Por Ludmila Vinogradoff

Hay un nuevo choque de poderes en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro amenazó con suspender el referendo revocatorio de su mandato, cuyo trámite inició la oposición, en caso de que “se produzca violencia en las calles”. Y ha amedrentado a los electores con hacer pública la lista de los firmantes que solicitan la compulsa para destituirlo legalmente del cargo.

Con el argumento de su derecho a defenderse de la campaña opositora, el mandatario nombró una comisión del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para supervisar las firmas en el Consejo Nacional Electoral. También responsabilizó a la oposición de cualquier conflicto o crisis callejera que surja en el proceso, como razón para suspender in limine todo lo actuado. Se apoyaría para ello en la Corte Suprema que está colonizada por el chavismo y que, en general, falla a favor de todo lo que Maduro le demanda.

Parte de la estrategia del régimen apuntó hasta ahora a retrasar los plazos del revocatorio. Una reciente medida del mandatario fue la decretar que los empleados públicos trabajen sólo dos días a la semana bajo el argumento de que se intenta así ahorrar electricidad. Además, ordenó apagones de cuatros horas diarias sin previo aviso. La oposición no niega que haya una descomunal crisis energética, pero considera que el Ejecutivo usa el problema y acorta los días laborables en la esfera pública para dilatar el proceso del revocatorio.

La fecha límite es el 10 de enero. Si el referendum se hace después de esa fecha y Maduro es destituido, quien lo reemplace será su vicepresidente hasta el final del mandato en 2019. Pero ese cargo es cubierto por el Ejecutivo, de modo que en cualquier momento puede ser nombrado otro funcionario de lealtad chavista, como el controvertido ex presidente del Parlamento, Diosdado Cabello. Y si Cabello acaba como presidente, puede a su vez nombrar a Maduro como vice. Es un disparate, pero posible.

La entrega de las firmas al Consejo Nacional Electoral (CNE) para revocar a Maduro tuvo lugar ayer, tal como fue anunciado. Pero en la madrugada y a escondidas a fin de evitar incidentes violentos con los chavistas. En total fueron 80 cajas conteniendo 1.850.000 firmas recolectadas en tiempo récord la semana pasada. Se debe recordar que se requerían menos de 200.000 para iniciar el proceso.

Jesús “Chúo” Torrealba, secretario ejecutivo de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), informó que la forma discreta y sorpresiva con la que se consignaron las rúbricas fue para garantizar la seguridad del material y el carácter pacífico de la solicitud para revocar el mandato presidencial. Añadió que el procedimiento se cumplió en la sede del CNE en Filas de Mariche, en el municipio de Sucre, adonde arribó la flotilla de vehículos que transportaba 80 cajas con los formatos correspondientes, los cuales, para mayor formalidad metodológica, fueron debidamente foliados y digitalizados.

“Con esta sorpresiva operación madrugadora, la MUD insiste en su estrategia de lograr el cambio político urgente por métodos impecablemente pacíficos. Dejamos con los crespos hechos a los violentos que esperaban armar su tradicional circo rojo en los alrededores del CNE en Plaza Caracas”, dijo.

Aunque se recolectaron en total 2 millones 500 mil firmas, la MUD decidió adelantar la presentación de las primeras que fueron verificadas –las citadas 1.8 millones– por el equipo técnico de la Unidad con el fin de dar celeridad al proceso.

Las firmas fueron recogidas en todo el territorio nacional, en tiempo récord, entre el pasado miércoles 27 de abril –cuando se activó el operativo– y el último 1° de mayo, superándose ampliamente las 195.721 rúbricas requeridas por la ley. Ahora, el CNE debe convocar en cinco días a la verificación de firmas, con lo que los electores deberán presentarse otra vez para comprobar su rúbrica con la huella dactilar en las maquinitas electrónicas. Según el titular del CNE, Jorge Rodríguez, el organismo tiene la obligación de “vigilar que el proceso sea limpio”. Pero la oposición teme que el gobierno, apoyándose en la ley, acopie los nombres de quienes firmen el revocatorio para después amedrentarlos. Muchos de los firmantes son empleados públicos o gozan de subsidios estatales que podrían ser revocados.