En política, como en casi todas las cosas, jugar a dos bandas es peligroso. Decir una cosa y hacer otra no es aconsejable. Muchas veces, ese doble juego se asemeja al rol del verdugo.

“A los verdugos se los reconoce siempre. Tienen cara de miedo”, afirmó el filósofo francés Jean-Paul Sartre.

La problemática de los manteros no tiene una lectura lineal, todo lo contrario. El debate que se generó a partir del desalojo de los puesteros de Once quedó a mitad de camino. El término “mafias” se utilizó a boca de jarro sin agregar nada más que la acusación rimbombante.

Sin embargo, Noticias Urbanas accedió a la causa judicial que se conoció a fines de diciembre de 2016 en donde queda demostrada la participación de las máximas autoridades de la Comisaría 7ª en el pedido de coimas a los manteros para dejarlos trabajar en la calle. Pero eso no es todo. El entramado de corrupción no termina en la policía. El legislador Gustavo Vera le contó a NU el involucramiento de la Justicia y de la política en esa red de corrupción (ver recuadro).

El 23 de diciembre se dio a conocer el procesamiento dictado por el juez de Instrucción porteño, Hernán López, que involucró al comisario Luis Alberto Poggi (el único que terminó sobreseído), al comisario Claudio Oscar Lucioni, al comisario Elio Rodolfo Tobares, al comisario Osvaldo Tapia (que también pasó por la Comisaría 38ª de Flores) y al comisario Pablo Aksiuk. Todos ellos, relacionados con la comisaría de Once que tiene jurisdicción sobre la plaza Miserere y la terminal ferroviaria, la zona en donde trabajaban los manteros.

En la causa judicial se los imputó de los siguientes delitos: “Haber recibido, en su calidad de miembros de la Policía Federal Argentina –más precisamente en el momento en que cumplieron funciones en la Seccional 7ª–, indebidamente sumas dinerarias de parte de distintos comerciantes de la jurisdicción de aquella Comisaría de la Policía Federal Argentina”.

Para la Justicia, estos delitos comenzaron a ocurrir, por los menos, desde “el 2008 hasta el 2012, inclusive”.

Según la resolución del juez, “esas dádivas eran cobradas por Pablo Aksiuk y/o personal de la Brigada de Prevención de la Comisaría 7ª de la Policía Federal Argentina de parte de los comerciantes, en contra de su real voluntad y a cambio de más seguridad en la zona; permitir el libre comercio y el permiso para el ingreso de mercadería ilegítima (vgr. ropa de marca falsificada, perfumes importados carentes de documentación respaldatoria, etc.) que luego era ofrecida a la venta”.

Para el magistrado quedó claro que los comerciantes y los manteros debían sobornar a la policía para poder trabajar.

En el caso de los manteros, la resolución agrega más detalles. “Los vendedores ambulantes de la jurisdicción también entregaron dádivas a personal de la Brigada de la Comisaría 7ª de la PFA, a cambio de permiso para vender sus productos en la avenida Pueyrredón, entre las calles Valentín Gómez y Bartolomé Mitre de esta ciudad, así como los que venden productos comestibles en las inmediaciones de la estación de ferrocarriles ‘Once de Septiembre’, y los que lo hacen los días de fin de semana”, se lee en el escrito.

Como si todo esto fuera poco, a los acusados, salvo a Aksiuk, se los imputó por enriquecimiento ilícito y por pedir coimas a “arbolitos” y a comercios de venta de celulares.

“Los denominados ‘arbolitos’ abonaron sumas dinerarias a los uniformados a cambio de permiso para ejercer la actividad de cambio de moneda en la vía pública. En concreto, serían aquellos que se hallan generalmente en el local gastronómico ‘El Clavel’, ubicado en la avenida Corrientes, en su cruce con la calle Pasteur de esta ciudad. Por último, también algunos comercios de venta de celulares entregaron dinero a cambio de que los miembros de la PFA se abstengan de detener a autores de sustracciones de aparatos de telefonía celular que lo hicieren en connivencia con ellos, y consecuente permiso para venderlos”, se asegura en la resolución judicial.

Según la Justicia, la causa se inicia a través de un testigo de identidad reservada, pero la comprobación de los delitos cometidos es apabullante.

El denunciante apunta con hechos contra el comisario inspector Luis Alberto Poggi, el subcomisario Claudio Lucione, el subcomisario Osvaldo Tapia, el subcomisario Elio Rodolfo Tobares, el subinspector Claudio Aksiuk, el suboficial mayor Rubén Antonio Russo, el cabo Héctor Elías Cardozo y el cabo Jorge Omar Fermini. Más tarde se suman a la acusación “un tal sargento primero Velázquez o Vázquez y el sargento primero Oliva”.

El relato de los hechos que cuenta es sorprende. La precisión de los datos demuestra que el denunciante es policía.

“En el año 2010 yo llego de pase a la Comisaría 7ª de la policía, en ese momento Lucione estaba cumpliendo funciones en la seccional como tercer jefe (…) él como jefe operativo tenía a su cargo la brigada de la comisaría”, arranca el relato.

Después explica cómo llegaba la mercadería a Once y cómo era comercializada gracias a las coimas policiales.

“Todo empieza con las recorridas nuestras, cada vez que íbamos a un desplazamiento de Comando Radioeléctrico por algún llamado de un vecino por un conteiner o camión que impedía el libre tránsito vehicular, o también las veces que nosotros veíamos la presencia de ese conteiner o camión, se le pedía al comerciante la documentación de la mercadería, y al notar que se trataba de mercadería que venía del puerto se le pedía los despacho de aduana (…) al verificar esos despachos aduaneros comprobábamos que no correspondía su detalle con la mercadería que realmente arribaba en conteiner, le referíamos a los comerciantes que por eso debíamos labrar la correspondiente acta (…) a los pocos minutos de ello el dueño del comercio nos decía que ya había hablado con la brigada e inmediatamente después recibíamos un llamado de parte del jefe de la brigada o directamente se presentaba algún miembro de la misma y nos decía que nos retiráramos, que ellos se encargarían del procedimiento”, explicó el policía.