Mafia de los medicamentos: hallan remedios enterrados en el Bajo Flores

El juez federal Norberto Oyarbide reveló que en varios allanamientos realizados en Capital Federal se encontró una cantidad "enorme" de mercadería vencida.
La investigación de la mafia de los medicamentos avanza. El juez federal Norberto Oyarbide, quien tiene a su cargo esta causa, reveló esta mañana que en una serie de allanamientos hechos en Capital Federal se encontraron depósitos con importantes cantidades de remedios vencidos.

El magistrado explicó que ayer se llevaron a cabo operativos en cuatro cooperativas vinculadas con la droguería San Javier –presidida por el empresario Néstor Lorenzo, quien está siendo investigado por la adulteración y falsificación de remedios-.

Según reveló, se descubrieron "depósitos increíbles por su volumen", donde se ocultaban remedios vencidos. Y agregó que, incluso, en un operativo realizado en el Bajo Flores "los delincuentes pretendieron esconder los medicamentos bajo tierra".

Asimismo, destacó que también se encontraron "unos papeles negociables que habrían sido usados por Lorenzo para canalizar el dinero procedente de las obras sociales a nombre de terceras personas" lo que permitía "esconder" el "comportamiento ilegal".

"Todos estos papeles han generado la necesidad de que le dé una nueva intervención al fiscal para que requiera ahora por lavado de dinero a Lorenzo", continuó el juez.

En este sentido, la Unidad de Información Financiera (UIF) investiga si dos aportantes a la campaña electoral de Cristina Kirchner en 2007 lavaron dinero sucio. Los dos están vinculados con el empresario Lorenzo.

El Banco Santander le elevó a la UIF, que depende del ministro de Justicia, Julio Alak, un reporte de operaciones sospechosas por los cheques que giraron Carlos Torres por 710 mil pesos y César Pose por 310 mil pesos, revelaron a Clarín dos fuentes judiciales.

El Banco Santander cumplió así con la ley contra el lavado de dinero que lo obliga a informar operaciones sospechosas a la UIF de clientes dudosos por más de 10 mil dólares. Sucede que Torres y Pose, quienes serían un testaferro y un conocido de Lorenzo, respectivamente, son monotributistas sin antecedentes económicos como para hacer un donación de esa magnitud.

Se trata de dos cheques. Uno emitido el 18 de octubre del 2007 y otro el 22 de ese mes, es decir 6 días antes de las elecciones presidenciales.

Los remitos por esos cheques emitidos por el Frente para la Victoria (FPV), más un tercero por 310 mil pesos de Global Farmacy de Gabriel Brito, fueron encontrados en el domicilio de Lorenzo durante un allanamiento.

Con el reporte de operaciones sospechosas la UIF puede hacer dos cosas: archivar el caso o hacer una denuncia penal ante el fiscal de la Unidad Antilavado, Raúl Pleé. Además, la denuncia podría terminar yendo también a la causa que investigan la jueza electoral María Servini de Cubría y el fiscal Jorge Di Lelo sobre supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña de Cristina.

Paralelamente, Oyarbide envió a Servini de Cubría la parte de las escuchas telefónicas de la SIDE en que Lorenzo habla con el ex superintendente del Servicio de Salud y recaudador de la campaña de Cristina, Héctor Capaccioli, de esos problemas. En las mismas grabaciones aparece después una conversación entre Lorenzo y Brito, quien figura en la rendición de gastos del FPV como aportando 310 mil pesos. A Brito ya le habrían hecho firmar un documento en una escribanía afirmando que esa plata era suya pese a su difícil situación financiera en el 2007.

Pero las relaciones políticas de Lorenzo no se agotan en estos aportes sospechosos. El senador provincial y aliado de la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, Santiago Nardelli, denunció ayer ante el juez Oyarbide que Lorenzo manejaría una mesa de dinero.

En un escrito, Nardelli sostuvo que Lorenzo se presentó el año pasado en una licitación ante el PAMI y entregó como garantía una declaración jurada de bienes en la que asegura ser el dueño del 82 por ciento de la droguería San Javier (valuada en 13 millones de pesos), Multipharma (2.200.000 pesos) y Vernet Cooperativo de Crédito, Vivienda y consumo (1.600.000).

Por un lado, es una práctica común en las mesas de dinero usar cooperativas para cobrar cheques y eludir así el impuesto al cheque. Por otro, el domicilio de Vernet es 25 de mayo 293, piso 2, es decir cuatro pisos abajo del ex consultado de Guinea Biseau donde funcionaba una "cueva financiera". Las oficinas de Vernet fueron allanadas anoche.

Ese consulado fue allanado en junio por el juez en lo penal económico Javier López Biscayart y se descubrió que la mesa que allí funcionaba manejó cheques de Sebastián Forza, el empresario asesinado en el Triple Crimen de General Rodríguez, que también aportó dinero a la campaña K: $ 200 mil e hizo negocios con Lorenzo.

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