La madre de todas las batallas seguirá en la Justicia

Por Fernando Laborda.

El gobierno kirchnerista ha ganado con comodidad en el Senado la que el propio titular del Comfer calificó como "la madre de todas las batallas".

Ha triunfado un gobierno que habla de democratización de los medios de comunicación, pero que paradójicamente cultiva el monólogo. Un gobierno que habla de pluralismo, pero desprecia el diálogo y busca aniquilar a los disidentes, sea por la vía de la fuerza o de la compra de voluntades.

La billetera K mata galanes. Lo dio a entender la propia senadora correntina Dora Sánchez, quien luego de oponerse férreamente al proyecto de ley de medios audiovisuales, admitió que apoyaría la iniciativa oficial para beneficiar a su provincia.

Se torna difícil comprender cómo conducirá un supuesto proceso de "democratización mediática" un gobierno que utilizó la pauta publicitaria oficial para premiar o castigar a determinados medios gráficos y producciones audiovisuales en función de la cercanía o lejanía de sus líneas editoriales a la política gubernamental. El mismo gobierno cuyo principal referente, el ex presidente Néstor Kirchner, manifestó alguna vez que prefería a los fotógrafos porque no hacen preguntas y cuya actual jefa de Estado tildó una caricatura del prestigioso Hermenegildo Sábat de "mensaje mafioso", habló de un "fusilamiento mediático" cuando estuvo sometida a cuestionamientos y se cansó de dar "clases" sobre cómo hacer periodismo.

Los Kirchner jamás entenderían que el periodismo no nació para complacer al poder político, sino para molestarlo. Tampoco suscribirían una célebre frase de Thomas Jefferson, quien señaló que ante la opción extrema entre un gobierno sin prensa y una prensa sin gobierno, no dudaría en quedarse con la segunda alternativa.

La consecuencia más inmediata de la ley será la litigiosidad. Distintos grupos empresarios que se vean afectados negativamente por el alcance de la norma recurrirán en las próximas semanas a la Justicia e intentarán obstaculizar su instrumentación, especialmente en cuanto a la polémica cláusula de desinversión.

En cuanto a la posibilidad de que el propio Congreso modifique a partir del 10 de diciembre la norma aprobada esta madrugada, haciendo valer la nueva composición que tendrá, con un mayor número de representantes de la oposición, esta alternativa parece remota. Fundamentalmente, porque el Poder Ejecutivo no dudaría en vetar cualquier modificación y será virtualmente imposible que el Legislativo alcance los dos tercios necesarios para insistir en su posición.

El artículo 161 de la ley fija un plazo de un año para que aquellas empresas que no se adapten a las nuevas regulaciones tengan que desprenderse de activos. Es decir que todo grupo empresarial que posea a partir de ahora un número de licencias que supere el cupo fijado por la ley deberá desprenderse de todas las que excedan la cantidad máxima establecida en un período perentorio. Aun cuando esas licencias hayan sido concedidas por varios años más.

La aplicación del artículo 161 provocará no pocas demandas judiciales, a partir de las cuales las empresas que consideren afectados sus derechos adquiridos reclamarán mínimamente una reparación integral más los daños emergentes y el lucro cesante.

Ni siquiera Hugo Chávez llegó a tanto con el grupo mediático con el cual protagonizó uno de sus mayores enfrentamientos: Radio Caracas Televisión (RCTV). El presidente venezolano esperó a que finalizara la licencia de ese grupo en televisión abierta para no renovarla y sacar del aire a RCTV, que hoy sólo opera en televisión por cable.

Claro que el mandatario bolivariano avanzó en otras cuestiones que, al menos por ahora no se han planteado en la Argentina. Por ejemplo, pretende obligar a toda señal de televisión por cable con un 70 por ciento de producción nacional a transmitir las cadenas presidenciales, de las que Chávez hace uso y abuso. También el gobierno venezolano ha impuesto norma de responsabilidad social de los medios de comunicación y sobre delitos mediáticos, que contemplan severas multas y hasta prisión para quienes brinden informaciones falsas o alteren la paz social y la seguridad nacional a través de mensajes emitidos desde los medios. En tal sentido, entre las cosas más insólitas, está prohibido difundir la cotización del dólar paralelo, que en Venezuela es tres veces superior al oficial.

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