Mansilla dijo que desde la Justicia se traba al PE

“Seguramente, tendremos una ley de subrogancias o un Consejo Asesor de la Magistratura cuando (Rodolfo) Novillo o alguien del Colegio de Abogados sea legislador”, dijo ayer el presidente subrogante de la Legislatura, en ejercicio del Poder Ejecutivo, Sergio Mansilla.
De ese modo aludió, con ironía, al fallo del magistrado, que ordenó la suspensión de la Ley 8.136, que autoriza a los poderes políticos a que designaran directamente jueces interinos. El parlamentario cuestionó políticamente la sentencia y señaló que se esperará un dictamen técnico de la Fiscalía de Estado para determinar los próximos pasos del PE.

“Nada me sorprende”, apuntó Mansilla respecto de la resolución judicial. “Es un inconveniente más, pero vamos a seguir actuando conforme a derecho para que uno de los poderes tenga las garantías y herramientas para dictar fallos”, indicó. Añadió, sin dar nombres, que hay personas que no entienden el conflicto que se está produciendo en el servicio de Justicia. “Desde la reforma constitucional dimos los instrumentos para que la Justicia desarrolle sus funciones. Pero sistemáticamente nos condicionan, incluso a esta ley de subrogancias, que era algo provisorio. Hoy volvemos a cero”, se quejó.

“No quiero hablar de eso”, contestó cuando se le preguntó si la falta de administración de justicia podía ser causal de intervención. “Nosotros damos las herramientas y las voltean sistemáticamente, pero en algún momento se van a tener que tomar determinaciones”, advirtió. Insistió en que la Justicia está en emergencia y que en marzo las vacantes llegarán a 41. “Sin embargo, para un grupo de la Justicia no es así, pero veremos qué solución dan ellos”, añadió.

El secretario de Gobierno, Marcelo Caponio, por su parte, explicó que ayer a la mañana había abogados que esperaban su turno para inscribirse. Incluso calculó que, en total, iba a haber más de 400 postulantes a jueces interinos.

El funcionario resaltó que hoy las vacantes llegan al 30% del total de jueces. “Hay jubilaciones en curso. O sea que el principal efecto es la falta de administración de justicia”, afirmó.

“Se está analizando recurrir la medida cautelar, planteando un recurso de revocatoria o ir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En caso de que quede firme la resolución, la forma de subsanar sería una nueva reforma de la Constitución provincial”, dijo.

En el Ejecutivo estudian dos variantes procesales. La primera es plantear un recurso de revocatoria contra la decisión de Novillo. Esto obligaría a que la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo en pleno (también la integra Carlos Giovanniello) se expidiera y contra una resolución adversa les quedaría deducir una casación ante la Corte Suprema de Justicia. También hay quienes piensan que, basándose en el artículo 107 del Código Procesal Constitucional, es posible interponer directamente un “per saltum” ante la Corte Suprema dado que hay un interés constitucional o una gravedad institucional que así lo exige.

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