Mauricio Macri dio la orden de acelerar el debate para reformar el Régimen de Riesgos del Trabajo y el Senado, Cámara a la que ingresó el proyecto, comenzará a tratarlo en comisión el jueves próximo, desde las 9.30, con las explicaciones del ministro de Trabajo Jorge Triaca; el secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana; y el Superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón.

El objetivo del texto es dinamitar la denominada "industria del juicio", que puso en jaque al sistema laboral por la creciente litigiosidad. Al menos, así se lo explicó Morón al jefe de Diputados, Emilio Monzó, y al presidente previsional del Senado, Federico Pinedo, cuando llevó el proyecto de Casa Rosada.

Para el Gobierno, la realidad marca que "la mayoría de las contingencias amparadas por la Ley de Riesgos del Trabajo se reclaman a través de demandas laborales que evitan la obligatoria intervención previa de las comisiones médicas jurisdiccionales".

Es por ese motivo que la iniciativa buscará implementar a dichas comisiones como la "instancia administrativa previa de carácter obligatorio y excluyente de toda intervención para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite u homologue el otorgamiento de las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo".

De ahí, el camino se bifurca: el empleado puede ir a la Justicia; si no, se tomará lo dictaminado como cosa juzgada.

Días atrás, Margarita Stolbizer (GEN) aseguró que "la preocupación debería ser prevenir para evitar los siniestros y no evitar que los trabajadores siniestrados inicien juicios".

Según Stolbizer, "no se hacen los controles sobre el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y entonces los accidentes se repiten", y agregó que "ninguna de las empresas aseguradoras corre riesgo de fundirse, y siempre el costo del sistema deben soportarlo los mismos: los más débiles".

Un reclamo parecido sobre los controles gatilló el sindicalismo, pero el Gobierno cree que será mitigado a través del artículo 19 de la ley, que impone el plazo de un año para crear un "proyecto de ley de Protección y Prevención Laboral destinado a garantizar que las condiciones y medio ambiente de trabajo resulten acordes con las mejores prácticas y la normativa internacional en la materia de su incumbencia".

El kirchnerismo votó en 2012 modificaciones que intentaron apagar la denominada "doble vía", es decir, que un trabajador reclamen a la ART junto a una presentación paralela ante la Justicia.

La "doble vía" finalizó, pero la litigiosidad creció con empleados que prefieren salir del sistema e impulsar un juicio contra las ART que duran años.

El nuevo proyecto advierte en sus fundamentos que es prioritario "la necesidad de igualación de los derechos ciudadanos para incluir a los empleados públicos provinciales y municipales que hoy no se encuentran plenamente incorporados a las coberturas", y así descomprimir la doble obligación de los distritos.

Triaca, Morón y Quintana defenderán el proyecto el jueves próximo en la comisión de Trabajo y Previsión Social, que comanda Daniel Lovera (La Pampa-PJ). En caso de que Cambiemos logre dictamen y apruebe el texto antes del 30-11 (necesita guiño del FpV, aunque ya trabaja en eso), el Ejecutivo deberá extender el período de sesiones ordinarias o convocar a extraordinarias, ya que Diputados sólo puede dictaminar, según su reglamento, hasta el 20-11.