ss de nuestra Constitución, las que consagran dicho atributo político sólo a las Provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los Municipios. Auto atribuirse autonomía o atribuirla desde el Estado a quienes el orden constitucional no habilita, sería lisa y llanamente cometer delito de sedición (Art. 22 Const. Nac.) y realizar actos contrarios al imperio de la Constitución Nacional (Art. 36).

9. Rechazamos la velada amenaza que trasunta su nota en cuanto afirma que: "...En consecuencia, de insistirse en esta conducta todo cuanto resulte de las deliberaciones de esa Convención será jurídicamente inválido pues está penetrado por la voluntad de discriminación racial . Esta Confederación adoptará en consecuencia todas las medidas legales y políticas a su alcance, en los ámbitos nacional e internacional, para que los derechos constitucionales sean respetados y se anule toda norma que los desconozca..." en tanto, como he afirmado ratifico a plena legalidad democrática y jurídica y la autonomía de la Convención para resolver sobre materias expresamente habilitadas por la norma que dispuso su convocatoria.

Salúdole atentamente.

Ricardo J. Alonso.

Intendente.

Municipalidad de Villa La Angostura.

III.

Los hechos así relatados muestran claramente los actos de discriminación racial realizados por las autoridades estatales de la ciudad de Villa La Angostura:

• Discriminación racial genérica por negación de las diferencias. Esta es la forma básica en que se manifiesta la discriminación racial por parte de los distintos estamentos estatales. El Decreto 1086/2005 lo señala así: "De esta manera se construyó una hegemonía basada en una visión parcial y falseada de nuestra nación: una nación blanca y europea, que intentó ocultar el genocidio inicial, la sujeción de los pueblos originarios, desconociendo también la historia de cada región y provincia. Sobre estos hechos históricos se construyeron las bases de la discriminación racial, social, eonómica y cultural de los pueblos indígenas en Argentina". El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, órgano de interpretación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, ha determinado reiteradamente "que el principio de no discriminación le exige (al Estado) tener en cuenta las características culturales de los grupos étnicos. El Comité insta encarecidamente al Estado Parte a que respete y proteja la existencia y la identidad cultural de todos los grupos étnicos que viven en su territorio". Observa también que "el objetivo del Estado Parte de forjar una nación en base al principio de la igualdad de todos se haya llevado a efecto en detrimento de la protección de la diversidad étnica y cultural. El Comité nota en particular la renuencia del Estado Parte a admitir la existencia de una población indígena en su territorio". Esta discriminación por negación es la que adopta la Municipalidad de Villa La Angostura como ideología oficial "no preguntarse" sobre el origen étnico, es decir, disolver las diferencias en la cultura "blanca" hegemónica, contrariamente a todas las recomendaciones generales y particulares del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que requiere del Estado informes detallados sobre la composición y la pertenencia étnica de la población. Esta ideología racista se expresa en el desconocimiento de la personalidad comunitaria, en la negativa a participación, el desconocimiento del principio de autoidentificación y la denegación de autonomía.

• Discriminación racial por desconocimiento de personalidad. Tal como dice el texto del Decreto 1086/2005, "uno de los mecanismos de discriminación que ejerce el Estado, tanto nacional como provinciales... es la negación del registro de las personerías". En este caso, la discriminación asume mayor gravedad por cuanto la Municipalidad de Villa La Angostura decide desconocer a la Comunidad pese a que ésta se halla inscripta como tal en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. La Comunidad Mapuche Lof Paichil Antreao tiene personalidad reconocida como preexistente por el órgano competente del Estado Nacional, esto es, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, mediante Resolución Nº 220/07. No obstante, tal como resulta de la carta del Intendente, "la H. Convención Constituyente de la Ciudad ha rechazado reconocer el carácter de pueblo originario a una comunidad autodenominada ‘Comunidad Paichil Antriao’... arribándose a la convicción, basada en documentos históricos incontrovertibles, de que dicha comunidad no posee tal carácter".

