Mafia de los remedios: descubren más aportes sospechosos a la campaña K

Se trata de depósitos cash en una cuenta de un empresario que financió al FPV.
Un explosivo informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) revela nuevos y sospechosos movimientos millonarios de dinero alrededor de la campaña electoral de Cristina Kirchner del 2007.

El más dudoso es una serie de aportes en efectivo por un total de $ 2.800.000 que Néstor Lorenzo, titular de la droguería San Javier y detenido en la causa por la mafia de los medicamentos, hizo entre octubre y noviembre del 2007 en su cuenta corriente en un banco privado de primera línea, revelaron a Clarín fuentes judiciales. Las elecciones presidenciales fueron el 28 de octubre de ese año.

Lo que llama la atención a los investigadores es que el depósito haya sido en efectivo y no con cheques como es la práctica usual entre empresas. Esta característica se vincula con las versiones según las cuales parte del financiamiento de la campaña K del 2007 habría provenido de fondos reservados de la SIDE. Esta plata negra luego habría sido blanqueada por testaferros de Lorenzo que hicieron donaciones en cheques a la campaña K.

Precisamente, esa versión la investiga la jueza electoral María Servini de Cubría (página 17).

El informe que se encuentra en la unidad fiscal antilavado a cargo del fiscal Raúl Pleé y otros fiscales y jueces que intervienen en la causa de la mafia y sus conexas destaca como sospechosos, por ejemplo, tres cheques aportados por Carlos Torres, el testaferro de Lorenzo, al Frente para la Victoria y a un sindicato de periodistas por 325.000, 696.000 y 320.301 pesos, respectivamente. Torres es un monotributista que gana 3 mil pesos mensuales en promedio y en el 2007 firmó un acuerdo con el gobierno de Hugo Chávez para tratar de venderle un laboratorio biotecnológico.

Estos y otros movimientos fueron informados en Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por distintos bancos a la UIF luego de un artículo de Clarín que a fines del año pasado alertó sobre estos aportes irregulares.

Fuentes allegadas a la defensa de Lorenzo consultadas por este diario negaron cualquier tipo de hecho irregular y destacaron que el empresario, hasta ahora, nunca fue citado a declarar en la causas en que se investigan los aportes de campaña.

El informe también destaca un circuito de pago de cheques que salían de la Obra Social Bancaria, que dirige Juan José Zanola y es otros de los procesados detenidos en el caso, pasaban por las cuentas de la droguería San Javier y los terminaba cobrando en efectivo Ibar Esteban Pérez Corradi, un acusado de narcotráfico que la DEA pidió extraditar a EE.UU. para juzgarlo por narcotráfico.

Pérez Corradi hasta el 2002 fue empleado del Banco Nación, luego figuró como administrativo de la droguería Seacamp del asesinado Sebastián Forza en el Triple Crimen y en los últimos años circulaba con un Audi A3 (valuado en 335.000 pesos), un BMW descapotable (108.000) y una Dodge Ram (765.000). "Pérez Corradi realizó acreditaciones en su caja de ahorros no vinculada con su actividad comercial", agrega el informe.

En su declaración indagatoria ante el juez Oyarbide, Lorenzo admitió que le había pedido financión a Pérez Corradi. "Le debemos casi 3 millones de pesos. Yo le pagué a Forza y Forza a Pérez Corradi", destacó Lorenzo.

En la parte de las conclusiones, el informe de la UIF señala que estos y otros movimientos "revisten característica sospechosas" que podrían encuadrarse como el delito de lavado de dinero y que muchas fueron realizadas sin un sustento de actividades económicas reales por detrás. Para los técnicos de ese organismo los involucrados en la maniobra podrían ser "una misma unidad económica". A estas conclusiones se llegó sin analizar los movimientos que Lorenzo, un contador especializado en finanzas, hizo a través de la cooperativa de vivienda trucha Vernet, que es una verdadera caja de Pandora.

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