Tal como reza el dicho, a confesión de partes, relevo de pruebas: el texto que el Colegio de Martilleros y Corredores Púbicos que preside Miguel Ángel Donsini envió a algunos medios, señalando su apoyo total a la investigación y el repudio al accionar de la Liga de Compradores, le pone la frutilla a este amargo postre señalando «Gracias al material enviado por este colegio profesional la justicia ha podido avanzar en la causa».

Algo que no es tan así como se expresa enjundiosamente: se atribuyen un rol preponderante en la construcción de una causa que involucra a un grupo activo y público. Y digo grupo activo y publico, porque la verdadera matriz de la estructura delictual está integrada —o consentida— por actores relevantes del sistema tales como jueces, secretarios, el martillero designado en cada remate, el policía contratado para que «ayude a controlar y mantener el orden en el salón de la subasta» y, obvio es, como lo señala el comunicado, de los propios martilleros.

Un caso especifico es el que puso en foco el abogado Esteban Fraile en 2015. El remate en cuestión lleva por caratula “Sucesión Aballay Julian C/ Baeso Pedro S/ ejecución hipotecaria”, llevado adelante en el Juzgado Civil y Comercial nº 3, cuyo titular es Luis Benvenuto Vignola.

El día 21 de noviembre de 2015 se llevó a cabo el remate de marras. El juzgado nº 3 había llevado adelante la causa numerada 1323/09, es decir, el proceso controversial inició en el año 2009 y recién llegaba su máximum seis años después. Ese día, según relata Fraile en su denuncia, llega al Colegio de Martilleros y allí advierte la presencia de Julio Consorte, a quien él había denunciado en 2014 (una denuncia penal, que no tuvo ningún avance procesal), y que lo acompaña un individuo al cual él identifica como quien le quebró la quinta costilla en dicha ocasión. Según relata Fraile, todos los actores que habían perpetrado los hechos por él denunciado ante el fuero civil, penal, y el Colegio de Martilleros no sólo estaban allí, sino que continuaban dominando en el lugar.

Aquí es importante resaltar a un actor que no puede dejarse de lado: el fiscal Eduardo Amavet, quien permitió que prescribiera la denuncia de Fraile. Una más y no es sólo una mancha, es parte del mecanismo expuesto, aunque él no sea percibido como un actor expuesto. Es otra pata de este mecanismo que hizo posible que toda esta barbarie se perpetrara, con un daño inicialmente estimado en U$10 millones.

En el comunicado, el colegio que preside Miguel Ángel Donsini mismo afirma que «todo el material de la subasta quedaba a disposición del juzgado interviniente y a posteriori se comenzó a enviar al mismo». Ergo, nadie puede alegar que no sabía lo que ocurría a vista y cara de todos. Pero, posterior a su denuncia, Fraile le pidió las grabaciones de la subasta al presidente del Colegio en persona y Donsini se las negó, aduciendo que las mismas se destruían después de 15 días de efectuada la subasta.

Si no suben al escenario a todos los actores, la causa será otra charada, plagada sólo de algunos actores y un damero de partiquinos menores que no darán ni verdad, ni justicia.