• Discriminación racial por ausencia de participación. La decisión adoptada dice fundarse en documentos históricos "incontrovertibles" que indicarían que la Comunidad Paichil Antreo no posee carácter preexistente. Dicha afirmación, además de ser falsa (pues la resolución se tomó sin mayor estudio de documentos y luego de un debate teñido de expresiones racistas), implica que se ha adoptado una decisión de exclusión sin dar ninguna oportunidad a la Comunidad de aportar su prueba ni de impugnar los llamados "documentos históricos incontrovertibles" que dice tener la Municipalidad pero que no exhibió en ningún momento. Ello resulta más grave aún cuando en el ámbito del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se ha realizado una investigación histórica, encomendada a profesionales antropólogos de la Universidad de Buenos Aires, que, aquí sí, arroja de modo "incontrovertible" la preexistencia de la Comunidad. También este tipo de discriminación ha sido considerado en el Decreto 1086/2005: "Si bien en la normativa está claramente especificada la obligación por parte del Estado de dar participación a los pueblos indígenas en la gestión de sus recursos naturales y en todos aquellos asuntos que les competen, ésta no siempre se aplica".

• Discriminación racial por desconocimiento del principio de autoidentificación. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha determinado que respecto a la manera en que los Estados definen la condición de miembro de un determinado grupo racial o étnico que "esa definición, si nada justifica lo contrario, se basará en la definición hecha por la persona interesada". En el mismo sentido el Artículo 1.2 del Convenio 169 de la O.I.T., redactado a propuesta de la delegación argentina, dice que: "La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio". De manera que la decisión acerca de la pertenencia indígena no cabe a las autoridades estatales, como creen los funcionarios de Villa La Angostura. Haberlo hecho, despojando a los miembros de la Comunidad de su propia condición indígena, es otro claro acto de discriminación.

• Discriminación racial por denegación de autonomía. La Recomendación XXIII del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial exhorta a los Estados a que "Garanticen que los miembros de las poblaciones indígenas gocen de derechos iguales con respecto a su participación efectiva en la vida pública y que no se adopte decisión alguna directamente relacionada con sus derechos e intereses sin su consentimiento informado". Más recientemente, refiriéndose a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Comité ha recomendado"que la Declaración sirva de guía para interpretar las obligaciones contraídas por el Estado parte en virtud del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales". En sus arts. 3 y 4, como fundamento del resto de su texto, la Declaración reconoce expresamente el derecho a la autonomía de los Pueblos Indígenas dentro de los Estados, lo que por otra parte resulta implícito tanto del reconocimiento constitucional de la "preexistencia" como del conjunto de las disposiciones del Convenio 169 de la O.I.T. que regulan como deberían ser las relaciones de los Pueblos Indígenas con los Estados en los que conviven. No obstante, como coronación de la ideología racista que anima la política oficial en Villa La Angostura, el Sr. Intendente dice descaradamente que "la única autonomía admisible en términos político-territoriales" es la que corresponde a los órganos estatales. Este es el párrafo en donde resalte con mayor claridad la decisión de desconocer las normas aplicables luego de subordinar la Constitución y los tratados internacionales a la insólita decisión municipal "de determinar el alcance de los derechos que las mismas reconocen".

IV.

Sería difícil hallar en la actualidad a un órgano del Estado argentino que exponga con mayor claridad la extendida ideología racista que habitualmente anima desde las sombras la mayor parte de las decisiones políticas, administrativas, legislativas y judiciales relacionadas con los Pueblos Indígenas.

Los hechos denunciados no sólo comprometen al Municipio involucrado sino al propio Estado Nacional, que resulta responsable del cumplimiento de los tratados internacionales en todas las jurisdicciones del país. Es por ello que nos dirigimos a ese Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, a fin de que adopte todas las medidas necesarias para hacer cesar la política discriminatoria de la Municipalidad de Villa La Angostura.

Saludamos a Ud. muy atentamente,

Elias Maripan

Fidel Colipan Juan Manuel Salgado

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