Malestar legislativo por el llamado al PE y los abogados

Tanto el oficialismo como la oposición lamentaron que la Corte de Justicia no haya invitado también al Poder Legislativo a participar de la conciliación entre el Gobierno y el Colegio de abogados.
La convocatoria de la Corte a una audiencia de conciliación entre el Poder Ejecutivo y el Colegio de Abogados, con la finalidad de que negocien un acuerdo amigable en la causa que derivó en la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Carta Magna reformada en 2006, no fue muy bien recibida en la Legislatura.

Los parlamentarios consultados por EL SIGLO rescataron "la buena intención" del Tribunal, de proponer una salida consensuada al conflicto, aunque cuestionaron que no se haya invitado también al Poder Legislativo a participar de las discusiones, que tendrán lugar el próximo miércoles, a las 10.00, en el Palacio de Justicia.

La reunión tendrá como objetivo lograr una salida consensuada respecto a cuál será el mecanismo a implementar para la cobertura de cargos vacantes en la Justicia, algo que hoy no se puede concretar debido a que el mecanismo que preveía la Carta Magna (el Consejo Asesor de la Magistratura) fue declarado inconstitucional por la propia Corte.

Enojo legislativo

El legislador alperovista Antonio Raed lamentó "que la Corte no haya convocado también a la Cámara, teniendo en cuenta cualquier propuesta que surja de común acuerdo entre las partes que intervendrán en la audiencia luego deberá ser aprobada por el Parlamento".

Tras aclarar que a su entender "todo lo que se haga en búsqueda del consenso es positivo", el parlamentario opinó que "si fuera necesario cubrir un vacío legal por falta de un mecanismo constitucional para la designación de jueces, la única forma de suplirlo sería por una Ley, cuya sanción es potestad exclusiva del Poder Legislativo, que lamentablemente no fue invitado". Además, Raed recordó que "en cualquier procedimiento de designación de magistrados, ya sea de jueces superiores o inferiores, siempre se establece un sistema en el que el Ejecutivo propone los postulantes, para que la Cámara preste su acuerdo, con lo cual los legisladores tienen un rol activo que no se puede desconocer".

Por otro lado, sugirió, tanto al PE, como a la Corte y al Colegio de Abogados, que "en la propuesta que surja de la audiencia dejen en claro que el sistema a aplicar deberá ser expeditivo y dinámico, con una clara nota de extraordinariedad, porque las designaciones que surjan del mismo tendrán carácter provisorio".

A su turno, el radical José Cano, dijo que "es realmente lamentable que la Corte Suprema de Justicia no haya convocado al Poder Legislativo a esta negociación, puesto que, en definitiva, son sus integrantes quienes deciden los nombres que llegarán a la Justicia, al prestar su acuerdo a lo que propone el Ejecutivo, además de ser los encargados de sancionar cualquier ley de subrogancias".

Según el parlamentario opositor "esto da una muestra clara del poco respeto que existe en la provincia por un Poder Legislativo que está totalmente subyugado a la persona del gobernador José Alperovich, quien ordena todos los pasos a seguir dentro y fuera del recinto de sesiones".

Además, opinó que "también es lamentable que no se haya convocado a participar a los partidos de la oposición, para garantizar que esté representada toda la sociedad en la discusión de algo tan trascendental como es la forma en que se designarán a los encargados de impartir justicia".

Sin embargo, Cano ponderó "la apertura de la Corte para proponer un diálogo que permita aunar criterios, porque el sólo gesto de sentarse a negociar es un paso adelante". Por último, consideró que "si se abre una negociación, ambas partes deberán ceder intereses personales para bregar por una Justicia independiente, a la cual lleguen las personas más probas y capacitadas, en beneficio de todos los tucumanos. Ahora, si la reunión es solo para acordar intereses sectoriales, será un fracaso", disparó.

Llamado extemporáneo

En cambio, el legislador oficialista Carlos Canevaro (UNG), opinó que "desde el punto de vista jurídico, la decisión de la Corte de no invitar a la Cámara es correcta, porque no es parte en la causa por la reforma, como sí lo son el Ejecutivo y el Colegio de Abogados".

No obstante, el parlamentario opinó que la convocatoria del Superior Tribunal "es totalmente extemporánea, puesto debería haberse realizado antes del fallo contra algunos artículos de la Constitución, entre ellos, el que proponía la integración del CAM". Canevaro reforzó su teoría recordando que "la Corte de la Provincia ya no tiene potestad decisoria o jurisdiccional sobre el fondo de la cuestión, porque ya se expidió. Además -agregó- las partes ya dedujeron recursos federales extraordinarios apelando la sentencia, por lo que quien debería convocar a este tipo de rondas debería ser la Corte de Justicia de la Nación".

Por último, aclaró que está de acuerdo "con la intención de la Corte de que las partes lleguen a un arreglo amigable y eviten así un mayor desgaste jurisdiccional, tratando que a la brevedad cese el estado de incertidumbre jurídica que existe en la sociedad en cuanto a la vigencia de nuestra Ley Fundamental".

Piden deponer intereses

El legislador por Fuerza Republicana, José Luis Bussi, se mostró conforme con el llamado de la Corte al Gobierno y a los abogados. "Aplaudo la decisión de llamar a una conciliación en una cuestión que tiene en vilo a las instituciones de la provincia. No creo que fracase la audiencia y esperamos que se logre consensuar una alternativa para que la justicia pueda seguir ejerciendo su jurisdicción como corresponde", señaló el parlamentario opositor a este diario. Además, bregó para que de esta negociación surja un método para la designación de jueces que contemple los intereses de los tucumanos y no de los sectores involucrados. "Hago un llamado para que ingresen a esta etapa de mediación dejando de lado intereses personales, sobre todo el Gobierno, como mayor responsable de garantizar la correcta administración de justicia, cediendo lo que sea necesario para salir de esta difícil situación institucional", recalcó.

Por Fabián López

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