Los malos consejos del Viejo Vizcacha

Néstor Kirchner vislumbró mejor que nadie la necesidad de que la Argentina cuente con una Justicia independiente.
Advertido del desprestigio en el que había caído el sistema judicial a partir de la instauración de una "mayoría automática" en el máximo tribunal del país, se ocupó de impulsar la destitución de los magistrados que garantizaban esas prácticas y de sentar en las vacantes que así se liberaban a personas de cuya idoneidad técnica y moral nadie dudaba.

En procura de dotar de transparencia a esas designaciones, autolimitó la potestad que la Constitución le otorgaba como presidente para proponer candidatos para la máxima magistratura judicial. Así, los nombres que propuso debieron someterse a impugnaciones y hasta sortear audiencias públicas en las que muy pocos tuvieron la audacia de formular cuestionamientos.

Cuando pasó el tiempo y en la Corte Suprema quedaban aún cargos sin cubrir, a instancias de Cristina Fernández de Kirchner (hoy presidenta, entonces senadora nacional) el número de miembros del tribunal se redujo. Ninguno de los jueces para entonces designados cesó en su cargo, pero Néstor Kirchner se negó a impulsar dos designaciones nuevas que podían quedar sospechadas de pretender consolidar una mayoría de jueces afines.

La historia que acaba de contarse operó como un fundamental cambio de paradigmas en la Argentina de la democracia. Hasta allí, la Justicia había funcionado como un bastión del poder político de turno. Aún se recuerda el inmenso poder acumulado por Vicente Leónidas Saadi cuando como senador catamarqueño presidía la comisión de acuerdos y digitaba con singular rigurosidad cómo se cubría cada vacante de la judicatura.

Alfonsín, caída la dictadura, construyó una nueva Corte Suprema. Pero después, en un acuerdo con Menem al que la historia recordará como Pacto de Olivos, facilitó que el número de miembros del máximo tribunal se elevara a nueve. Así le aseguró al entonces presidente un número mínimo de jueces y dio vida a la "mayoría automática" a la que Kirchner puso fin.

Con esa decisión política, la Justicia recobró su prestigio y la Argentina recuperó en mucho su calidad institucional. Con la misma lógica, promovió las designaciones de los nuevos jueces federales en esta ciudad, hombres jóvenes, que eran parte de una nueva camada de penalistas formados en la universidad pública que fueron capaces de sortear un riguroso concurso en el Consejo de la Magistratura desarrollado antes de la llegada de Kirchner al gobierno nacional. Tan independientes fueron esos nuevos jueces federales que hasta uno de ellos se alejó de su cargo para convertirse en ministro de Mauricio Macri, uno de los mayores opositores del gobierno nacional.

La historia dará cuenta del enorme paso que se dio en materia de calidad institucional cuando Néstor Kirchner tuvo la decisión política de devolverle a la Justicia el prestigio perdido.

Si eso es así, ¿cuál es la razón por la cual ahora asoma un conflicto de envergadura entre el Gobierno y la Justicia? ¿Cómo se entiende que puedan desoírse sentencias firmes? ¿Cómo se explican las veladas advertencias de que la Justicia no atienda a los intereses del poder económico?

No tiene sentido sumarse al avance de quienes hasta se animan a reclamar la cabeza del jefe de Gabinete. Todo eso suena desmesurado. Pero es justo admitir que ha sido impropio de un ministro ordenarle a la policía el incumplimiento de una resolución judicial. Tan impropio como que la policía diera cumplimiento a semejante orden ministerial. Ya mucho se ha hablado en la Argentina sobre la obediencia debida y la capacidad de revisar las órdenes informalmente dadas.

Seguramente, deben existir motivaciones de índole política que expliquen tan insólita actuación. El hecho de que sólo unas horas después de ordenada la asunción de las autoridades de un gremio venciera el mandato que esas mismas autoridades pretendían ejercer, puede resultar un argumento político suficiente. Tal vez, ante tales circunstancias, sea cierto que se haya querido evitar que allí, donde el procedimiento judicial se desarrollaba, se montara un escenario de disputa. Pero la institucionalidad de la república no recomienda que las decisiones políticas se ejecuten desobedeciendo a los jueces ni siquiera mediando semejantes razones.

