La Magistratura, al tope de la agenda en el Congreso

Conformada la agenda parlamentaria entre los jefes de bloque de Diputados, el oficialismo se prepara con una estrategia que incluye concesiones en cuestiones cerradas a la discusión hasta la derrota electoral, como la revisión de los superpoderes, las retenciones a las exportaciones de granos, el INDEC o la asistencia social. Y uno de los temas más ríspidos, la reforma del Consejo de la Magistratura, ya genera debate y diferentes posiciones sobre su composición.
Eduardo Fellner -presidente de la Cámara Baja- y Agustín Rossi -jefe de la bancada oficialista- aceptaron el debate sobre el tema.

Con la actual composición del Consejo (de los 13 integrantes, cinco responden al kirchnerismo), el oficialismo se asegura el poder de veto para las cuestiones más significativas, dado que se requiere una mayoría especial de dos tercios para decidir la acusación de un juez o para aprobar las ternas de candidatos para magistrados que se envían al Ejecutivo.

Forzado a ceder ("o lo cambiamos ahora o lo cambian después de diciembre", admitió un diputado leal a la Casa Rosada), el kirchnerismo apunta a no devolverle la preponderancia al sector judicial. "Todos los planteos serán analizados, pero no vamos a avanzar en ninguno que pretenda la complicidad con la corrupción judicial", aseguró Diana Conti, diputada K e integrante del Consejo.

La oposición coincide en terminar con ese poder de veto, pero tiene diferentes posturas sobre la nueva conformación. La UCR propone agregar dos miembros: un académico y un abogado, sin que la Corte recupere la presidencia. "Estamos a favor de un Consejo plural que garantice la actividad de los jueces y a la vez, los controle y sancione", fijó posición Ernesto Sanz, titular del bloque de senadores y vicepresidente del Consejo.

En plena definición de sus proyectos, el PRO y la Coalición Cívica se inclinan a dejar la presidencia en manos de la Corte. Uno de los proyectos del primer espacio, de la diputada Paula Bertol, propone sumar un abogado, un académico y restarle cuatro representantes al poder político.

"Defendemos la república y eso incluye la independencia de la Justicia. El organismo que la controla debe tener equilibrio y competencia", aseguró Fernando Sánchez, de la Coalición, espacio que le da los últimos retoques a un proyecto ya presentado por la diputada Marcela Rodríguez, miembro del Consejo hasta que se eliminó la representación para la segunda minoría. Los integrantes serían otra vez 20, con la incorporación del presidente de la Corte, tres abogados, dos legisladores (para la tercera minoría) y un académico.

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