Cambio cuestionado. Todo vale en la campaña electoral. Un afiche que circula en las redes sociales expone al ex UPAU Guillermo Castello en imagen junto al vicepresidente Amado Boudou y al titular de la AFIP, Ricardo Etchegaray. Faltaría Fernando Villaverde, íntimo de Etchegaray y socio o compañero de ruta del ex concejal, ex secretario de Gobierno y ex senador provincial Jesús Porrúa, quien afirma tutelar la pretendida candidatura de Nicolás Maiorano a diputado provincial. Todos ellos son viejos conocidos hoy fuera del presupuesto, con aspiraciones de retornar al esplendor de la caja pública. Lo de Castello es complejo, porque goza de la protección de la mismísima Elisa Carrió.

Unidos por el espanto. Finalmente, Gustavo Arnaldo Pulti ya está enmarcado en el FPV. Por más que intente parecer vecinalista, ya no da. Es “Cristinista” hecho, derecho imposible, y competirá con Carlos Cheppi por la definición de quién representará al Gobierno en esta lid. Pequeño tópico: en la PASO, los votos peronistas en MDP lucen bien apegados a la figura del Gobierno, y por más esfuerzos que haga Florencio Aldrey Iglesias, a Scioli no le va nada bien en esta urbe.

De secuestros. Trascendió y conmovió el secuestro de un hijo del empresario pesquero Baldino, por la brutalidad y comportamiento de los secuestradores. En cambio, no se ha publicado una línea del secuestro de un integrante de la familia De Dios, que posee empresa de repuestos eléctricos para el sector automotor. Fue un atraco definido por los investigadores como “muy profesional”, y se ha buscado bajarle el perfil por razones políticas. Lo secuestraron usando un Vento rural, vehículo poco frecuente, que apareció quemado detrás del Hospital Regional. El tema secuestros preocupa fuertemente de cara a las PASO, y hay especulaciones de todo corte sobre los grupos que actúan en este momento.

Interrogantes. Los que rodean la muerte de Atilio Canale, ayudante de fiscalía en Pinamar. El fiscal general Fernández Garello envió al fiscal Eduardo Amavet y funcionarios policiales a investigar. Hay datos fuertes que por razones políticas el fiscal general preferiría que no estén formalmente en el expediente. Todo apunta a una venganza. Un capítulo doloroso para la familia, y políticamente complejo para el Ministerio Público.