La maniobra que traman los Kirchner

Por: Eduardo van der Kooy.

La oposición aguarda el cambio parlamentario de diciembre para posicionarse mejor. Pero el Gobierno apuesta a sancionar las últimas leyes en noviembre y luego, quizás, estirar el receso hasta marzo. El clima político sigue con sobredosis de tensión. Derroche del Estado.

La intolerancia, los incidentes políticos, el arrebato repetido del poder, los espionajes, las impostadas invocaciones de Cristina y Néstor Kirchner a la armonía y la paz constituyen, por ahora, el telón de la escena. Mientras aquellas cosas suceden y preocupan, el matrimonio presidencial urde su plan para los tiempos que vienen. Serán tiempos, tal vez, de un mayor peso y protagonismo opositor en el Congreso.

¿Lo será? Los principales líderes de la oposición tienen esa voluntad. Pero el panorama de fragmentación y las diferencias en aquel espacio no representan ninguna garantía. Voluntad contra voluntad, la de los Kirchner ha sido hasta el presente insuperable. Esa voluntad barrió con cualquier decencia política, pero le permitió a la pareja atravesar sin sobresaltos una transición que, incluso en el kirchnerismo, fue imaginada de otro modo luego de la derrota electoral de junio.

Los Kirchner tienen todavía dos batallas y media cruciales para capear en el Congreso. Al Presupuesto 2010 que aprobó sin chistar Diputados le falta la sanción del Senado. Se acaba de sumar el proyecto para reabrir el canje de la deuda, destinado a permitirle al Gobierno rastrear dinero en los mercados internacionales y paliar la asfixia financiera. Está en ciernes la reforma política que apuntaría a dos objetivos, más allá de la cháchara con la que suele adornarla la Presidenta: asegurarle a Kirchner, aún en su eclipse, una influencia sustancial en el peronismo; devolverlo, además, a la pelea presidencial si muchos otros astros se conjugaran a su favor.

Después llegaría el momento de intentar frenar las ansias con que la oposición aguarda el recambio de diciembre. El kirchnerismo, por lo pronto, se prepara para un repliegue no bien concluyan las sesiones ordinarias el 30 de noviembre. "Pienso pasar una largas vacaciones en las playas de San Antonio Oeste", se le oyó decir, medio en broma, medio en serio, al jefe de los senadores oficialistas, el rionegrino Miguel Pichetto.

Los legisladores electos en junio tienen previsto jurar el 27 de noviembre. Para que haya sesiones en diciembre debería mediar un llamado a extraordinarias del Ejecutivo. Luego se produciría el receso natural de enero. Febrero podría ser otro mes de inactividad si no hubiera una convocatoria de la Presidenta. Recién en marzo regresaría la rutina parlamentaria. Tres meses, quizá, para sofocar el fuego de la oposición.

¿Qué sucedería con la elecciones de las nuevas autoridades en el Congreso? ¿Qué pasaría con la integración de las comisiones que hasta diciembre manejará el kirchnerismo? ¿Dónde quedarían las pretensiones opositoras de producir un rápido gesto de autoridad política y trazarle un límite a los Kirchner? Esos interrogantes forman parte del entramado que la oposición estaría obligada a desbaratar si pretende que aquella lejana victoria de junio no se siga diluyendo.

Las armas de que dispone por ahora distan de ser contundentes. El radicalismo pretendería neutralizar la maniobra presidencial recurriendo a un antecedente forjado por la propia Presidenta y por el hoy embajador Jorge Yoma cuando eran senadores de la oposición a Fernando de la Rúa. En vísperas de la tragedia del 2001 sostuvieron la facultad del Congreso para autoconvocar sus sesiones en caso de prescindencia del Poder Ejecutivo. El derrumbe mandó esas intenciones al cesto.

La ausencia prolongada del Congreso podría privar a la oposición de un escenario fundamental. Podría agravar sus debilidades y dejarla expuesta, otra vez, a las jugarretas de la maquinaria de los Kirchner y a la pérdida de la consideración social. Los trabajos de opinión pública reflejan en este tiempo una tendencia parecida: la popularidad del matrimonio continúa en descenso, pero también caen las expectativas depositadas en el arco opositor.

El peronismo disidente, los radicales y la Coalición están viendo cómo detener esa caída. Felipe Solá estuvo la semana pasada con Ricardo Alfonsín -que lo atendió en la oficina que fue de su padre- y con Elisa Carrió. Quedaron, en principio, en construir una agenda parlamentaria común para el año próximo. Hay peronistas que creen que debería ser sometida además a un plebiscito, para darle sustento político y popular.

Kirchner mantiene a la mayoría del PJ domesticada. Tiene en sectores gremiales -la CGT de Hugo Moyano-, organizaciones sociales y piqueteros los arietes para garantizar el control callejero y alejar otras posibles vertientes de protesta. La oposición pareció contar con su gran hora durante el conflicto con el campo. Pero ese pleito todavía irresuelto se ha terminado desgajando de la sociedad.

