Mauricio Macri les solicitará el martes a los gobernadores que sus legisladores no incorporen obras públicas al proyecto de presupuesto que enviará al Congreso el viernes 14, porque teme acumular gastos y dar una pésima señal en la negociación con el FMI.

Se trata de una práctica habitual que consiste en sumar votos de la oposición adosando obras en las planillas anexas, que rara vez se cumplen pero les sirven a los gobenradores para hacer reclamos cuando llegue la oportunidad.

Esta vez, Macri necesita que los números sean precisos y lo ayuden a cumplir la meta de déficit cero que planteó para renegociar con el FMI y respetar el plan financiero de 2019.

El presidente quiere mostrar un presupuesto preciso y acordado con la oposición. Hay mucha sensibilidad por la imagen de gobernabilidad que llega a Washington. 

La obra pública será la gran castigada del presupuesto, porque al ajuste se suma al freno a los programas de participación pública privada (PPP) por las complicaciones financieras y los avatares legales de las empresas complicadas por el escándalo de los cuadernos.

Los otros recortes serán los programas provinciales y los subsidios al transporte público, que deberán afrontar los gobernadores, quienes esperarán a ver la letra chica del presupuesto para negociar.

No están dispuestos a dejarse apurar por Rogelio Frigerio, que el lunes les exigió a los jefes parlamentarios acelerar la ley y si es posible sancionarla en octubre.

"Hasta ahora no vimos un papel y cuando los veamos los vamos a estudiar en detalle. El presupuesto todavía no existe", aclararon a LPO voceros de un gobernador que participó en las negociaciones.

Antes de tratarlo no habrá actividad en los recintos del Senado y Diputados para evitar exhibir a los mercados cualquier conflicto que afecte la gobernabilidad.

En Cambiemos hay sensibilidad extrema por la actitud pública de la oposición. Les dolió que Sergio Massa confesara que no hubiera ido al FMI justo cuando Nicolás Dujovne negocia un nuevo convenio con Christine Lagarde ?.

Con el Congreso paralizado, quedará para los próximos meses la ley de extinción de dominio, el instrumento para expropiar propiedades por delitos de corrupción que fue modificado en el Senado por reclamo de Miguel Pichetto.

Cambiemos está dispuesto a insistir con su versión original, que permite aplicar la extinción con una acción civil, pero buscaría hacer algún retoque posterior, ya sea en la reglamentación o en el recinto.

Su laboratorio de juristas identificó siete casos en los que Diputados sancionó un proyecto sin tomar en cuenta las correcciones del Senado y sumándole nuevos artículos. Algunos eran el presupuesto.

Podrían materializar esa maniobra sólo con la ayuda del Frente Renovador y un puñado de diputados de Argentina Federal, el bloque de los gobernadores, pero los líderes oficialistas no consideran oportuno abrir una grieta entre los socios cuando los necesitan para aprobar el presupuesto. Que es lo único que le importa a Macri.