La iniciativa, que fue consensuada entre el Gobierno, representantes de las cámaras empresarias encabezadas por la Unión Industrial y la CGT que lidera Antonio Caló, ya cuenta con media sanción del Senado y apunta a poner freno a la industria del juicio generada tras los fallos de la Corte Suprema que tachó de inconstitucional varios artículos de la actual normativa.

El proyecto oficialista, además de eliminar la llamada “doble vía”, dispone que las indemnizaciones del sistema se ajustarán semestralmente según la evolución del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables) y contempla la creación de un resarcimiento adicional equivalente al 20% de la indemnización original.

También la iniciativa elimina el sistema de renta periódica y fija que todas las prestaciones indemnizatorias dinerarias serán de pago único y que deberán efectivizarse dentro de los 15 días de la notificación del fallecimiento del trabajador accidentado o de la homologación o determinación de la incapacidad laboral de la víctima de un siniestro. Asimismo, la reforma fija un tope del 25% a los honorarios de abogados y fija límites en los presupuestos de gastos de comisión y no prestacionales de las aseguradoras del sistema, los que no podrán superar el 20% de los ingresos correspondientes al seguro, incluyendo dentro de ese porcentaje los gastos de comercialización o intermediación en la venta de las coberturas por riesgos.