Malestar en la Corte porque el Gobierno ignoró a la Justicia

Malestar en la Corte porque el Gobierno ignoró a la Justicia
La jueza Carmen Argibay dijo que "es preocupante" la negativa gubernamental a darle apoyo judicial a un juez para desalojar el gremio de los aeronavegantes. Esa opinión la comparte el resto de los ministros del máximo Tribunal.
La que salió a hablar fue la jueza de la Corte Suprema, Carmen Argibay. En declaraciones radiales, aseguró ayer que "es preocupante" que desde el poder político "no se cumplan las órdenes de los jueces", porque -consideró- si no se acatan estas disposiciones "volvemos a la ley de la selva". De esta forma, Argibay -una jueza de impecable trayectoria- se convirtió por voluntad propia en vocera informal del malestar y rechazo que generó entre los jueces la decisión del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, de desconocer la orden de desalojo del gremio de Aeronavegantes, en conflicto por un supuesto fraude en las elecciones internas.

"Lo mismo que cuando no se cumple una sentencia, el juez no sirve para nada, entonces mejor suprimámoslo, pero si suprimimos la Justicia volvemos a la ley de la selva, cada cual hace justicia por mano propia", señaló por la mañana en Radio Mitre.

"No hubo un diálogo entre nosotros sobre este tema, ni tampoco se habló en el acuerdo del martes, pero lo que expresó Argibay es la opinión que tenemos en la Corte; sería difícil que alguno de nosotros opinara distinto en este tema", aseguró ayer a Clarín uno de los jueces del tribunal. "Si no se van a cumplir los fallos, para qué están", aseguró.

El martes, el titular de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, Ricardo Recondo, fue más lejos y aseguró que la orden de Fernández significó "un golpe de Estado contra el Poder Judicial", mientras el Colegio de Abogados de la Ciudad habló de "gravedad institucional" y "conductas escandalosas". La actitud de Fernández, que consiguió abroquelar el espíritu de cuerpo de diversos ámbitos de la Justicia, ya le valió cuatro denuncias penales (Ver página 6).

Al referirse a la desobediencia del poder político, Argibay también incluyó el caso del ex procurador General de Santa Cruz, cuya restitución fue ordenada y luego reiterada por la Corte, sin que hasta ahora el gobernador Daniel Peralta haya hecho efectiva esta medida. La jueza mencionó que en la provincia de Santa Cruz, territorio del matrimonio Kirchner, la Corte ordenó reponer en el cargo al procurador general Eduardo Sosa "y todavía está esperando". "A Peralta por lo menos le doy el beneficio de la duda y creo que está tratando de hacer lo posible" para acatar la decisión, dijo. Pero "hace mucho tiempo que la provincia de Santa Cruz no cumple, no me importa el nombre de quién estaba a cargo", pero "es clarísimo que no se respetó la sentencia judicial", señaló.

Hace catorce años, en una decisión calificada de "inconstitucional", el entonces gobernador de esa provincia Néstor Kirchner destituyó a Sosa de su cargo.

Consultada sobre otros temas de actualidad, Argibay calificó como "un poco machista" al ministro de Educación porteño, Abel Posse, y aseguró que esa designación no le "entusiasma". La jueza dijo que, a su entender, Posse es "un poco machista en el sentido de que no está muy de acuerdo con los tiempos" y agregó: "hay resabios de no respetar la igualdad ante la ley que debemos tener todos los ciudadanos, cualquiera sea nuestro sexo u orientación sexual".

En la entrevista, Argibay volvió a advertir sobre la cobertura "histérica" de algunas noticias vinculadas a la inseguridad, y se refirió también al reciente fallo de la Corte sobre libertad sindical, donde se reafirman los derechos de los gremios que no tienen personería gremial, una medida que no cuenta con el apoyo de la CGT. "Se ponen cosquillosos como dice Fayt -en referencia a su colega, que habló la semana pasada- o quisquillosos, más bien diría yo, porque me parece que lo que tienen es temor de que algunos de estos fallos judiciales les recorte poder" concluyó la jueza.

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