Esa elección está fuertemente condicionada por el traspaso de la Justicia nacional a la órbita de la Ciudad que impulsa Horacio Rodríguez Larreta. La Magistratura tendrá un rol crucial en esa reconfiguración del Poder Judicial y es probable que uno de los jueces que se impongan en las urnas termine por presidir el organismo.

Por ahora sólo aparecen en carrera dos escuderías. Por un lado la lista que organiza el camarista del fuero Penal y Contravencional Marcelo Vázquez y por el otro el armado de la jueza de primera instancia Carla Cavalieri. La lista que se imponga colocará dos jueces en la Magistratura y la segunda tendrá el tercer lugar. Vázquez tiene el apoyo de sectores del PRO mientras que Cavalieri estaría cerca de contar con el respaldo del peronista Juan Manuel Olmos, que es otro de los armadores en la Justicia porteña ya que fue presidente del consejo.

Contienda

En elecciones anteriores se terminó conformando una lista de unidad luego de una negociación entre los competidores. Ese escenario ahora es más complejo porque la contienda sería reñida.

La semana pasada tuvo lugar un pre-plenario en la Magistratura que arrojó un final inesperado. El grupo referenciado en Daniel Angelici, mánager judicial del PRO, intentó reformular el sistema que regula la elección de jueces. La idea era que la junta electoral que controla la elección deje de ser la Asociación de Magistrados de la Ciudad y pase a ser el pleno de la Magistratura, que actualmente ese grupo controla. El segundo cambio consistía en que aquellos jueces o fiscales que estén de licencia por prestar funciones en otras áreas del Estado también estén facultados para votar. Según quien los cuenta oscilan entre 8 y 10 votos (algunos de los casos más visibles son Santiago Otamendi, que se desempeña como secretario de Justicia, Carlos Balbín, que es procurador del Tesoro, y Javier Buján, actualmente destinado en el INADI), pero que pueden ser claves en una elección de 172 voluntades y que además ofrece algún grado de abstencionismo. 

Ante la propuesta del titular del cuerpo colegiado, Enzo Pagani, hubo un rechazo casi automático por parte de los tres jueces que actualmente integran el plenario, a quienes se sumaron los abogados Carlos Más Vélez (cercano a la UCR porteña) y Juan Pablo Godoy Vélez. Estos últimos señalaron que no votarían a favor de que sufraguen los funcionarios con licencia porque todos ellos se desempeñan en las diferentes administraciones del PRO, desde Nación hasta Ciudad. Esta posición devino en que la reforma propuesta no llegó a discutirse formalmente. 

En las últimas semanas Angelici giró en su táctica respecto de esta votación porque en un principio había dado directivas al ministro de Justicia porteño, Martín Ocampo, para que éste explore la posibilidad de armar una tercera lista. Sin embargo, ahora el boquense está más cerca de apoyar a Vázquez, quien ya tiene el guiño del ministro Germán Garavano. 

Tampoco se trata de giro absoluto para Angelici. En el último cumpleaños de Vázquez el boquense estuvo entre los comensales y hace dos fines de semana se celebró un asado para continuar estrechando lazos.

Ocurre que para Angelici, ya trasformado en uno de los operadores judiciales vip del Presidente, el traspaso de la Justicia a la Capital encierra una oportunidad en el fuero penal. Esto porque se encuentra más cerca de la idea de que en esa rama de la Justicia más que traspasar jueces y juzgados, sólo se deberían traspasar competencias y alcances. Serían decenas de cargos nuevos a cubrir y cuyo trámite tendría lugar en la Magistratura de la Ciudad.

Esa doctrina encierra además la posibilidad de que todos los jueces nacionales terminen al mismo nivel que los doce jueces federales de Comodoro Py. Los jueces nacionales de la Capital desde ya que tienen interés (lo ven como un ascenso, en cambio pasar a la Ciudad es un dolor para su amor propio) y a un sector del Gobierno también le agrada la idea porque se traduce en licuar la influencia de los magistrados con despacho en Retiro.

En cambio el jefe de Gobierno, Rodríguez Larreta, está más cerca de la idea original, que es traspasar competencias, juzgados y fondos desde Nación, para lo cual se requiere primero aval de la Legislatura y del Congreso.