El programa provincial para la protección de testigos que pueden aportar al esclarecimiento de causas penales “aberrantes o complejas” se puso en marcha una década después de haber sido creado, durante la primera gestión alperovichista (2003-2007). El Poder Ejecutivo publicó ayer en el Boletín Oficial el decreto que reglamenta un punto clave para la puesta en práctica de la norma: la creación de la unidad que organizará y administrará el plan de resguardo. 

El funcionamiento del programa es uno de los reclamos históricos de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, organización encabezada por Alberto Lebbos, el padre de Paulina Lebbos. En junio y tras mantener una reunión con Lebbos, el ministro de Justicia nacional, Germán Garavano, se había comprometido a gestionar la reglamentación. 

La Ley 7.860 había sido sancionada por la Legislatura en diciembre de 2006. El contexto de su tratamiento fue particular: bullía la interna entre el gobernador José Alperovich y el vicegobernador y presidente de la Cámara, Fernando Juri; y a principios de ese año había sido asesinada Paulina, cuyo crimen no fue aún resuelto. 

“Cambios” 

“Son reclamos de la sociedad que escuchamos. En este Gobierno, desde la asunción del gobernador Juan Manzur, cambiaron muchas cosas, se cumplió con un compromiso”, consideró el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Regino Amado. 

El Departamento de Protección de Testigos funcionará en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos, que depende del área de Amado.

Inscribió el asunto en la serie de “gestos” que -afirmó- Manzur tuvo desde que llegó a la Casa de Gobierno. “Tuvimos conversaciones con sectores de la producción, con el Colegio de Abogados y con los gremios, por ejemplo. Hubo gestos como el designar a personas que rindieron varias veces concursos para cargos judiciales, premiando la capacidad y la perseverancia. No tenemos condicionamientos de ningún tipo para avanzar en esta etapa de Gobierno”, afirmó el funcionario. 

Consignó que la determinación fue tomada por Manzur, aunque podría haber influido alguna eventual charla con Garavano. Aseguró, sin embargo, desconocer si el funcionario macrista pidió por la reglamentación.

“El gobernador escucha y analiza. Creyó que este era el momento para reglamentarlo y lo hizo. Confiamos en que podrá ponerse operativa pronto y que tendremos un mayor respeto por quienes hayan sufrido o presenciado un delito”, concluyó. 

La secretaria de Derechos Humanos, Erika Brunotto, explicó que desde el inicio de la gestión que vienen impulsando la reglamentación de una serie de leyes relevantes para la protección de los derechos humanos, entre las que se encuentra esta. 

Desarrollaron la tarea junto con la Secretaría General de la Gobernación y Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad. “Desde el lunes tenemos que comenzar a trabajar en las cuestiones administrativas, como el presupuesto y el personal. Además, con reuniones con el Poder Judicial”, adelantó. 

Avance 

Lebbos celebró la novedad, pero la tomó con cautela hasta que pudiera analizarla en detalle. “Es un avance para nuestra lucha, se dio por insistencia. Reclamamos la reglamentación durante todo el Gobierno anterior y no pasó nada. En buenahora que la ley no quede en letra muerta”, expresó conforme.

Recordó que cuando se comenzó a formar la Comisión, tras el asesinato se su hija, se dieron con que la mayoría de los casos que iban conociendo habían quedado impunes por el miedo de los testigos a declarar. “Queríamos participar de la reglamentación, aportar. Pero no nos dieron ni bolilla”, cuestionó. 

La organización reúne a familiares de 420 víctimas de crímenes que permanecen sin esclarecerse. “Ya no nos alcanza con dar una vuelta a la plaza Independencia para reclamar justicia por tantos casos”, graficó.

Reubicación y custodia

El decreto aclara que las causas penales “aberrantes o complejas” son aquellas de competencia provincial que “agreden la sensibilidad de las personas o que se dirigen contra bienes jurídicos preciados por la sociedad”. Quedan excluidos los casos federales (hay un programa nacional), salvo excepciones. El ingreso de un testigo, se advierte, debe ser solicitado por un fiscal o juez. Los casos serán analizados por el director del Programa-aún no hay candidatos- y su equipo. Las medidas pueden abarcar a la pareja del afectado y a sus familiares más cercanos. Entre las opciones para el resguardo detalladas se encuentran: custodia; patrullajes por la zona de residencia; monitoreo o botón antipánico; alojamiento temporario o cambios de domicilio; asistencia económica y atención psicológica. La confidencialidad es clave en todo el proceso.