La mano dura de los Kirchner y un futuro conflictivo en el Congreso

Por: Eduardo van der Kooy

Parece cierto, nomás, que Néstor y Cristina Kirchner conforman una pareja política de dos cuerpos, pero con una sola cabeza. Por esa cabeza nunca circuló otra idea, desde el fin de semana hasta ayer, que el veto a la ley que eximía del pago de retenciones a productores de 37 municipios de Buenos Aires. La norma había sido sancionada el jueves anterior por el Senado y dos semanas antes por Diputados. Estaba en el marco de la Emergencia Agropecuaria y había resultado aprobada, en ambas Cámaras, por unanimidad.

Resulta vano discutir si la totalidad de los legisladores oficialistas que votaron no sabían lo que estaban votando o, en verdad, estaban intentando abrir alguna hendija para aflojar el interminable conflicto con el campo. Cuesta creer en la existencia de tantos kirchneristas desprevenidos. Se trata de una norma que atravesó arduas negociaciones en las comisiones, en especial con el radicalismo, antes de aterrizar en los recintos de Diputados y el Senado.

No resultaría inútil, en cambio, intentar desmenuzar el sentido de la mano dura del matrimonio presidencial. Asomaría uno indisimulado: los Kirchner podrían estar anticipando parte de su futura estrategia, cuando a partir de diciembre resignen, al menos en la formalidad, las mayorías en Diputados y el Senado.

Aquel anticipo no estaría sembrando ni una semilla de futura tranquilidad. ¿Podrán los Kirchner vetar cada una de las leyes que imponga la oposición y que disgusten al Gobierno? Si la pista fuera la decisión de ayer, la respuesta sería afirmativa. Aquella eximición de retenciones por sólo 180 días había tenido el aval del propio oficialismo.

Evidentemente en el oficialismo había gente confundida. No fueron pocos los que después de la derrota interpretaron que Kirchner y Cristina querían establecer algún puente con los dirigentes del campo para morigerar el conflicto.

Esa impresión se había llevado de Olivos, la semana pasada, el senador pampeano Rubén Marín luego de dialogar con el ex presidente. El jefe del bloque de diputados oficiales, Agustín Rossi, también estaba sondeando a legisladores afines con los reclamos del agro. Existió además una comunicación telefónica entre Aníbal Fernández y el titular de CRA, Mario Llambías. Ambos habían referido a la posibilidad de un encuentro. El jefe de Gabinete fue el primero en desandar ese camino cuando, después de escuchar los bramidos de Kirchner, comunicó el veto a la polémica ley.

Aquel clima precariamente fabricado antes de que irrumpieran los Kirchner en escena podría explicar varias cosas. Los contactos de Llambías con Hugo Biolcati, de la Sociedad Rural, para afinar algún temario con el cual volver a encontrarse con hombres del Gobierno. La declaración del titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, instando a una tregua de las partes. "Tregua, es decir cese de hostilidades y conversación", aclaró el ruralista de Santa Fe. El mismo embistió contra Alfredo De Angeli cuando el entrerriano fogoneó la semana pasada los incidentes frente al Senado, mientras se votaba la prórroga de las facultades delegadas.

Todo resultaba frágil y a la vista estaba. El Gobierno resolvió vetar la ley apelando a ciertos fundamentos desopilantes. El decreto respectivo, difundido ayer, atribuyó a esa norma un error cometido por algunos, según diversas fuentes. Un lenguaje adecuado, tal vez, para una etérea crónica periodística y no para un decreto del Poder Ejecutivo. Aquella argumentación podría ser utilizada, sin exagerar, para un pedido de enjuiciamiento contra los legisladores que la aprobaron.

La dureza de los Kirchner volvió a encoger los márgenes de la dirigencia del agro. La Mesa de Enlace lanzó un paro en la comercialización de granos a partir de pasado mañana y por una semana. Además, una marcha de protesta para el 8 de septiembre. No se prevén cortes de ruta, aunque los ruralistas marcan el disconformismo y la sorpresa en los 37 municipios bonaerenses afectados y la nueva crispación en las provincias más combativas: Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

¿Tenían los Kirchner objeciones verdaderas para hacerle a aquella ley aprobada y ayer vetada? Las tenían. La eximición de retenciones por 180 días a municipios bonaerenses podía desatar el mismo reclamo de otras provincias afectadas, entre varios motivos, por la sequía. O podía convertir a esos mismos municipios en playa de infinidad de operaciones de exportación. Pero cualquier canal de diálogo sensato, en las actuales circunstancias, hubiera logrado quizás encarrilar la situación. La posibilidad de negociación entre el Gobierno y el campo está ahora más lejos que cuando se realizó aquel encuentro inservible tras la derrota electoral.

En realidad, la alternativa del diálogo asemeja siempre una herramienta engañosa en poder de los Kirchner. Vale recordar algo: la última reunión fue precedida por un anuncio unilateral de Cristina de beneficios a la industria lechera. Un anuncio armado por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, para dividir el frente de los productores lácteos.

La misma suerte corrió el diálogo político. La agenda de Florencio Randazzo, el ministro del Interior, se agotó y no pudo aflorar un solo acuerdo concreto con la oposición. El radicalismo ya anunció su voluntad de no seguir ese diálogo.

Los Kirchner quieren aprovechar los 90 días de mayoría parlamentaria que les restan para avanzar todo lo que puedan. Incluso con el desmentido aumento a las retenciones de la soja que les permitiría recaudar otros $ 1.000 millones para una caja que flaquea.

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