Madres de Plaza de Mayo pedirá el juicio político contra tres integrantes de la Corte

Madres de Plaza de Mayo pedirá el juicio político contra tres integrantes de la Corte

Abuelas anunció un acto frente a Tribunales

 

La asociación Madres de Plaza de Mayo anunció ayer que pedirá el juicio político contra los tres integrantes de la Corte Suprema que le otorgaron el beneficio del 2x1 al represor Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad, en tanto que Abuelas y otros organismos convocaron para el próximo miércoles a un acto frente al Palacio de Tribunales, en repudio a la medida que ayer mismo tuvo su primer coletazo cuando un condenado por el delito de robo de bebés durante la dictadura militar, pidió acojerse a la doctrina habilitada por el máximo tribunal de justicia del país.

En un acto de repudio que tuvo lugar frente a la Casa Rosada, Hebe de Bonafini, titular de Madres repudió la decisión de la Corte de aplicar la ley del 2x1 para crímenes de lesa humanidad, en tanto que el abogado Pablo Llonto anunció que avanzarán en el pedido de juicio político contra los miembros de la Corte por aplicar un beneficio que equiparar a los delitos comunes con los de lesa humanidad.

Llonto, quien estaba acompñado por el ex juez Carlos Rosanski y por el constitucionalista Eduardo Barcesat, anunció que en una reunión de abogados de todo el país que tendrá lugar hoy en Santa Fe, decidirán "las medidas a tomar, que desde ya van a ser todas: El pedido de juicio político" contra los cortesanos Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti" y la consiguiente "denuncia penal".

El abogado querelllante en varias causas por crímenes de lesa humanidad consideró que "el fallo es uno de los instrumentos por los cuales el macrismo y el radicalismo han llevado y quieren llevar adelante para largar a todos los genocidas" y recordó que Rosatti y Rosenkrantz son los "jueces que quiso meter por la ventana Macri a poco de asumir".

Madres anunció que avanzarán en el pedido

contra Highton, Rosatti y Rosenkrantz

Por su parte, Rosanski aseguró que, con la sentencia de la Corte "hoy peligra nuestra pertenencia" en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y destacó que ese organismo había aclarado que las investigaciones en este tipo de causas debían "hacerse con seriedad y no como una mera formalidad".

En tanto, Barcesat calificó de el pronunciamiento del máximo tribunal de justicia del país de "lamentable y dijo que "da vergüenza que profesionales del derecho" deban "ceder frente a una norma procesal derogada, para beneficiar a genocidas".

Además, consideró que "los jueces que han firmado este fallo, efectivamente deben ser llevados a juicio político por mal desempeño".

Finalmente, Bonafini hizo aludió a que solo durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández "se pudo avanzar con los juicios contra los militares".

En tanto que a través de un comunicado, Abuelas, Madres Línea Fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos e H.I.J.O.S., entre otros, convocaron para el miércoles a las 18 a un acto frente al Palacio de Tribunales "ante este nuevo intento de garantizar la impunidad a los genocidas".

La primera consecuencia de la medida dispuesta por la Corte en favor de Muiña, tuvo lugar ayer, cuando el represor Víctor Gallo, condenado por la apropiación ilegal de Francisco Madariaga, pidiera su excarcelación en base al beneficio del 2x1.

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