Hace una semana, nada más, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación confirmó las condenas contra siete integrantes de la llamada "Mafia del Oro", el grupo criminal de guantes blancos que, con asesoramiento de un importante funcionario del gobierno nacional y bajo las órdenes de dos financistas activó, entre noviembre de 1993 y enero de 1995, un complejo sistema de estafas contra la Dirección General Impositiva (DGI), de la AFIP . Así, concretaron decenas de engaños y falsificaciones para obtener ganancias ilícitas que alcanzaron al menos los US$19.715.995, según consta en el expediente.

"La cantidad de años transcurridos desde la comisión de los graves delitos referidos pone en evidencia la necesidad de un replanteo acerca del modo en que deben extremarse los mecanismos con los que cuentan los organismos estatales para la detección oportuna de este tipo de delitos y, asimismo, las herramientas con las que cuenta el Poder Judicial para lograr una justicia más eficaz", sostuvo el presidente de la Sala IV de Casación, Mariano Hornos.

 

 

Tanto los siete delincuentes con sentencia firme reciente como los dos jefes de la banda - Enrique Piana y Miguel Seligmann, condenados en 2014- simularon la exportación de inmensos cargamentos de metales preciosos a los Estados Unidos. En ese país fingían ser los compradores de la misma mercadería. Y luego -en la etapa final de la estafa, de nuevo en la Argentina- cobraban un reembolso de impuestos que el gobierno impulsaba para fomentar las exportaciones. Según información judicial a la que accedió LA NACION, "crearon fraudulentamente créditos en perjuicio del Estado, aprovechándose de otros estímulos o beneficios fiscales previstos en la ley del impuesto al valor agregado".

Los informes judiciales sobre este grupo criminal describen la complejidad del sistema de fraude; para concretar las estafas los delincuentes tuvieron que encarar, por ejemplo, la confección de facturas apócrifas, además de la falsificación de formularios de la DGI y de declaraciones juradas, notas, carpetas, documentos aduaneros y permisos de embarque, con el objetivo final de activar determinados procedimientos administrativos tributarios.

Al respecto, la causa señala: "Esta asociación ilícita se formó en derredor de diversas empresas nacionales y extranjeras cuyos giros comerciales facilitaron la planificación y ulterior ejecución de sus plurales planes delictivos. Al mismo tiempo, las estructuras societarias de algunas de esas empresas habrían de ser utilizadas como ropajes jurídicos".

Al confirmar las condenas, Casación afirmó que los delitos cometidos por la Mafia del Oro forman parte de "una clase gravísima" que "además de socavar los cimientos del Estado de Derecho afectan seriamente su orden económico y financiero, y sus consecuencias producen efectos insidiosos que trascienden a la sociedad en su conjunto". Estas maniobras delictivas tienen un alto impacto en el orden democrático y en el orden institucional", dijo Hornos.

 

Estas maniobras delictivas tienen un alto impacto en el orden democrático y en el orden institucionalGustavo Hornos - Juez, presidente de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal

 

El camarista afirmó: "No puede sostenerse una mirada ingenua respecto de la real dimensión que tienen los graves hechos de corrupción cometidos contra el Estado, considerando que especialmente en las naciones en vías de desarrollo, la institucionalidad y el Estado de Derecho se encuentran en crisis por la gravedad de esos actos, que se llevan a cabo tanto en el sistema político como en el sector privado".

Los dos líderes visibles de la Mafia del oro", Piana y Seligmann, presidente y vice de la financiera Casa Piana, fueron condenados en febrero de 2014 a 8 y 3 años de prisión, respectivamente. Los acusaron de 19 hechos de "defraudación a la administración pública y asociación ilícita".

Vínculos políticos

Una calificada fuente con acceso a la causa destacó a LA NACION entre todos los integrantes del grupo delictivo condenados la participación de Guillermo Jorge Campbell, exsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, designado el 21 de marzo de 1994, "durante la perpetración de las maniobras", según se detalla en el expediente. Sobre Campbell, los documentos judiciales explican: "Contaba, por entonces, con contactos y ascendencia especiales en ciertos ámbitos gubernamentales, lo cual fue considerado un atributo que resultaba funcional a la operatividad de los plurales planes delictivos".

