Manifestantes se irán de la plaza sólo si la oferta oficial es viable

Manifestantes se irán de la plaza sólo si la oferta oficial es viable
Los sectores que acampan en la plaza 25 de Mayo desde hace casi un mes en reclamo de distintas reivindicaciones en materia de asistencia social y empleo, advirtieron ayer que no levantarán la protesta sólo por una firma de compromisos por parte del Poder Ejecutivo, sino que lo harán recién cuando haya acciones concretas, como los pagos de beneficios pendientes o la reactivación de planes de viviendas con organizaciones sociales.
Ayer por la tarde se esperaba que el gobierno reformule el último ofrecimiento realizado. Los movimientos, además, cuestionaron las cifras difundidas por el Ejecutivo sobre el volumen de ayuda volcado en los últimos tiempos a las comunidades aborígenes y campesinas de la zona de Pampa del Indio y afirmaron que no son reales.

En teoría, más cerca

La nueva oferta gubernamental fue formulada por dos de los negociadores a los que Jorge Capitanich encomendó las tratativas con los sectores en lucha, y centralmente con la Unión Campesina que preside Mártires López, cabeza de la marcha que desde Pampa del Indio y otros puntos llegó a Resistencia hace cuatro semanas.

Rodolfo Schwartz, dirigente del PCR y de la Corriente Clasista Combativa, cuestionó los números dados por Esteban Branco Capitanich -uno de los negociadores designados por el gobernador- el viernes acerca de la asistencia brindada por el gobierno provincial a los sectores representados por la Unión Campesina. "O estaba delirando, o mintió descaradamente", cuestionó el referente de la CCC, que dijo que "la realidad está muy lejos de esas cifras".

Como ejemplo dijo que no hubo un financiamiento continuo para los proyectos habitacionales que buscan que las familias construyan sus viviendas, logrando así un techo digno y a la vez generando trabajo para las mismas comunidades que ponen la mano de obra para levantar las casas. "De ese modo, al Estado invierte 50.000 pesos en cada vivienda, en lugar de los 80.000 que paga en una operatoria tradicional", explicó Schwartz.

"No pedimos cosas alocadas", remarcó, señalando que la producción algodonera de los campesinos que se manifiestan "basta con una ayuda de 675 pesos por familia y por año. Serían 675.000 pesos para mil familias, y eso generaría ingresos por producción algodonera por 5 millones de pesos. Es dinero que se gastaría en la misma localidad. Para tener una idea de lo que eso significa, hay que considerar que la coparticipación de Pampa del Indio es 1.200.000 pesos. O sea que se lograría una inyección de recursos más de cuatro veces mayor", planteó.

El dirigente reconoció que en el gobierno "parece haber más disposición ahora para llegar a un acuerdo", pero remarcó que en quienes protestan hay desconfianza en que los compromisos no se cumplan.

Compromisos incumplidos

Por separado, otras organizaciones también responsabilizaron a la gestión provincial por el conflicto. "El desencadenante fueron las mentiras y promesas sin cumplir que hizo el gobierno antes de las elecciones", plantearon Charo Alcire, del Movimiento Clasista Combativo (una escisión de la CCC); Horacio Aquino, de la Coordinadora de Unidad Barrial (CUBA); y Vicenta Maciel, del movimiento Buen Aire.

Ellos comentaron que la lucha "es por los compromisos que no se cumplieron. Se pararon los planes de viviendas que veníamos construyendo, ya se deben dos meses de becas y lo mismo pasa con los compañeros que trabajan en el Estado en el marco del programa PEL, con el agravante de que son personas que trabajan en las mismas condiciones y horarios que el personal de planta, pero cobran sólo 318 pesos".

En el caso de las viviendas paralizadas, Maciel dijo que "hay familias que por culpa de eso quedaron en una situación dramática, porque desarmaron sus ranchos para hacer las casas, y ahora no tienen ni el rancho ni la casa. En los corralones nos dijeron que ellos dejaron de entregar los materiales porque no estaban cobrando un peso del gobierno".

"Además, la construcción de esas viviendas son nuestros puestos de trabajo", agregó Aquino. "Por eso no queremos papeles, sino que aparezcan las cosas concretas: que se bajen los materiales en las obras paradas, que los compañeros puedan ir al banco a cobrar las becas, que se pague a los trabajadores del PEL, etcétera", dijo.

Alcire comentó que mientras tanto "cada vez que vamos a Casa de Gobierno nos recibe una mediadora que no sabe ya qué decirnos. Funcionarios no bajan, porque saben que nos tienen que mentir, y como se trata de compromisos que asumió el gobernador, queremos que él nos diga por qué no los cumplió y cómo lo va a remediar".

Los referentes también cuestionaron "el avance de un discurso antipiquetero que es motorizado por el vicegobernador y el ministro de Gobierno, y que se traduce en represión en los barrios a nuestros compañeros, preparando el terreno para cosas peores. La gente que pasa por la plaza, a veces, nos grita que vayamos a laburar, y nosotros, justamente, lo que queremos es que se reactiven todas las cosas que se venían haciendo y que nos acercan a la posibilidad de ser trabajadores dignos", expresaron.

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