Manuel Garrido: "En la Argentina tenemos 100% de tolerancia a la corrupción"

En una entrevista con El Cronista Weekend, el ex fiscal Manuel Garrido dice que el Gobierno debilitó los organismos de control que ayudarían, por ejemplo, a disipar las dudas sobre el patrimonio de los Kirchner. También impulsa un sistema de testigos protegidos para denunciar hechos de corrupción.
Manuel Garrido, el fiscal que tuvo en jaque al Gobierno con sus investigaciones desde la Oficina Anticorrupción (OA) primero y desde la Fiscalía de Investigaciones Administrativas después, sigue buscando justicia. Este abogado y docente de 44 años dice que le gustaría volver a la función pública pero que no se candidatea a ningún cargo, tras renunciar en marzo pasado a la Fiscalía debido a un recorte de poder que le hizo la Procuración General de la Nación, limitando su margen de acción para investigar casos que estaban resultando incómodos para el Gobierno. Garrido impulsó la investigación de sesenta causas a funcionarios, empresarios "amigos" y al propio matrimonio K. Entre ellas se cuentan los vuelos que hizo el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime en aviones presuntamente solventados por empresas privadas, la causa de la bolsa con dinero en el despacho de la ex ministra de Economía Felisa Miceli y el también presunto enriquecimiento ilícito de los Kirchner.

Ahora es responsable del programa de Transparencia y justicia del CIPPEC, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Dice que no ha superado del todo la desazón que le produjo renunciar, y que está más que dispuesto a empezar de nuevo.

z ¿Hay algún organismo de control que esté trabajando bien?

- (Ríe) ¿En este momento? La Auditoría General de la Nación viene trabajando bien y hay iniciativas valiosas que provienen del nivel de la línea (funcionarios de carrera) en la Oficina Anticorrupción, más allá de quienes estén gestionando estos órganos. Pero es evidente que todos los órganos de control están en crisis y además son insuficientes, porque faltan los correspondientes entes provinciales. El panorama es problemático, tanto a nivel federal como en las provincias.

z ¿Qué hace falta para que mejoren?

- Decisión política de crear los órganos y también de darles la independencia, las atribuciones y recursos suficientes para que eso funcione. Hay cierta presión internacional para que esto suceda.

z ¿De quiénes?

- La Argentina está inserta en el mundo y en la Convención Interamericana contra la corrupción como la de la ONU que establece la obligación de crear organismos tantos de persecución como de prevención de la corrupción y obliga a que esos órganos sean independientes. Hay recomendaciones que se emiten en el comité de expertos de la OEA. La Argentina es miembro de la convención contra el soborno de la OCDE, donde hubo observaciones y recomendaciones sobre cosas que se estaban haciendo mal.

z ¿Alguna se cumplió?

- No, pero la presión que pueden hacer los organismos internacionales es relativa. Incluso, las recomendaciones de aquellos organismos que pueden sancionar al país, como la OCDE, no fueron adoptadas.

z ¿Qué recomendaban?

- Fortalecer organismos de control, poder acceder a información impositiva en las investigaciones o promover la protección de denunciantes y testigos de buena fe en casos de corrupción. La Argentina no adoptó ninguna.

z ¿A qué caso de los que inició le da más posibilidades de tener juicio y condena?

- No puedo hacer un pronóstico, puedo decirle que la mayoría tiene suficientes elementos de prueba como para llegar a un juicio, pero los resultados hasta ahora han sido decepcionantes.

Yendo hacia atrás, hay casos muy fuertes de hace 9 años que están llegando a juicio recién ahora, como el caso de sobreprecios en la campaña del Y2K (equipamiento informático para el año 2000) de Claudia Bello, el del helicóptero comprado por Carlos Menem, y hay otros casos perdidos en la maraña burocrática judicial como los casos contra Víctor Alderete y María Julia Alsogaray, o el de presunto enriquecimiento ilícito de Raúl Granillo Ocampo, todos trabados en trámites previos. Es inexplicable que tampoco haya llegado a juicio el caso de la coima del Senado, que tiene mucha prueba y no hay un veredicto que lo defina.

z ¿Cómo evalúa el trabajo del Consejo de la Magistratura?

- El Consejo de la Magistratura estuvo inspirado en buenas intenciones después de la mala experiencia de los ‘90, pero es necesario hacer evaluación objetiva para mejorarlo. Hay que bajar la burocratización y mejorar el equilibrio de fuerzas que lo gobiernan porque no puede funcionar si un sector prevalece sobre otro. También tiene un rol de política institucional y capacitación de los jueces, y en esto tiene saldo negativo. Los jueces que se forman lo hacen a costa de su propio esfuerzo.

z ¿Está siendo eficiente la Corte Suprema?

