Las máximas autoridades de los tres Poderes del Estado se reunieron ayer en la Casa de Gobierno. Con la mirada en 2018, los asuntos en la agenda tuvieron como eje los recursos: tanto el dinero como el humano.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Daniel Posse, y el vocal y titular del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), Antonio Estofán, plantearon una serie de preocupaciones al gobernador, Juan Manzur, y al vicegobernador y presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo.

El primer asunto fue el presupuesto para el funcionamiento del Poder Judicial durante el año próximo. “Aparentemente nos darán el dinero que pedimos, pero existe una demora en la remisión”, confió Posse en diálogo con LA GACETA tras el encuentro.

En cuanto a los puestos vacantes, por un lado, hay nueve ternas de la Justicia ordinaria que esperan la selección de Manzur y el posterior tratamiento en el recinto de la Cámara, pasos previos a los nombramientos. Por el otro, los despachos de 17 de los 72 Juzgados de Paz -uno de cada cuatro- permanecen vacíos y se sumarán siete más próximamente porque sus jueces se jubilarán.

“Todos (los cargos) son importantes para nuestro buen funcionamiento”, remarcó el titular de la Corte. Reconoció que la situación de la Justicia de Paz es “muy complicada”.

En este contexto, Posse consignó que también abordaron la situación de la Ley de Subrogancias (aprobada en abril y publicada en el Boletín Oficial en mayo), que aún no se aplica. “Hay diferencias en cuanto a la reglamentación: algunos creen que puede ponerse en marcha la selección de jueces transitorios o sustitutos sin necesidad de mayores adaptaciones y otros entienden que hace falta reglamentarla”, explicó.

Aseguró que Manzur y Jaldo se comprometieron a que habrá novedades en febrero y que, si esto no ocurre, la Corte Suprema insistirá con las coberturas.

En Lules

Manzur y Jaldo visitaron ayer el sitio donde comenzaron los trabajos de repavimentación de un tramo de siete kilómetros de la ruta provincial 301 (entre la rotonda del acceso a la ciudad Lules y el acceso a la localidad de San Pablo).

Manzur reconoció que los pedidos de Posse y de Estofán son lógicos y razonables. “Analizamos el presupuesto, que es muy austero para todos los poderes del Estado. Pero el tema central fue el de las vacantes. Vamos a analizar las ternas en estos días. El presidente (por Posse) también pidió analizar rápidamente lo que tiene que ver con los Juzgados de Paz. Obviamente tiene razón, hay una demora. Las vamos a cubrir durante los primeros meses del año. Es un compromiso que asumo”, afirmó.

Jaldo explicó que pondrán a disposición los medios necesarios para descentralizar el servicio de justicia y brindar mejores posibilidades a los vecinos del interior.

La promesa de saldar la deuda con la Justicia de Paz data del Gobierno anterior, de José Alperovich (2003-2015). Sucede que desde 2013 que no se cubre una vacante y la mora perdura en esta gestión.

Permanecen sin titular las oficinas de Lules, Colalao del Valle, Río Colorado, El Bracho, Raco, Teniente Berdina, Monteros, Tafí del Valle, Villa Clodomiro Hileret, Villa Padre Monti, Río Seco, Las Talitas, Tacanas, Leales, Simoca, Santa Cruz y Ranchillos. Podrían sumarse próximamente las de Banda del Río Salí; San José de Chasquivil; Estación Aráoz; Domingo Millán; Alderetes y Alto de Anfama.

Las oficinas no permanecen cerradas sino que algunos jueces cubren hasta tres jurisdicciones, con las demoras que ello implica para los trámites.

El procedimiento para la selección de la jueces de Paz es mucho más sencillo que el de los ordinarios. El Ejecutivo cubre las plazas disponibles de manera discrecional, con el acuerdo de la Corte.

Las dependencias, que prestan servicios notariales, están a cargo en su mayoría de legos, pese a que en 2004 la Legislatura estableció que esa tarea debía ser prestada por letrados. El cambio comenzó este año, cuando en noviembre se inauguró un Juzgado encabezado por una abogada en Trancas.