El decreto fue firmado este viernes por el gobernador y los ministros del PE, y establece la emergencia en seguridad por un plazo de 12 meses, con posibilidad de extender esa fecha. El DNU será remitido a la Honorable Legislatura de Tucumán para que la Cámara analice el instrumento y lo ratifique en la sesión del jueves 22 de setiembre.

El DNU es una de las herramientas con las que el gobierno de Tucumán acompaña el plan de Narcotráfico Cero, lanzado hace pocos días por el presidente, Mauricio Macri. “Ante la sugerencia de los señores jueces y camaristas de la Justicia Federal y luego de haber participado del lanzamiento del plan ‘Narcotráfico Cero’ lanzado por el presidente, y en consonancia con todas las acciones que ejecuta el Gobierno nacional, he decidido impulsar este decreto para profundizar la lucha contra estos delitos”, explicó Manzur.

Con respecto al narcotráfico, Manzur fue contundente: “A todos los que trafican muerte, que daña familias y que lesionan a la sociedad le vamos a caer con todo el peso de la ley”, enfatizó.

En ese sentido, reflexionó: “Hoy tenemos muchos jóvenes que se están recuperando de adicciones en la provincia y por eso vamos a sumar esfuerzos junto al gobierno nacional para erradicar definitivamente este flagelo de toda la Argentina”.

“La provincia va a implementar todas las herramientas que tenga para la lucha frontal contra la el narcotráfico y la trata de personas”, aseveró Manzur.

“No nos va a temblar el pulso para hacer todo lo que tengamos que hacer para mostrar la decisión política clara, no solo del Gobierno, sino de todo el Estado en la lucha contra el narcotráfico y contra las drogas”, finalizó el mandatario provincial.

Las implicancias

La decisión del gobernador se conoce 24 horas después que el juez Federal de la provincia, Fernando Poviña (h), expresó en declaraciones realizadas a La Gaceta que era necesario dictar la emergencia en seguridad en Tucumán, para luchar contra el narcotráfico para que la provincia no se convierta en una nueva Rosaria. Ciudad en la que se registran innumerables hechos violentos como consecuencia de la comercialización de drogas.

En la misma publicación, el magistrado federal consideró cuáles serían las ventajas si es que se llega a declarar a la provincia en emergencia en la lucha contra el narcotráfico:

- Todas las fuerzas de seguridad que están dedicadas a la lucha contra las drogas actuarían de manera conjunta bajo el mando de una sola cabeza y no de manera independiente como ocurre actualmente. “Eso ayudaría que los resultados sean mucho más efectivos, ya que nos dimos cuenta de que varias veces se está investigando lo mismo; o bien que un procedimiento que realice una fuerza puede arruinar trabajo de meses de otra”, explicó.

- Las fuerzas tendrían mayores recursos humanos y tecnológicos, que son fundamentales en el combate contra las organizaciones que se dedican al tráfico y a la venta de estupefacientes.

- Se podrían crear fiscalías o juzgados dedicados a cuestiones penales únicamente y no multifuero como sucede actualmente. “En Rosario ocurría algo similar y se decidió que dos juzgados sean penales únicamente, lo que permitió que se trabaje con mayor celeridad en este tipo de delitos”, sentenció Poviña.

- Definir que las causas que involucran a grandes organizaciones sean investigadas por la Justicia federal, y que los casos de narcomenudeo queden en manos de la Justicia ordinaria. En Tucumán, la Ley fue sancionada y promulgada por el Poder Ejecutivo, pero por un planteo realizado por el ministro fiscal Edmundo Jiménez, la Corte Suprema decidió suspender su aplicación. “Para que ello se cumpla hay que ser muy claro en los límites para que no se pierda el tiempo de investigación en temas de competencia. Además -agregó- sería fundamental la creación de más fiscalías y también que se le asignen mayores recursos en el fuero local”.

- Con la declaración de la emergencia la provincia podría aspirar a que se concrete un viejo anhelo: la construcción de un penal federal para albergar a los procesados por narcotráfico o comercialización de drogas. “La crisis carcelaria es grave. En esta provincia ubicar a un detenido es problemático. También se está dando a nivel regional. Jujuy, Salta y Santiago del Estero, que tienen sus unidades, tampoco tienen cupos para alojar personas. De La Pampa hacia el sur, sí cuentan con espacio, pero es imposible enviarlos allí”, concluyó.