“La mano dura agrava la violencia y no resuelve problemas”

Ante los proyectos para bajar la edad de imputabilidad de los menores, el Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes expuso un comunicado planteando su oposición. “Se está usando a los pibes y pibas de chivo expiatorio, tratando de ganar votos”, criticaron.
El Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes planteó sus críticas y oposición a los proyectos que buscan bajar la edad de imputabilidad de los menores, en el marco de una rueda de prensa realizada esta mañana en la Dirección de Políticas Sociales.

Conformado por instancias gubernamentales (niñez, educación, salud, género), organizaciones de la sociedad civil, representantes de los consejos profesionales y de organismos de derechos humanos, siendo una instancia promovida por la ley Provincial de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, sus integrantes decidieron hacer pública su postura. "En la última reunión, a raíz de los planteos que surgieron en los medios por algunas plataformas políticas sobre la baja de la edad de imputabilidad, se decidió esta conferencia de prensa como una de las medidas para llevar a la comunidad de Luján a reflexionar sobre este tema", explicó Marisa Natalini, directora de Abordajes Integrales de las Unidades Domésticas del Municipio de Luján.

Además, estuvieron presentes Laura Massa, directora de Atención Primaria; Gloria Piazza y Segundo Silva, del equipo coordinador del Centro de Referencia para Niños y Adolescentes Nazaret; Sofía Villafáñez, como parte del equipo del proyecto de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle; Florencia Larravide, operadora de calle de la Dirección de Niñez; Veronica Suiquis, coordinadora del servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes; y Omar Giulani, de Ruca Hueney.

En ese marco, el Consejo Local, tal como explicó Natalini, adhirió a una nota "que está circulando en forma virtual que realizaron varias organizaciones que vienen desde hace tiempo trabajando puntualmente en este tema. Por acuerdo de los que estábamos participando, refleja en términos generales lo que pensamos todos los integrantes del Consejo".

Por eso, Segundo Silva leyó el documento confeccionado en la que plantea el "no a la baja en la edad de imputabilidad". "Las organizaciones sociales que decidimos hace muchos años organizarnos para marchar con nuestros pibes y pibas, denunciando la situación de la niñez y exigiendo derechos, que hemos logrado instalar algunas políticas públicas para frenar el desamparo, queremos denunciar que no alcanza. No hay protección integral de derechos y una vez más se intenta avanzar en la criminalización de los pibes y pibas", sostuvieron.

En tal sentido, criticaron que "otra vez en el marco de las elecciones, cuando algunos piden a gritos seguridad, las fuerzas políticas hegemónicas responden con proyectos de baja de la edad de imputabilidad para las pibas y pibes más pobres, como solución mágica, sabiendo que eso no dará respuestas reales. Se está usando a los pibes y pibas de chivo expiatorio, tratando de ganar votos con propuestas mentirosas que esconden y llenan de impunidad a los dueños del negocio del delito y la seguridad".

Por eso, las organizaciones sociales se preguntaron "¿quiénes son los autores intelectuales que organizan el crimen? ¿Qué actores se encuentran involucrados en la logística de las empresas criminales? Se trata de adultos vinculados a distintos dispositivos de poder, que usan a los pibes y pibas como rehenes en los circuitos delictivos. Los pibes y pibas en realidad son el último eslabón en la comisión de algunos delitos".

Además, sostuvieron que a los menores "se los construye como victimarios, se los etiqueta como criminales y como los culpables principales de la inseguridad. Son pocas las voces de los que denunciamos las múltiples inseguridades sociales que padecen: la violencia institucional, la falta de espacios de contención, las pocas oportunidades, la incitación permanente a un consumo inalcanzable, el contacto directo con la muerte".

"En lugar de realizar una apuesta sólida y real para modificar las condiciones de vida de nuestros pibes y pibas, se invierte cada vez más recursos en políticas represivas, en desmedro de las políticas que efectivicen derechos. Resulta obsceno creer que un niño o niña es un sujeto derecho recién cuando es alcanzado por el sistema penal", cuestionaron en el documento que se hizo público esta mañana.

Para argumentar sus críticas, detallaron que los integrantes del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes afirman "los datos empíricos desmienten el diagnóstico mediático relacionado con el aumento de delitos graves cometidos por adolescentes. Según el informe sobre el funcionamiento de la Justicia de Menores en la provincia de Buenos Aires 2000-2012, desde el 2003 hasta el 2012 las causas del delito contra la propiedad han descendido, y también los homicidios".

"¿Qué resuelve el encierro? ¿Por qué creen que endurecer las penas disuade a la hora de cometer un delito? ¿Qué consecuencias genera el encierro en el cuerpo y la psiquis de nuestros niños y niñas y adolescentes? El sistema penal castiga, separa, excluye, deja marcas imborrables. No incluye, no integra, no repara. La mano dura no resuelve problemas sino que agrava la violencia. Pareciera que la penalización es el único camino. Sin embargo, los que trabajamos junto a los chicos y chicas, somos claros ejemplos que existen otras posibilidades", plantearon.

Por eso, dejaron en claro el "no a la baja, y sí a la alegría, a la salud, a la educación que queremos, a la vivienda digna. Sí a la mirada que abrace, que se anime a encontrarse con los ojos de los pibes y pibas, que no les den la espalda, porque no hay mayor abandono que la indiferencia. Sí a la construcción colectiva de cultura, de espacios nuevos, de presentes felices y futuros posibles. Sí a la apuesta por una vida que merezca ser vivida por nuestros pibes y pibas".

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