Mafia de remedios: cayó Zanola y buscan a un ex funcionario

Mafia de remedios: cayó Zanola y buscan a un ex funcionario
El histórico dirigente sindical fue detenido en Recoleta. También apresaron a su mujer y al empresario Lorenzo, ligado al crimen de Forza y aportante de la campaña de Cristina. Pidieron la captura de un ex subsecretario de la Provincia.
El histórico secretario general del gremio bancario, Juan José Zanola, fue detenido ayer acusado de liderar una asociación ilícita dedicada a distribuir medicamentos adulterados o vencidos. También fue detenida su pareja, Paula Aballay, a quien había puesto al frente de la obra social bancaria, y otras cinco personas, entre ellas, el empresario Néstor Lorenzo.

Las detenciones fueron ordenadas por el juez federal Norberto Oyarbide en la causa que investiga a la denominada mafia de los medicamentos. La pesquisa es tan voluminosa que ya lleva más de dos años, tiene a quince detenidos y más de media tonelada de papeles y documentos secuestrados en 240 allanamientos.

Los procedimientos simultáneos, a cargo del comisario Néstor Roncaglia, de la Policía Federal, se iniciaron a las 6 de la mañana. A las 6.15 ya estaban detenidos Lorenzo, su secretaria, María Victoria Berisso, sus socios Sergio Blanco y Carlos Torres y la segunda de la pareja de Zanola en la obra social, Susana Graciela Fionna. Esta mujer es la que fue insultada por trabajadores de la obra social cuando el Gobierno decidió intervenirla, hace dos meses y medio.

Las detenciones de Zanola y su pareja, Paula Aballay, se hicieron recién a las 7 porque ninguno estaba en el domicilio que habían declarado en la causa, en el barrio de Villa Lugano. La Policía tenía otro equipo frente a otra vivienda usada por el sindicalista, un lujoso departamento en el barrio de La Recoleta. Cuando vieron a su chofer supieron que estaba ahí.

Los policías esperaron a que Zanola saliera del edificio y lo detuvieron junto a Aballay en la vereda de la calle Quintana, a pocos metros de Libertad, a una cuadra y media de la Embajada de Francia y otro tanto de la sede del Jockey Club. Zanola lidera el gremio de los bancarios desde la dictadura militar, hace ya 27 años.

Lorenzo es el titular de la droguería San Javier, la misma que apareció vinculada a las víctimas del triple crimen del año pasado en General Rodríguez, y en su casa se encontraron fotocopias de cheques aportados a la campaña presidencial de Cristina Kirchner por un total de un millón de pesos. Ahora habría nueva prueba que lo vincula con Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen. Hace tres meses lo detuvieron pero fue liberado a los pocos días.

Oyarbide había ordenado una octava detención, la del ex subsecretario de Control Sanitario bonaerense Alberto Costa, pero en su casa de Ensenada sólo estaban su esposa y sus hijos. "No han culminado las detenciones", dijo el juez a media mañana. Oyarbide libró entonces una orden de captura contra Costa.

El ex funcionario ya había sido eximido de prisión dos meses atrás, pero como pasó con Lorenzo, las nuevas pruebas lo complican. Ayer, su abogado volvió a pedir la eximición, lo que seguramente hoy rechazará Oyarbide. Costa había perdido su cargo cuando se supo de sus contactos con Lorenzo.

En Tribunales guardan con recelo las pruebas que hay contra los detenidos. Es más, la causa está en un extendido secreto de sumario y ni los propios imputados saben qué hay contra ellos. La duda se la sacarán mañana, cuando sean llevados a declarar. Fuentes vinculadas al caso dijeron a Clarín que Oyarbide apunta a relacionar esta mafia con el triple crimen de General Rodríguez.

Fuentes judiciales recordaron que en un allanamiento realizado en el Policlínico Bancario se encontraron medicamentos vencidos y adulterados. Además, las escuchas telefónicas complican a varios de los implicados, por ejemplo a Zanola, Lorenzo y Costa. Ayer la Justicia se incautó de más pruebas, como medicamentos con envases adulterados, celulares y computadoras. Primero, se investigó el tráfico ilegal de medicamentos destinados a planes oficiales, luego el robo de medicinas y su adulteración. Ahora también una estafa al Estado con las historias clínicas de pacientes nunca medicados pero por los que La Bancaria cobró reintegros. En definitiva, una asociación ilícita.

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