"Es un mafioso"

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, afronta dos pedidos de juicio político acusado de interferir el accionar de la Justicia y proteger a la "mafia de los medicamentos". Patricia Bulrich lo calificó de "patotero", y Elisa Carrió como "mafioso del Conurbano".
Con la contundencia que la caracteriza, Elisa Carrió fue con todo contra el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. "Es un mafioso del Conurbano bonaerense, a cuyos militantes les gusta poner a las personas en el freezer", disparó ayer la diputada, y luego aclaró: "Matarlas primero, después ponerlas en el freezer".

La líder de la Coalición Cívica se rió de las calificaciones que el propio Fernández usa contra ella. "A mí cuando me dice ‘Carrió tiene los patitos desalineados’, casi lo amo al mafioso, es un agravio que me parece divino, y ‘pirucha’ también, esos agravios son copantes", comentó.

Menos graciosa estuvo la diputada Patricia Bullrich al expresar que "lo inadmisible es que tengamos al patotero Fernández como jefe de Gabinete y que utilice a la Policía Federal casi como una fuerza privada de sus designios. Ya lo hizo cuando fue el conflicto de aeronavegantes y cuando le quiso llevar la apelación a la jueza María José Sarmiento". Bullrich señaló que de este modo "la Policía Federal está siendo usada en distintas oportunidades como guardia de acero del jefe de Gabinete".

Lo cierto es que Aníbal Fernández afronta hoy dos pedidos de juicio político por parte de la oposición. El primero fue presentado a comienzos de semana, en forma conjunta, por parte de la UCR, el Justicialismo disidente, la Coalición Cívica y el PRO por presunto "avasallamiento" del Poder Judicial en los casos relacionados con el gremio de los Aeronavegantes y con la jueza María José Sarmiento, que actuó en el tema de la remoción de Martín Redrado del BCRA.

Fue uno de los referentes del PRO, Federico Pinedo, quien fundamentó la iniciativa diciendo que "lo increíble es que Aníbal Fernández le diera instrucciones a la Policía para que no cumpliera las órdenes de la Justicia, alegando que eran inconstitucionales los fallos".

En el primer caso, Fernández ordenó que la Policía incumpliera el fallo de un juez que había dispuesto un desalojo. El jefe de Gabinete dijo que había decidido desobedecer la orden por inconstitucional.

En el segundo lo acusan de haber ordenado apostar un patrullero frente al domicilio particular de Sarmiento, algo que ella no había pedido, como un gesto de intimidación. Ese día un subcomisario tocó timbre en la casa de la jueza y le dijo que el jefe de Gabinete y la presidenta Cristina Kirchner le mandaban la apelación.

El segundo pedido de juicio político lo comenzó a impulsar este viernes Carrió, rodeada por los diputados de su bloque. Es por "mal desempeño y delitos en el ejercicio de sus funciones" vinculados con el triple crimen de General Rodríguez, el tráfico de efedrina y la denominada "mafia de los medicamentos".

Para Carrió, "al mantener en su cargo al jefe de Gabinete, la Presidenta de la Nación está garantizando la impunidad y el encubrimiento de una estructura mafiosa".

"El triple crimen de General Rodríguez, vinculado con el tráfico de efedrina y más estrechamente con la denominada ‘mafia de los medicamentos’, son un capítulo más en la historia de los aportantes destinados a solventar la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Estamos ante una trama mafiosa de característica escandalosa", acusaron.

Desde la Coalición Cívica bonaerense realizaron pesquisas sobre la acción de investigación con crímenes vinculados al narcotráfico, como los ocurridos en el Unicenter de Martínez en 2008, cuando asesinaron a dos colombianos, y el crimen del boliviano en Quilmes. Según concluyen, con este último asesinato se vincula al ex intendente Sergio Villordo "uno de los hombres al que Aníbal Fernández ayudó a llegar" a ocupar ese cargo.

También le imputaron a Fernández "el vaciamiento del Sedronar", organismo que combate el narcotráfico. Expresaron que el funcionario desde que asumió junto a Néstor Kirchner "siempre se preocupó por ejercer un control personal y permanente del Renar (registro de armas) y el Sedronar", organismos que dependieron de Fernández cuando era ministro del Interior, luego de Justicia y ahora como jefe de Gabinete.

Los dirigentes de la CC agregaron a su presentación la opinión de un grupo de 80 jueces y magistrados nacionales y federales que denunciaron que "la oferta y demanda de drogas registra niveles sin precedentes", y afirmaron que "en muchos casos las bandas recibieron protección política, administrativa y judicial".

A todo esto, la presidenta Cristina Fernández respondió en una conferencia de prensa que "se trata de chicanas políticas". Mientras, el líder piquetero Luis D’Elía dijo que en unos años "Carrió se va a retractar" de sus dichos sobre Aníbal Fernández.

Comentá la nota