Mauricio Macri modificó partidas presupuestarias por 120 mil millones de pesos y 1.700 millones de dólares (26.180 millones de pesos, al cambio actual) mediante decretos de necesidad y urgencia, una facultad constitucional que mantendrá si cumple la promesa de restringir los superpoderes.

Con esa denominación se conoce a la potestad del jefe de Gabinete para reasignar partidas a gusto, vigente desde 2006 por la modificación de la ley de administración financiera.

 

 

 

Alfonso Prat Gay prometió limitarla a un 10% del presupuesto, pero no aclaró que poco cambiará si Macri sigue apelando a decretados. Y parece difícil que no lo haga, porque el presupuesto que debate el Congreso faculta al jefe de Gabinete a modificar partidas en muchos artículos.

 

 

 

Los DNU están previstos para “circunstancias excepcionales”, según establece la Constitución Nacional, en el artículo 99 inciso 3. Toman fuerza de ley si ninguna cámara lo trata pasados diez días hábiles de la firma, o sobre todo, si ambas no logran una mayoría para eliminarlos.

 

 

 

Según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), Macri lleva reasignado el 12% del presupuesto sancionado el año pasado, una parte mediante resoluciones ministeriales, sólo posibles por los superpoderes; y otra no menor vía DNU.

 

 

 

“Es un porcentaje alto de modificaciones, pero hay que tener en cuenta que ese presupuesto lo redactó otro Gobierno con distintas prioridades, que además subestimaba los gastos. Habían puesto que los subsidios caían un 15%, para llegar a eso era necesario un ajuste más fuerte del que hubo” explicó a LPO Rafael Flores, presidente de ASAP.

 

 

 

El DNU más polémico que usó Macri para reasignar partidas fue el 797, con 98 mil millones de pesos para obra pública entre ellas el soterramiento del Sarmiento por 45 mil millones, la mega estación del Obelisco por debajo de la 9 de julio y varias obras más para la Ciudad y municipios del PRO.

 

 

 

La comisión bicameral de trámite legislativo le rechazó y si bien Macri está en condiciones de aplicarlo mientras ambas Cámaras no decidan lo contrario, para resguardarse optó incluir muchas de esas obras en el presupuesto 2017, aunque en carácter de “prioritarias” y financiadas por fondos nacionales.

 

 

 

El decreto 975, firmado el 1 de septiembre, autoriza un préstamo a PAMI por 4 mil millones de pesos, que tendrían como destino el “pago de deudas preexistentes en el marco del contrato de suministro de medicamentos”. Este decreto iba a tratarse hoy en comisión, pero la reunión se suspendió.

 

 

 

El 882 favorece con un cupo fiscal por 1.700 millones de dólares a las personas físicas y/o jurídicas que sean titulares de inversiones y concesionarios de obras nuevas de producción de energía eléctrica, “generada a partir de fuentes de energía renovables, bajo el marco de la ley de fomento nacional para el uso de energías renovables”.

 

 

 

Además, Macri apeló al DNU 737 para otorgar avales por 1800 millones de dólares a gobiernos provinciales, con destino a obras públicas, entre ellas un millonario gasoducto troncal para Córdoba. Y en la misma medida destinó 18 mil millones de pesos para Procrear.

 

 

 

¿Qué sentido tiene eliminar los superpoderes si se puede mover fondos por DNU? Para Flores “el Gobierno tener una flexibilidad con respecto al presupuesto, pero también un control”.

 

 

 

“Hay que encontrar un mecanismo que les permita modificar pero no en gran escala, porque si no el debate legislativo pierde sentido. Por ejemplo, en la Ciudad hay un tope del 5% para reasignar, es un número razonable”, consideró.