- Mejoró mucho a partir de 2003 con la nueva composición y las medidas que tomaron para mejorar su funcionamiento y reducir la carga de trabajo. Pero sigue estando abarrotada de casos y hay un problema porque se queda sin espacio para cumplir con su rol institucional de fijar las grandes pautas de la vida constitucional. Creo que los jueces de la Corte lo tienen presente y es algo que muchos órganos de la sociedad civil marcan.

z ¿Qué opinión tiene del trabajo de Ricardo Lorenzetti en la presidencia de la Corte?

- Creo que ha avanzado en la transparencia del tribunal, asumió un liderazgo en la institución judicial y se preocupa por los objetivos de la gestión, lo que resulta sumamente elogioso.

z ¿Se mediatizó el Derecho?

- Quién está bajo proceso hoy debe tener además una estrategia para presentarse a los medios, no se si está bien o mal, es así. Es inevitable que esto pase porque hay interés público en los casos, y quizás esté incentivado por las nuevas tecnologías. Pero eso no debería ser un elemento de distracción para los jueces, que deben estar entrenados para superar presiones, provengan de donde provengan. Además, no es adecuado a los tiempos que corren que los jueces sólo hablen a través de sus sentencias. El lenguaje de los jueces tiene que simplificarse y deben salir a explicar sus decisiones, antes de que lo hagan las partes, que tienen intereses creados.

z Según una encuesta de Gallup, el 81% de los argentinos no cree en la transparencia de la Justicia. ¿Es posible cambiar eso?

- La Argentina tiene un problema serio con la corrupción y esto no se va a revertir hasta que haya políticas serias y sosteni das. No se cambia rápidamente. La percepción de corrupción abarca a todas las instituciones.

z ¿Funciona un sistema de tolerancia cero en la administración de Justicia?

- En la Argentina tenemos tolerancia 100% a la corrupción. Y en los últimos años hemos retrocedido, a diferencia de países vecinos que han avanzado con iniciativas sostenidas y serias, como Chile. Y ellos no inventaron nada, sólo aplican normas que nuestro país ratificó pero no implementa, como la Comisión Nacional de Etica Pública.

z ¿Qué cambiaría si estuviera en funcionamiento?

- Habría más controles sobre la existencia de conflictos de interés de los funcionarios públicos, sobre su evolución patrimonial, habría más ojos sobre su desempeño y sus declaraciones juradas, vigilando los conflictos de intereses, los regalos recibidos, todo.

z ¿Podrán esclarecerse las denuncias de supuesto enriquecimiento ilícito de los Kirchner?

- Hay que unificar los criterios de evaluación de aumento de enriquecimiento y analizar las operaciones que lo justifican. Hay que hacer una investigación con un dictamen de expertos, y hasta ahora nadie lo hizo. Lo demás son especulaciones poco serias.

z ¿Es posible conseguir ese dictamen?

- Hay una investigación abierta, el problema es que si se debilitan los órganos de control, la palabra de esos organismos no es confiable. La actitud de la Presidenta, que no da explicaciones públicas adecuadas, mantiene en pie las dudas.

z ¿En la gestión de los Kirchner aumentó el deterioro que menciona?

- Hubo avances en los primer

os tiempos de Kirchner con las modificaciones de la Corte y la creación de la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia a cargo de Marta Oyhanarte. Después de eso hubo un estancamiento y un deterioro del funcionamiento de la OA y lo que pasó con la Fiscalía. A partir de ahí no se avanzó. Se retrocedió.

z ¿Habla con gente del Gobierno?

- Extraoficialmente, sí. Y me dicen que las expectativas de mejora en materia de política de transparencia son escasas.

z ¿Cuáles son los buenos ejemplos de transparencia de gestión de gobierno?

- Hay experiencias muy buenas, Morón tiene el trabajo de Sabbatella, está Binner en Santa Fe que viene trabajando bien...Y no hay más.

z ¿Es útil la protección de testigos en casos de corrupción?

- No existen esas figuras en el país y hay un vacío porque no tienen ninguna protección -son los testigos que no están involucrados, los whistle blowers en los EE.UU.- que son quienes alertan sobre hechos de corrupción, tanto en la actividad pública como privada. Protección no significa tener un custodio las 24 horas, sino el amparo ante eventuales represalias.

z ¿Cuál es la reforma judicial más urgente?

- El rediseño de los organismos de control para favorecer el intercambio de información entre organismos del Estado, que ahora está trabado.

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