Pese a que el escrutinio definitivo confirmó anteayer el triunfo del oficialista Juan Manzur por una diferencia de 12 puntos sobre el opositor José Cano, el proceso electoral tucumano sigue abierto y ahora la batalla se libra en los tribunales.

Recién pasado mañana alumbraría el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo sobre el planteo realizado por el Acuerdo para el Bicentenario (APB) para que se declare la nulidad de los comicios por un supuesto fraude. Mientras se espera esa decisión, una cautelar dictada por el juez Salvador Ruiz, vocal de la Sala 1 de ese fuero, le impide a la Junta Electoral Provincial (JEP) proclamar a Manzur como gobernador electo de los comicios del 23 de agosto último. En este contexto, el Frente para la Victoria (FPV) inició una embestida legal, que apunta a acelerar los plazos procesales para destrabar la proclamación de su candidato.

Para definir los pasos por seguir, el oficialismo recurrió al asesoramiento de los constitucionalistas afines Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis. Ambos plantearon como alternativa que el FPV acuda directamente a la Corte Suprema de Justicia local, por la vía del per saltum, para que resuelva el planteo opositor.

Barcesat y Cholvis también aconsejaron que estudie la presentación de una denuncia penal en contra de Cano y de su compañero de fórmula, el intendente peronista de esta capital, Domingo Amaya, por considerar que al negarse a reconocer el triunfo de Manzur incurrieron en el delito de sedición.

Desde la sede del PJ local, los constitucionalistas cuestionaron duramente la postura asumida por la oposición y atacaron la sentencia dictada por el juez Ruiz.

"Esta medida transgrede los límites del discurso normativo y es autocontradictoria, ya que un juez no puede disponer simultáneamente proseguir con el recuento de votos y luego decir que no se pueden proclamar los candidatos que surgieron del conteo definitivo", consideró Barcesat. Además, sostuvo que "alzarse públicamente para impedir el obrar de una autoridad, que en este caso es la JEP, frenando el cumplimiento de sus funciones, configura, de acuerdo a nuestro Código Penal, una hipótesis de sedición". Y advirtió, en alusión a los opositores, que "aquellos que pese al resultado definitivo dado a conocer al cierre del escrutinio prosiguen manifestando que van a desconocer los guarismos y que seguirán en una acción judicial inoficiosa están cometiendo una conducta que lesiona la supremacía de la Constitución y que configura un obrar sedicioso".

Por otro lado, Barcesat minimizó la entrega de bolsones y otras formas de clientelismo que se vieron reflejadas crudamente durante los comicios tucumanos.

"En absoluto creo que el pueblo sea pasible de que su voluntad sea adquirida o comprada. La acción de solidaridad y asistencialismo en cualquier momento que se preste es bienvenida. No se puede combatir el hambre de otra manera que no sea resolver el hambre. No creo que esto signifique ninguna compra de voluntades, torcimiento de decisiones o cosa por el estilo. Es un acto de solidaridad asistencialista que no puede ser impugnado", sentenció.

A su turno, Cholvis opinó que la denuncia de la oposición intenta descalificar el voto de los tucumanos. "Se ha tratado de posicionar a Tucumán como objeto de compra y venta de voluntades. Esto remite a un principio de que el voto calificado es el que vale y no el del pueblo. Tienen una actitud aristocrática y elitista que pretende dar una minusvalía al voto popular, ése es realmente el fondo de la cuestión", sostuvo.

En tanto, el apoderado del FPV local, Marcelo Caponio, anunció que "el FPV va a intervenir en el proceso judicial porque, al haber terminado la JEP con el escrutinio definitivo, la situación excede lo político y requiere de un accionar". Al cierre de esta edición, los abogados del FPV definían la estrategia judicial. Caponio adelantó que "se podría pedir la revocación de la cautelar en el mismo fuero Contencioso Administrativo o por la vía del per saltum ante la Corte, y también se analizará accionar una demanda por sedición".

"La acusación de sedición por parte de los especialistas que han contratado es un verdadero disparate, propio de quien no tiene argumentos para rebatir lo que es un hecho evidente: el 23 de agosto hubo un fraude monumental organizado y avalado por el Estado", replicó el radical Cano..