Se entiende que el objetivo del presidente Mauricio Macri es tener el control de la Procuraduría y que la misma juegue para su política. Es más, el Jefe de Estado tiene antecedentes por actuar de la misma manera en la Ciudad de Buenos Aires, cuando gobernó el territorio porteño. Sus fiscales generales fueron Germán Garavano, actual ministro de Justicia de la Nación, y Martín Ocampo, el ahora ministro de Seguridad porteño.  

Sin embargo, a pesar de que quiera boicotear la Constitución mediante la promoción de un posible decreto para separar a Gils Carbó de su puesto, no va a poder conseguir su cometido. El cargo del jefe de todos los fiscales es autónomo de cualquier poder del Estado y para accionar contra el mismo, tal cual dijo la Procuradora, hay que ir vía juicio político.

“Con repetir una cosa suficientes veces, ellos (el Gobierno) lo transforman en verdad automáticamente. No hay ninguna duda de que el modo legítimo de remover a Gils Carbó es a través de dos tercios del Senado, luego de una acusación de la Cámara de Diputados para que llegue al juicio político”, le aclaró a NOVA Guillermo Nicora, integrante de la junta directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).

Con esta guerra, la transparencia de la Justicia está en juego, aunque ya sea bastante oscura en la actualidad y hasta ennegrecida por el mismo Gobierno nacional. No nos olvidemos que con la Corte Suprema de Justicia, a la que Macri hace referencia todo el tiempo diciendo que es “independiente”, está manoseada por las mismas manos del Ejecutivo. Dos integrantes del máximo tribunal, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, fueron elegidos por el mandatario. ¿Son necesarias más pruebas para entender que las fichas son movidas por el macrismo?

Un corrupto en el Congreso, elegido por los argentinos y legislando para el pueblo

Se acercan las elecciones legislativas y casos como el del ex ministro de Planificación y actual diputado nacional, Julio De Vido, dan terror al momento de pensar a quién votar este año. Desde el 2015 cuenta con una banca en el Congreso, luego de ocupar tres cargos en el gobierno kirchnerista (además de Planificación, ministro de Gobierno de Santa Cruz y de Economía y Obras Públicas en dicha provincia).

Ahora se lo quiere destituir de su cargo como legislador, en pleno año electoral, cuando muchos aprovechan toda oportunidad para sumar votantes. La batalla que se desató en el Congreso entre el oficialismo y la oposición dejan un gusto amargo. ¿Creen que el electorado es bobo (para no decir otra palabra)?

En 2015, Macri se subió a la campaña contra los fueros de Mariana Zuvic, entonces precandidata al Parlasur de Cambiemos, en plena campaña presidencial y no cumplió. Va año y medio de gestión y recién, a semanas de las PASO, quiere discutirlo en Diputados.

Desde el oficialismo habían presentado tres proyectos, pero el mandatario no hizo mucho para que los mismos avancen. Y ni hablar de la oposición. Hoy los diputados Sergio Massa y Margarita Stolbizer están haciendo propaganda con la quita de los fueros. “Es uno más de los intentos de Massa de meter la campaña adentro del Congreso”, opinó el titular del bloque de diputados nacionales del PRO, Nicolás Massot, en diálogo con NOVA, quien días atrás optó por el mismo camino de los candidatos de 1País.

Volver a disfrutar del fútbol, una deuda pendiente

La ciudad de Buenos Aires tiene desde el jueves de la semana pasada lo que se conoce como Régimen Integral para Eventos Futbolísticos, una ley de Seguridad para el deporte que demanda más presencia activa del Estado y previene cualquier incidente con los espectadores.

Recién este año se empezó a accionar a nivel nacional y de manera activa en distintas políticas para cuidar a los fanáticos de este deporte, desprotegidos por la violencia y la impunidad de barrasbravas, trapitos y la reventa de entradas ilegal, un negocio en el cual están metidos hasta los directivos de los clubes.

Con esta iniciativa, todo estará a cargo de un Comité de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad, que deberá controla el funcionamiento de los 18 estadios que se encuentran en la Ciudad. Además, podrá recomendar la clausura preventiva, total o parcial, de los campos de juego afectados a la normativa, entre otros puntos.

“Buscamos que en todas estas políticas de seguridad se construyera una política de seguridad democrática y seria, que no fuera la policía la que maneje el control de la calle y de los estadios, y además la Ciudad no tiene una ley propia porque hasta ahora no tenía policía propia y la ley era necesaria”, le aseguró a NOVA Gabriel Fuks, uno de los impulsores de la ley. Por proyectos como este, brindamos por el regreso de un fútbol seguro.