Esta mañana comienza una complicada negociación del gobierno de la provincia de Buenos Aires con los 550.000 empleados estatales, incluidos los maestros, e instala la tensión salarial entre la demanda sindical cercana al 35% y las limitadas posibilidades presupuestarias de la administración bonaerense.

La gobernadora María Eugenia Vidal cuenta con apenas tres semanas para acordar la pauta salarial de este año. Su margen es antes del lunes 29, cuando deberían empezar las clases. Como todos los años, los maestros marcan la tendencia de aumento en toda la administración pública y desde 2010 adoptaron la huelga por fracaso en la discusión paritaria.

Por eso, a las 10, las charlas formales comienzan con el Frente Gremial Docente y Udocba. La gobernadora instruyó disponer “la mejor oferta posible”. Por ahora, esa definición no representa números. Vidal aguardará el cierre de la paritaria docente nacional antes de firmar incrementos en Buenos Aires.  Los gremios docentes nacionales reclamaron el 27 de enero que el salario mínimo inicial se defina entre 8.500 y 9 mil pesos, un 35% en promedio.

Una referencia es la franja de entre el 20% y 25% que mencionó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

Es la proyección prevista por el gobierno nacional, aunque el funcionario fue corregido por Marcos Peña: “Las paritarias son libres”, explicó el jefe de Gabinete.

“Vamos a escuchar la inquietud de las demandas para encontrar una diagonal entre esas pretensiones y los recursos disponibles”, dijo a Clarín el ministro de Economía provincial, Hernán Lacunza.

 ¿Cuál es ese equilibrio en porcentajes? Lacunza menciona que Vidal les sugirió “poner sobre la mesa la mejor oferta posible, aunque sin hipotecar finanzas”. No arriesgan cifras para evitar reacciones al inicio de un tironeo inevitable.

Los gremios ya tienen una rampa de negociación. “Vamos a defender la pérdida real del poder adquisitivo que está en el 35% y 40%, sin contar el impacto que puede tener el tarifazo (en el servicio eléctrico) que se anunció”, adelantó Hugo Yasky (CTA).

Roberto Baradel, secretario general del Suteba, alineado en la central obrera de Yasky, propuso además la alternativa de un “desdoblamiento” de la discusión salarial en febrero y en mayo.

Este sector reclama que el sueldo del maestro “no puede ser inferior a los 10.000 mil pesos”. Representa una suba del 40%. Buenos Aires no puede afrontar ese compromiso. En diciembre pidió ayuda de emergencia a Mauricio Macri para pagar sueldos y aguinaldos.

 Baradel advirtió que “tiene que haber un aumento que implique recuperar poder adquisitivo ahora y volver a sentarse en mayo para monitorear el tema de la economía”. En ese marco, sostuvo que “las consultoras afines al gobierno hablan de una expectativa de inflación del 35 al 40%, o más del 40%” y advirtió, en ese sentido, sobre “contradicciones” en el oficialismo.

La Provincia consume 15.000 millones de pesos para los haberes mensuales de la plantilla de personal. Un reacomodamiento salarial, como el reclamado por los gremios, representaría una erogación que no podría ser afrontada con recursos propios (16.000 millones de recaudación mensual). Y el gobierno nacional, a excepción de la coparticipación federal, no podría girar un auxilio para marzo y para todo el 2016.

 Hoy, sobre estos condicionamientos, autoridades y sindicalistas tratarán el avance dificultoso al acuerdo. Detrás de los maestros van con sus cuentas ATE, UPCN, Fregepba, con Judiciales y organismos descentralizados. La Policía y el Servicio Penitenciario quedan al final del camino negociador.