Aquellas organizaciones sociales y piqueteras enmascaran muchas veces sus orígenes y sus tareas con una desenfrenada militancia. No se trata de una mirada arbitraria o una fantasía opositora: el kirchnerista Guillermo Jenefes confirmó la prepotencia de esos grupos en Jujuy, donde la semana pasada el jefe de la UCR, Gerardo Morales, fue agredido por un sector que lidera la dirigente social Milagro Sala. Una mujer que acostumbra frecuentar a la Presidenta, incluso antes que el mismo gobernador Walter Barrionuevo, cada vez que Cristina aterriza en aquella provincia.

Jenefes cree, como también la oposición, que en los últimos años creció en Jujuy un sistema de poder paralelo al que ejerce el Ejecutivo. El senador kirchnerista hace rato que se mueve con custodia.

La red de aquella organización, llamada Tupac Amaru, rebasa las fronteras de Jujuy. El senador Emilio Rached denunció que algunas de esas milicias se apoderan a la fuerza de campos en el interior de Santiago del Estero. El grupo poseería ramificaciones en cerca de ocho provincias, la mayoría en el norte argentino.

¿Cómo se ordenan? ¿Cómo subsisten? La organización de marras se dedica a tareas sociales: construcción de viviendas, salud y educación. Recibe para eso fondos del Estado que, según la UCR, rondan los 8 millones de pesos mensuales. Pero nada destilaría tanto candor: las viviendas se harían prescindiendo de la verificación municipal; se entregan a sus propietarios pero quedan a nombre de la cooperativa que las impulsa. Han existido denuncias de desalojo porque los moradores se niegan a participar en actividades políticas. Eso se llama clientelismo salvaje.

El Senado aprobó, a propósito, un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre las actividades y el financimiento de aquellos grupos. El pedido contó, incluso, con el aval de legisladores oficialistas, toda una novedad en esta época de disciplina parlamentaria prusiana. El informe reclama además la identificación de los titulares de 750 armas que estarían en poder de Tupac Amaru. El kichnerismo pretendió quitar ese detalle del informe, pero fracasó.

La posibilidad de proliferación de armas en poder de aquellos grupos alarma ahora mucho más que el despilfarro de los dineros del Estado. Ese despilfarro suele ser una constante de la historia argentina, reflejado en la era kirchnerista en la políticas de subsidios, planes de empleo y dádivas que casi nadie atina a controlar. Reflejado también en conductas frívolas e irresponsables: lo fue, sin dudas, el vuelo que el titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, autorizó para que un grupo de amigos y funcionarios viajaran a Montevideo a presenciar la clasificación de la Selección argentina de fútbol al Mundial de Sudáfrica. Es habitual que la severa palabra oficial poco y nada tenga que ver con la desaprensión con que administra cada cosa.

El Gobierno había asegurado, por ejemplo, que no gastaría una moneda por la televisación estatal de los partidos de fútbol. Cuando el Estado comenzó con la emisión de un partido semanal, en tiempos en que el negocio estaba en manos privadas, abonaba $ 150 mil por encuentro. Es decir 600 mil pesos al mes computando cuatro jornadas. En total, 6 millones de pesos al año.

Con el nuevo convenio, el Estado está abonando -sin intermediación de la empresa privada, como sucedía antes- $ 650 millones por año, $ 65 millones por mes, algo más de 16 millones de pesos por fecha y $ 1.625.000 por partido. Prácticamente once veces lo que pagaba antes.

La desproporción resulta elocuente y estaría demostrando que no existió ningún cálculo económico, sino exclusivamente político, cuando el Gobierno adoptó la decisión de hacerse cargo de la televisación y que las fiscalizaciones de los órganos de control del Estado han oscilado, como casi siempre, entre la laxitud y la inexistencia.

Aquel objetivo político estaría avalado por otra situación: la Jefatura de Gabinete se hizo cargo, con atribuciones de verdad desconocidas, del contrato comercial con la AFA. Incluso está ahora a la búsqueda de publicidad privada para achicar aquel gigantesco bache financiero que genera la televisación. Aníbal Fernández, como un todoterreno, anda en esos y otros menesteres.

Lidia con Mauricio Macri en un pobre folletín de espías. Pero parece caminar en el lodo con mayor destreza que el jefe porteño. Descree que el clima político esté enrarecido pese a los episodios que mechan la realidad. Hay otros que fluyen por lo bajo: las advertencias del ministro Julio De Vido a empresarios -incluso extranjeros- que realizan, a su juicio, reuniones inconvenientes. También algunas sombras extrañas que cruzan la vida de ciertos periodistas.

El mayor temor sería, al fin, la posibilidad del regreso de una época que parecía haberse ido.

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