Malestar israelí con la justicia de España.

El gobierno de Olmert, "indignado" por una investigación sobre un ataque en Gaza en 2002.
El gobierno del premier Ehud Olmert recibió con "sorpresa e indignación" el anuncio de la justicia española de investigar al ex ministro de Defensa israelí Benjamin Ben Eliezer y a otros seis altos responsables militares, por haber cometido "crímenes de lesa humanidad".

La acusación generó rechazo y hasta una advertencia de la ministra de Relaciones Exteriores israelí, Tzipi Livni, de que las relaciones bilaterales podrían verse dañadas.

La investigación se basa en los sucesos ocurridos el 22 de julio de 2002, cuando un bombardeo israelí provocó en Gaza la muerte de Salah Shehade, alto jefe militar de Hamas, y de 14 civiles, entre ellos nueve niños.

"No me arrepiento de la decisión. Shehade era un terrorista de Hamas, un archiasesino con las manos llenas de sangre de centenares de israelíes. Ese día, nadie sabía que había civiles en las casas adyacentes", se defendió Ben Eliezer en declaraciones al portal de noticias elmundo.es.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, estimó que "cualquiera que designe como un crimen contra la humanidad la eliminación de un terrorista vive en un mundo al revés", y aseguró que hará todo lo necesario para anular la acusación.

En medio del entredicho, la canciller Livni llamó a su par español, Miguel Angel Moratinos, para informarle que Israel consideraba "muy grave" la investigación y que podría dañar las relaciones bilaterales. Reprochó a la justicia española, además, no haber esperado los resultados de una investigación israelí.

En este sentido, el embajador de Israel en España, Raphael Schutz, manifestó tener en claro que la medida había sido tomada por un juez y no por el gobierno español, pero advirtió que podría tener consecuencias en los lazos entre ambos países.

Doctrina

La investigación fue iniciada anteayer por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que aplicó una doctrina que permite juzgar delitos contra la humanidad en España aunque se hayan cometido en otros países. Ante la indignación israelí, y a pesar de que la investigación sigue en pie, Moratinos aseguró a Livni que el gobierno español había "decidido enmendar la ley en cuanto fuera posible para evitar otros procedimientos judiciales de este tipo".

Según se informó, la embajada israelí en Madrid transmitió al juez Andreu unos documentos todavía no oficiales, en hebreo y en inglés, sobre el bombardeo investigado. Una vez que sean traducidos y avalados por el envío de los originales, el juez deberá decidir si continúa o no con la investigación.

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