Mediante el decreto 16/14 Mauricio Macri dispuso el veto del proyecto de Ley 4862, por el cual declaraba de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en la Avenida Boedo N° 1967/1971 y se lo asignaba al Instituto de la Vivienda (IVC) de la Ciudad para ser destinado a la construcción de vivienda social.

La iniciativa es de autoría de la ex diputada María Elena Naddeo y cuando fue sancionada explicó: "Treinta familias habitan los dos edificios que nunca fueron terminados por la empresa. Ellos vivían bajo la amenaza de desalojo hace 20 años".

En los fundamentos del veto se afirma que "debe considerarse que los imperativos legales sólo se justifican, en tanto y en cuanto resulten útiles y acordes a los fines pretendidos. Tal razonabilidad debe imperar en la consecución del bien jurídico que pretende tutelarse, esto es, el derecho a la vivienda y el bien jurídico afectado para su resguardo, el derecho a la propiedad".

Asimismo, dijo: "El inmueble declarado de utilidad pública por el proyecto de Ley bajo examen posee una superficie de terreno de 403,00 metros cuadrados y una superficie edificada de trescientos cincuenta y dos metros cuadrados con 352,50 metros cuadrados, resultando dichas dimensiones inadecuadas e insuficientes tanto para la construcción de viviendas sociales como para la promoción de un espacio habitacional adecuado".

Y agrega: "La razonabilidad implica la adecuación de los actos a la razón, es decir, lo justo, moderado, y prudente, en definitiva el arreglo a lo que dice el sentido común, que no es otra cosa que la justa relación entre los medios y los fines perseguidos. El test de razonabilidad radica, entonces, en advertir si las restricciones a un derecho son indispensables y proporcionadas para alcanzar los fines de interés general".