Los Manganelli accionan en la Corte en defensa de su propiedad

| Piden que la Justicia declare la inconstitucionalidad de dos leyes.
La disputa por la propiedad de San Lorenzo 355 entre la familia Manganelli y el Estado llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. El viernes, los abogados de los dueños del inmueble expropiado por la Ley 8.215, que a las pocas semanas debió ser corregida por la 8.223, le pidieron al máximo tribunal que declare la inconstitucionalidad de ambas normas.

Las disposiciones fueron aprobadas por la Legislatura con el objetivo de que el Tribunal de Cuentas pueda abrir un acceso a sus cocheras internas y con la posibilidad futura de edificar oficinas. Por ello, la acción declarativa de inconstitucionalidad firmada por los apoderados José Ricardo Falú y Francisco García Posse, fue dirigida tanto contra la Legislatura (por ser el poder del Estado que sancionó las leyes cuestionadas) como contra el ente de control como sujeto expropiante y beneficiario directo, que podrá intervenir por sí mismo.

En el escrito se denunció que la expropiación representa un vulneración a la garantía de inviolabilidad de la propiedad consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional. A raíz de este principio fundamental, se hizo reserva de accionar en la Justicia Federal en caso de que el tribunal dicte un fallo en contra de los intereses defendidos.

"El plexo normativo y constitucional del régimen expropiatorio ha sido diseñado para limitar los derechos del soberano de apropiarse de bienes de los particulares mediante cortapisas (restricciones) esenciales que resguarden el patrimonio de los ciudadanos de las apetencias del príncipe", aseguraron.

Falú y García Posse puntualizaron que en ningún momento se declaró cuál es la causa de utilidad pública que justifique la expropiación, sino una fórmula de rigor que no alcanza como justificación legal suficiente. "No hay expresión concreta y clara, ya que la causa debe nacer de una necesidad y conveniencia pública que movilice la voluntad legislativa y ser anterior a la ley. Si en ella se alega una causa inexistente o falsa, será inconstitucional. El desapropio aparece desprovisto de razón y teñido de arbitrariedad", sostuvieron. Fustigaron la apertura de un acceso a las cocheras, al recordar que la alteración de un edificio de propiedad horizontal debe ser consensuada por todos los consorcistas.

Los letrados remarcaron que la Corte es competente para abordar el asunto, ya que se refiere a la constitucionalidad de leyes (en tanto acto lesivo emitido por la Legislatura) y no el mero hecho de la expropiación como tal, cuyo tratamiento correspondería al fuero Civil y Comercial Común. En este último sentido se pronunció el ministro fiscal de la Corte, Luis de Mitri, en la causa iniciada por Manuel García Fernández en protección de la vivienda por su valor arquitectónico e histórico. Este expediente está en manos de la vocal del máximo tribunal, Claudia Sbdar, quien será la primera en votar si se lo trata o no.

Cuestionan la conducta de Díaz Ricci

"Los Manganelli conforman una familia muy unida, laboriosa y honesta. No aceptan el despojo y la confiscación ni los tienta la expectativa de la indemnización porque los bienes materiales solamente tienen sentido por las satisfacciones espirituales que pueden proyectar", aseveraron sus apoderados, Francisco García Posse y José Ricardo Falú, en la acción judicial.

Los abogados denunciaron que la resistencia a la expropiación de la casa de San Lorenzo 355 enfureció a algunos funcionarios y políticos. "Los atacaron, hostigaron, intimidaron con falacias, abusivas intimaciones y hasta ventilaron su patrimonio", sostuvieron en el planteo ante la Corte Suprema de Justicia. En especial, cuestionaron la conducta del vocal del Tribunal de Cuentas, Sergio Díaz Ricci, a quien responsabilizaron de haber enviado una carta documento intimidatoria a la familia, con el propósito de acorbardarla. "En LA GACETA señaló: 'los dueños no tienen posibilidades'. Por arrogante que pareciera, efectivamente lo dijo; significa que ellos son el poder y lo ejercen. De la Justicia, ni hablar", se quejaron.

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