Por Daniel Lozano

CARACAS.- El chavismo aprieta las tuercas políticas en busca de la asfixia de la Asamblea Nacional, a la que embiste por todos los ángulos posibles. En sólo una semana le cortó la luz al Palacio Legislativo, limitó todavía más la entrega de fondos estatales, dejó sin sueldo a sus empleados y, lo que es peor, redobló los ataques contra su independencia para alcanzar el desconocimiento total del Poder Legislativo.

A la cabeza, y sin disimulo, Nicolás Maduro, quien ha llegado a amenazar públicamente al presidente de la Asamblea, el opositor Henry Ramos Allup, a quien califica de "energúmeno de la oligarquía". El "hijo de Chávez", siempre un paso más allá en sus exabruptos, comparó al dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) con el Picure, el delincuente más famoso de Venezuela, abatido anteayer luego de meses de búsqueda.

El primer mandatario emitió ayer un nuevo decreto contra el Parlamento, amparado en la "emergencia económica" impuesta por el Tribunal Supremo pese al voto negativo de los diputados. Con esta medida, Maduro ordena que las mociones de censura contra su vicepresidente o contra sus ministros sean restringidas o diferidas.

La reacción presidencial tiene lugar tras la censura aprobada la semana pasada en el hemiciclo contra el general Rodolfo Marco Torres, ministro de Alimentación, uno de los principales culpables, según la oposición, de la devastadora crisis de escasez de alimentos que sufre Venezuela.

Según el gobierno, esta moción está basada en "hechos desvirtuados, con una indudable motivación política", cuyo objetivo es imponer un modelo económico diferente del chavista actual. La Constitución dicta que un ministro censurado por el Legislativo debe ser cesado por el presidente.

Maduro no se ahorra epítetos en su último decreto contra la Asamblea, "compuesta por una mayoría burguesa circunstancial opuesta al orden constitucional", capaz de cometer "desatinos" para propiciar un clima de confrontación.

La MUD reaccionó de inmediato para aclarar que esta iniciativa viola la Constitución. "El gobierno es tan ruin que para negar que existe una crisis humanitaria rechaza la ayuda internacional de alimentos y medicinas y prefiere que el pueblo muera", contraatacó Ramos Allup.

Mientras Maduro ataca al Poder Legislativo desde el Palacio de Miraflores, sus diputados continúan con la labor de zapa emprendida en enero pasado, con la intención de desconocer al Parlamento.

El oficialismo se retiró de todas las comisiones creadas en la Asamblea para acudir al Tribunal Supremo y que éste declare nulas las sesiones.

"A los diputados del Bloque de la Patria nos ha tocado constituirnos en camisa de fuerza ante las locuras de la derecha", reseñó Pedro Carreño, uno de los jefes de la bancada chavista, tras solicitar un amparo cautelar al Supremo.

Desde las elecciones del 6 de diciembre pasado, el máximo órgano judicial se convirtió en el martillo revolucionario para aplacar cualquier iniciativa de la nueva mayoría, con una decena de resoluciones que atacan su independencia.

Venezuela, que sufre una severa crisis económica y social, observa cómo la diatriba política se ha convertido en un ping pong donde el equipo más poderoso utiliza a los árbitros a su antojo pese a que tiene el público en contra. Según la última encuesta de Datanálisis, la aprobación de Maduro cayó a un 26,8%, la peor en la que va del año.

Atenta a lo que sucede en el país está la Organización de los Estados Americanos (OEA), que hoy reúne a su Consejo Permanente en sesión extraordinaria a petición de Venezuela.

Hace una semana, su secretario general, Luis Almagro, recibió en Washington a un grupo de diputados opositores, que llevaban como objetivo solicitar una misión de observación internacional para proteger el referéndum revocatorio.

Maduro descalificó a los parlamentarios "antipatria" y embistió de nuevo contra Almagro, antiguo canciller del ex presidente uruguayo José Mujica, pero convertido en una de las bestias negras del chavismo.

Otro de los poderes de la revolución, el Consejo Nacional Electoral (CNE), compareció ayer para anunciar que comenzará el proceso de verificación de las firmas que entregó la oposición, como paso previo para activar el referéndum revocatorio contra Maduro.

Tibisay Lucena, rectora del CNE, no descartó hacer públicas las listas de firmantes, tal como le exige el jefe de la revolución. El oficialismo pide "un lapso de reclamo", pues existe la "sospecha" de que la oposición usurpó la identidad de electores. "Parece razonable", aseguró Lucena, quien añadió que no quiere generar falsas expectativas sobre que el referéndum se celebre este año, tal y como pretende la oposición.

Las alcaldías, en estado crítico

El presidente de la Asociación de Alcaldes por Venezuela, el opositor Gerardo Blyde, afirmó ayer que todos los ayuntamientos del país están "a punto de quebrar" debido a su situación presupuestaria. "Todas las alcaldías están cerca de cerrar santamarías [puertas]", advirtió Blyde tras una reunión con la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.