Cuando eso ocurre, toda la lógica del sistema republicano se resiente. Para preservar la justicia, el sistema ha establecido mecanismos de revisión a través de tribunales colegiados de diferentes instancias. Las muchas potestades de administración que la ley asigna al jefe de Gabinete, no incluye ni la facultad revisora de las sentencias ni mucho menos su control de constitucionalidad.

Sería muy saludable que se ofrezca públicamente una explicación mejor que la que se ha dado por lo ocurrido y se garantice que la policía seguirá siendo lo que es respecto de la Justicia: un auxiliar que cumple sus órdenes. El mayor riesgo es que el silencio gubernamental y la testarudez de reivindicar tanta equivocación se conviertan en una admisión de que la policía es un dependiente del poder administrador antes que el mismo brazo ejecutor de la Justicia.

Si hay algo imperioso en la Argentina, es dejar que la Justicia funcione con autonomía. Por eso tampoco es bueno que desde el máximo poder político del país se les recomiende a los jueces que no cedan a los reclamos del poder económico. Desde luego que los magistrados deben ser independientes y desoír toda presión. Pero esos dichos, así como fueron formulados, antes que una recomendación, parecen una advertencia que puede ser escuchada como un intento de condicionar el ánimo de los jueces que deben resolver cuestionamientos jurídicos formulados sobre decisiones del Gobierno.

Es indudable que el poder económico existe. Tan indudable como que habitualmente ejerce acciones de lobby en defensa de sus intereses. Esa presión la ejercen sobre todos los poderes instituidos, no sólo sobre la Justicia. ¿O es que acaso no ha sido el lobby de la minería lo que determinó el veto sobre la ley dictada en defensa de los glaciares?

Además, es justo reconocer que en la historia reciente tanto la Corte Suprema como sus tribunales inferiores han dictado incontables fallos que preservan los derechos de los sectores más débiles de la sociedad. Basta recordar sus decisiones en materia de actualización jubilatoria, el rechazo de concordatos de acreedores de grandes grupos económicos en crisis o hasta el aumento indemnizatorio debido por accidentes de trabajo para confirmar lo que antes se ha dicho.

En todas las sociedades modernas siempre existen presiones sobre quien decide. También sobre los jueces que resuelven disputas entre distintos intereses en pugna, y es parte del buen tino de quien decide no ceder ante ellas. Pero es necesario admitir que esas presiones son ejercidas por todos los poderes existentes de diferente manera. A veces por el poder estatal; a veces por el poder económico y a veces por el poder sindical. Eso ocurre tan a menudo, que muchas legislaciones han regulado la acción del lobby tratando de transparentarlo y minimizar sus efectos nocivos.

No parece razonable que se siembren sospechas sobre la labor judicial tan sólo porque sus fallos no avalan lo que el gobierno decide. Parece necesario recordar nuevamente que en el sistema republicano así funcionan los controles cruzados de los poderes. Y eso, lejos de ser un problema, es una enorme ventaja de nuestro régimen de gobierno.

Tal vez atendiendo los consejos del Viejo Vizcacha, en el poder es habitual tentarse con la idea de ser amigo del juez. Así se piensa muchas veces ante el temor de que las decisiones de gobierno se sometan al criterio de los jueces en un país en el que la denuncia y la demanda se han convertido en un modo de hacer política. Pero los mejores jueces son aquellos que se comprometen con los criterios de equidad que devienen de la imposición de la ley con sentido de justicia. No los que se ofertan en cada caso que les toca resolver. Los jueces amigos del poder son esencialmente eso: amigos del poder. Y si hay un poder que los compra, puede haber también otro poder que pague más y al que terminen vendidos.

Si una responsabilidad nos cabe a todos –también a quien gobierna–, es asegurar que a la Justicia accedan funcionarios probos. Sólo así puede garantizarse la ecuanimidad en los fallos.

De lograrlo, será posible vivir con la tranquilidad de que un Poder Judicial independiente dirima nuestros conflictos de ciudadanos. Entonces no será necesario "hacerse amigo del juez"; las sentencias sólo serán cumplidas y ya no habrá que temer por lo que puedan hacer algunos poderosos.

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