La manía de editar la realidad.

La manía de editar la realidad.
Por Néstor O. Scibona.

A ocho meses y monedas de las elecciones legislativas de octubre, la estrategia del kirchnerismo consiste en que durante ese período se hable más del activismo del Gobierno que del freno de la economía argentina. Y que, si hay que hablar de economía, los problemas se atribuyan pura y exclusivamente a la crisis internacional, cuya salida es todavía tan incierta como la perspectiva electoral.

La razón es que la economía, desde mediados del año pasado, ha dejado progresivamente de convertirse en un activo electoral para el oficialismo. No es fácil procesar políticamente que después de seis años de crecimiento récord del producto bruto interno (a una tasa promedio superior a 8%), en 2009 la actividad pueda aterrizar bruscamente en una variación ligeramente superior o inferior a cero.

Una parte importante de aquella estrategia se apoya en la omnipresencia de la mandataria Cristina Kirchner. La Presidenta se ha convertido en protagonista de un inédito despliegue de actividad que la hace estar en todas partes: desde el canje de heladeras o de títulos públicos hasta el dudoso reequipamiento de Aerolíneas, pasando por el lanzamiento de obras o el refuerzo de planes sociales.

Otra, en la manía del Gobierno de editar la realidad socioeconómica, a través de la manipulación de estadísticas que únicamente son defendidas por la Casa Rosada y confunden no sólo los diagnósticos privados, sino también los oficiales. De otra manera, es difícil comprender que CFK se escandalice por la pobreza en Tartagal; a menos que esté convencida de que este drama -común denominador del noroeste argentino, el noreste argentino y el conurbano bonaerense- se combate sólo con más gasto público, que abundó en los últimos años, y no con mejores políticas públicas, que escasearon en proporción inversa.

El tremendo error estratégico de hacer perder toda credibilidad y confianza en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) hoy se paga con la coexistencia de indicadores oficiales y privados cada vez más dispares. Ya no se trata sólo de los precios, donde en enero el Gobierno volvió a disfrazar aumentos que él mismo generó (tarifas de transporte y de electricidad para los consumos más altos) o atribuíbles a la sequía que provocó subas en frutas y verduras. También la brecha se advierte en los indicadores de actividad, de pobreza y de empleo.

Según la consultora Finsoport, que dirige Jorge Todesca, la actividad industrial registró en cada uno de los últimos tres meses de 2008 retrocesos sucesivos de 3.1% promedio (desestacionalizado) con respecto al mes previo (por caídas en la producción automotriz y siderúrgica). El Indec, en cambio, prefirió difundir una dudosa suba de 7% interanual en diciembre. En cuanto a la actividad económica (que mide el índice EMAE), afectada además por los problemas de la construcción y del campo, la consultora estima que la variación del último mes del año pasado fue nula con respecto a noviembre y el mismo 0% es el que proyecta para todo 2009.

A su vez la consultora SEL, que dirige Ernesto Kritz, sostiene que en este contexto de desaceleración económica no resulta creíble que en el último trimestre de 2008 el empleo haya crecido 2,9% (más que en los nueve meses anteriores), como informó prematuramente el Indec. También asegura que en los dos últimos años el número de personas en situación de indigencia subió en 500.000, en lugar de haber bajado en 1,7 millón que marcan las estadísticas oficiales. La razón de esta diferencia es que en ese período la canasta básica alimentaria aumentó 13,6% para el Indec y 57% para SEL.

Esta disparidad conduce a otras inconsistencias. Si hubiera menos pobres e indigentes y más demanda de empleo, como señalan las cifras del Gobierno, el aumento de 30% en las partidas para planes sociales anunciado en la última movilización oficialista hacia Olivos, debería canalizarse mayormente hacia capacitación laboral antes que a asistencia alimentaria. Pero ese no parecería ser el caso; excepto algunas iniciativas destacables como las 18 Agencias Socioproductivas que ya funcionan en territorio bonaerense, en una interesante experiencia de articulación público- privada. De hecho, cálculos confiables y actualizados indican que sobre un total de seis millones de beneficiarios de planes sociales, seis millones reciben asistencia alimentaria en todo el país, de los cuales tres millones viven en el conurbano. En este sentido, el gobierno de la provincia de Buenos Aires está aplicando un programa para otorgar una asignación familiar de 100 pesos mensuales a hogares con chicos menores de seis años (1.700.000 casos).

El Pacto y el campo

Con la caída de los precios internacionales, más la sequía, el esquema centralizado de redistribuir ingresos sólo a través de subsidios provenientes de las retenciones comienza a mostrar sus límites, ya que afecta a la producción agrícola presente y futura. Sin embargo, este no sería el motivo de la imprevista apertura de canales de diálogo entre el Gobierno y las entidades agropecuarias.

Por un lado, el kirchnerismo necesita encauzar la puja por la distribución del ingreso en un año de estancamiento económico y los industriales piden integrar al campo en el pacto social que se ensayará por enésima vez. Pero, a la vez, sabe que para las próximas elecciones no puede seguir sembrando de enemigos rurales el terreno de los candidatos aliados.

El problema es que aquí no hay mucho margen para editar la realidad. La suspensión de retenciones por 90 a 180 días, planteada por los gobernadores Hermes Binner y Juan Schiarettti, es una hipótesis de máxima virtualmente impracticable para un Gobierno que a fin de 2009 habrá duplicado el gasto público (con respecto a 2006) y que para financiarlo llegó ahora al extremo de confiscar los ahorros jubilatorios privados. Una reducción parcial, en cambio, equivaldría a mejorar indirectamente los precios agrícolas; pero no está en el ánimo ni en los cálculos de la Casa Rosada.

Tal vez la negociación se encamine a agilizar la aplicación de la Ley de Emergencia Agropecuaria a nivel nacional y provincial; y a comenzar a desmontar restricciones a exportaciones que en buena parte ya se perdieron. Pero no es una apuesta segura para atender las urgencias del sector. Lo mismo ocurre con otras apuestas oficiales para reforzar la caja fiscal, como la moratoria y el blanqueo de capitales, o la desprolija reducción de subsidios estatales a las tarifas energéticas en la punta de la pirámide del consumo. La distribución de esos fondos inciertos ya desvela a los gobernadores provinciales, que en pocos días más deberán afrontar la crucial paritaria del gremio docente como caso testigo.

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