El macrismo se arriesga a otra derrota en la Justicia porteña

Por Pablo Abiad

Periodista, abogado. Director de Comunicación en Litigios de Llorente & Cuenca

El 9 de julio pasado, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, dijo que la designación de Jorge Palacios al frente de la Policía Metropolitana –en el ámbito de su ministerio de Justicia– estaba ‘absolutamente ratificada’. Ex comisario de la Federal, ‘Fino’ Palacios era –es– cuestionado por un presunto encubrimiento del atentado contra la AMIA. El 26 de agosto, a pesar de las palabras de Macri, Palacios tuvo que renunciar a su postulación, tal vez porque desde los tribunales de Comodoro Py le soplaron que resultaría procesado en la causa sobre las irregularidades de la investigación policial-judicial del atentado contra la mutual judía; cosa que –efectivamente– ocurrió a las tres semanas.

Derrota al cuadrado para Macri: postuló a un funcionario ya imputado de cometer un delito grave y, aun así, lo defendió con vehemencia; luego asistió a su renuncia y finalmente a su procesamiento por encubrir, supuestamente, 86 muertes. Desde el macrismo, Palacios era presentado como ‘intachable’.

Las andanzas de Ciro James, el Policía Federal al que descubrieron trabajando como espía desde la Comuna, también comprometieron a Macri, que atinó a acusar a la Casa Rosada de orquestar un complot en inglés. El ministro del área, Guillermo Montenegro, volvió a ser ratificado.

Similar enjundia se está utilizando para sostener la candidatura de Daniela Bruna Ugolini al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, la Corte porteña. Macri pretende ocupar con ella la vacante que deja Julio Maier. Ugolini es hoy fiscal ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad.

En la Legislatura, el macrismo no logra asegurarse los dos tercios del total de los diputados para poder aprobar el pliego. Y numerosas ONGs vienen presentando escritos para impugnar una candidatura que, por otro lado, recibió apoyos como el de los ex jueces menemistas Rodolfo Barra y Adolfo Vázquez.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) afirmó que Ugolini, en su accionar como fiscal, aplicó mayormente ‘interpretaciones restrictivas de los alcances de los derechos individuales en juego‘. El Centro de Estudios Legales (CELS) agregó que carece ‘de idoneidad técnica y moral’ por su ‘falta de compromiso con los derechos humanos’. Poco democrática, también, fue la conducta de la gente que fue a abuchearla en las audiencias públicas por su postulación, la semana pasada.

A continuación, algunos de los antecedentes de Ugolini que podrían trabar su candidatura y acarrear una nueva derrota para Macri:

n Como fiscal, recomendó suspender una muestra del plástico León Ferrari, en 2004. En consonancia con el planteo de una organización llamada Cristo Sacerdote, Ugolini entendió que la exposición configuraba una agresión al sentimiento religioso de la comunidad cristiana y, por lo tanto, debía ser censurada. Un criterio violatorio de libertad de expresión consagrada en la Constitución de la Ciudad, la de la Nación y los tratados internacionales.

n Como procuradora general, en 2000, dictaminó sobre los pasos que debían seguirse cuando una mujer solicitara en un hospital público una ligadura de trompas de Falopio. Indicó que esto debía ser aprobado por una junta médica y, si se tratare de mujeres casadas, también por sus esposos. Razonamiento digno de otra era, que no se desprende de ninguna ley vigente y que queda a contramano de lo que hoy se enmarca como derechos reproductivos.

n El derecho a peticionar ante las autoridades que la fiscal Ugolini reconoció en otro de sus dictámenes también parece de muy corto alcance. Fue en marzo de 2000, en una causa con contenido político: militantes kirchneristas querían instalar una carpa frente al Congreso en plena pelea con el campo.

n De acuerdo a un relevamiento realizado por la ADC entre dictámenes y trabajos académicos de Ugolini, sus definiciones acerca de qué debe entenderse por ‘caso’ o ‘conflicto’ susceptible de ser revisado por un tribunal judicial también son restrictivas. Esto limita el acceso a la justicia y acota el rol del Poder Judicial en un sistema republicano. En un artículo publicado en La Ley en 2004, por ejemplo, Ugolini firmó que las normas que protegen derechos económicos, sociales y culturales no son operativas, en línea con las visiones más retrógradas del Derecho Administrativo.

n En el curriculum que ofreció el Gobierno de la Ciudad, hay alguna información poco clara. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) detalló que Ugolini declaró haber asesorado a empresas entre 1974 y 2000 cuando a la vez se desempeñó como abogada de la Comuna, lo cual, si no se formulan las aclaraciones pertinentes, podría representar algún conflicto de intereses.

Desde que se estrenó el sistema de escrutinio público para candidatos a cargos judiciales, tanto a nivel federal como local, todavía no hubo nadie que quedara en el camino.

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