El Presidente volvió a referirse a la polémica que se generó en torno al convenio que el Estado alcanzó con el Grupo Socma por la deuda del Correo Argentino. El día después de ordenar frenar el acuerdo, Mauricio Macri respaldó al ministro de Comunicaciones Oscar Aguad apuntó contra la fiscal Gabriela Boquín y explicó su determinación: "No puedo permitir que alguien venga a poner en duda cuál es mi compromiso con los argentinos", dijo. Y pidió seguir "teniendo esta relación de confianza".

En su breve paso por San Luis, el jefe de Estado visitó un centro de jubilados, donde pronunció un discurso en el que destacó su plan de reparación histórica, con el objetivo de dar por concluida la discusión por los cambios en el cálculo de las jubilaciones, que también ordenó anular.

Pero, al mismo tiempo, tuvo un intercambio mano a mano con un medio local, donde habló sobre el escándalo en el que quedó inmerso a partir del convenio firmado por la empresa de su familia. "Vamos a fijar un mecanismo en la Justicia comercial para que haya claridad absoluta de cómo se resuelve ese problema que heredamos del Gobierno anterior, que no lo resolvió en 14 años; y para que nadie dude de que yo no voy a participar y no voy a tener ningún tipo de conflicto, porque vamos a delegar en la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso, y en la Justicia", dijo Macri al sitio telocuento.com.ar de San Luis. Fue el único contacto con la prensa que tuvo el mandatario.

En su arribo a San Luis, el jefe de Estado fue reprobado por unas 100 personas, pero la protesta obedeció a cuestiones de política provincial: es que llegó acompañado -y para apadrinar- al diputado Claudio Poggi, ex gobernador y aliado de los hermanos Rodríguez Saá, que gobiernan la provincia desde 1983.

De todos modos, tal como contó Clarín esta semana, en el Gobierno se encendió una luz de alarma respecto a la posibilidad de el caso reavive el estigma de que Macri adopta medidas para favorecer a los ricos y de que afecte su credibilidad.

Por eso, el mandatario volvió a referirse a la importancia de hacer "un acuerdo, que todo el mundo lo vea y en el que se verifique que lo que había hecho el ministro (Aguad) estaba bien y que las cosas que dijo la fiscal no son verdad".

"Esto va a ser realizado de cero de vuelta -agregó Macri- con otro mecanismo y otra gente participando, para que nadie venga con malas intenciones a querer decir cosas que no son".

Y completó: "Acá lo que se busca es trabajar para que los argentinos les vaya mejor. Y yo necesito que todos sigamos teniendo esta relación de confianza que hemos construido. No puedo permitir que alguien venga a poner en duda cuál es mi compromiso con los argentinos, que es cuidarlos y ayudarlos a crecer y progresar".

Luego de la conferencia de prensa de ayer, en la que Macri contó que ordenó frenar el acuerdo, ahora el Gobierno trabaja en la letra fina de la presentación que deberá hacer el Ministerio de Comunicaciones ante la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial. Esto sería el próximo lunes. Fuentes oficiales señalan que alcanzaría con que el Estado rechace la propuesta. Y, por supuesto, que lo acepte la Cámara.

Según la fiscal Boquín, en base a un informe de la Dirección de Asesoramiento y Análisis Financiero Integral (DAFI), el arreglo es "abusivo" dado que la empresa del Grupo Socma debería abonar un piso de 4 mil millones de pesos, cifra que se podría estirar hasta $70 mil millones en el caso de que se le diera plazo hasta 2033. La deuda, que originalmente a 2001 era de 296 millones de pesos/dólares, no podría superar los $600 millones, según estiman en el Gobierno.