Ocho de las 12 empresas que el presidente Mauricio Macri informó en sus últimas declaraciones juradas patrimoniales como funcionario no presentaron sus balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ), según reveló el portal Chequeado.com, de verificación de datos.

Los incumplimientos alcanzan a las firmas Agropecuaria del Guayquiraro, Flour American, Macri Investment Group, Meat American Corp., Molino Arrocero Río Guayquiraro, Socma Cárnicos, Socma Corp. y Socma Farináceos, que no tenían balances presentados ante la IGJ.

El incumplimiento de Macri acumula antecedentes de peso. Entre otros, lo ocurrido con la familia Kirchner y con Lázaro Báez, quienes desde hace años adeudan los balances y otros informes a la IGJ de la sociedad hotelera Hotesur y la constructora Austral Construcciones, respectivamente.

En esa línea, el codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Renzo Lavín, explicó que "si bien muchas sociedades incumplen con la obligación de presentar balances anualmente ante la IGJ, dicha práctica es particularmente problemática cuando los funcionarios públicos son sus titulares". El motivo, explicó, es elocuente: "Ni la ciudadanía ni los órganos de control pueden constatar la veracidad de la información consignada por el funcionario en su declaración jurada".

Desde la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia replicaron, sin embargo, que "no son sociedades en las que se haya tenido la administración ni se mantiene alguna tenencia", por lo que rechazaron toda responsabilidad de Macri en lo ocurrido, aun cuando en su declaración jurada de 2015 reafirmó su participación en dos de las sociedades que no presentaron balance: Agropecuaria del Guayquiraro y Molino Arrocero Río Guayquiraro.

Para Macri, no es la primera controversia que afronta por sus declaraciones juradas. Antes conllevaron que la legisladora opositora Gabriela Cerruti radicara una denuncia penal por cuatro supuestos delitos: omisión maliciosa, falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. Y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) remitió a la Justicia un informe en el que indicó que algunos números de su patrimonio serían inconsistentes y contradictorios.

"Las declaraciones juradas patrimoniales [que Macri presentó] ante la Oficina Anticorrupción (OA) y ante la ciudad autónoma de Buenos Aires presentan, en algunos ítems, conceptos y valores diferentes", concluyó la Procelac en su reporte, que LA NACION reveló en julio pasado.

El reporte de la Procelac chocó, sin embargo, con otro posterior que envió la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, que concluyó que la ciudad y la Nación tienen "regímenes jurídicos diferentes" para presentar los patrimonios de los funcionarios.

Los investigadores de Chequeado.com también detectaron otra posible inconsistencia en la última declaración jurada que Macri presentó ante la OA. Declaró un terreno en el departamento de Rivadavia en la provincia de Salta por 3.736.131 metros cuadrados. Es decir, 373 hectáreas, por un valor total de $ 334.364,10, lo que equivale a unos $ 896 por hectárea, "muy por debajo del valor de mercado, aunque un poco por encima del valor fiscal, que es de $ 654 por hectárea", precisó el portal.

"Datos obtenidos contradicen la declaración patrimonial del Presidente. El campo comprado por Macri junto con varios socios a mediados del año pasado tiene una superficie total de 10.688 hectáreas", precisó Chequeado.com, de las que 18,69% son del Presidente. Es decir, 1997 hectáreas en vez de las 373 declaradas. Desde Presidencia indicaron que se trató de "un error del sistema", que "tomó el 18,69% de las 1997 y de ahí salieron las 373".