Tal vez sea este el motivo por el cual, 24 años después del comienzo de la investigación, y a pesar de las condenas, algunos de los que tuvieron relación con el caso rechazan hablar de él. Una calificada fuente del caso rechazó, directamente, responder a las preguntas de LA NACION.

 

 

En Puerto Vallarta, México, estaba montado el cuartel general del grupo criminal. La Justicia probó que se concretaron reuniones en Princeton y Key West, Estados Unidos. En la Argentina, las oficinas de la empresa medular de los fraudes funcionaron en el piso 11 del edificio situado en Avenida del Libertador 602. Sobre este inmueble, los informes describen: "En definitiva, en Casa Piana SA Campbell tuvo un concreto y efectivo campo de acción como integrante de la asociación ilícita".

Campbell tenía "un alto grado de conocimientos en materia de comercio exterior", se señaló.

Los documentos judiciales señalan que Campbell tenía "un alto grado de conocimientos en materia de comercio exterior"

Además de Piana y Seligmann, la Justicia argentina condenó a Campbell; a Carlos Axel Augspach, presidente de Refinerías Riojanas SA y de la firma extranjera Handy y Harman; a Mario Jorge Grinschpun, socio y gerente de Express SRL y despachante de Aduana; a Edgardo Enrique Roggenbau, presidente de Casa Eise SA; a Luis Eduardo Riccigliano, socio gerente de Rodhio SRL; a Marcelo De Laurentis, presidente de Dallas Instrumentos SA, y a Alberto Giusti, presidente y accionista de Tecnometal SA y accionista de Romaer SA.

En cuando a cómo fue descubierto este sistema de estafas, los informes judiciales destacan que los criminales hicieron "errar a la DGI" -que debía transferir el dinero en efectivo- "y como consecuencia de ese error el ente recaudador incurrió en distintos actos que importaron una indudable disposición patrimonial perjudicial para el Estado Nacional [...] Los fraudes perpetrados fueron advertidos como consecuencia de las verificaciones desplegadas por la DGI sobre las empresas".

Intimidaciones y conmoción

El 22 de julio de 1996 fue salvajemente atacada en la ciudad bonaerense de Pilar la hermana de Pablo Lanusse, el primer funcionario judicial que tuvo que lidiar con la Mafia del Oro cuando estaba en la Fiscalía Federal Nº 10.

Un hombre encapuchado -que portaba una pistola- subió intempestivamente al auto de la mujer y le ordenó que se desviara de su camino tradicional y condujera hasta un descampado. Allí, según el relato de Patricia Lanusse de Rawson, el criminal la intimó a que se flagelara en el rostro con un objeto punzocortante. Debía grabarse en la frente la palabra "oro": "¡Fuerte! ¡Te tiene que sangrar!", le decía, impiadoso.

Este ataque fue el más grave, aunque no fue ni el primero ni el último. Casi cinco meses antes, el 5 de febrero de 1996, un criminal interceptó con una motocicleta al fiscal Lanusse y en plena calle lo atacó con una navaja. Luego, el 3 de julio de 1996, tres hombres con escopetas amenazaron a un custodio de la familia del fiscal.

 

 

"Situaciones como las que padezco desde que me hice cargo de la causa y la cobarde agresión contra mi hermana agravian a la democracia y a la República. Los médicos que atendieron a Patricia en la Clínica del Sol dijeron que nunca habían visto nada igual. Tenía heridas en todo el cuerpo", dijo Lanusse a LA NACION durante aquellos días.

El 20 de diciembre de 1996, Lanusse decidió dar un paso al costado. "Creo que la mafia no ganó. A pesar de todas las amenazas y las agresiones que sufrió mi familia, seguí adelante con el caso hasta que se pidieron las 62 indagatorias y los embargos para los imputados", dijo el funcionario judicial, al explicar su solicitud de traslado -pasó a una fiscalía correccional- por el "cansancio físico y anímico" y la "angustia" que le habían producido los ataques y las interminables amenazas telefónicas.