Frente a un año electoral clave, en 2017 el gobierno de Mauricio Macri abrirá el grifo y volcará más recursos a las provincias y municipios. En materia de coparticipación federal, recibirán unos 731.000 millones de pesos anuales, un 25% más que este año, proporción superior a la inflación anual prevista, del 17%.

Así lo anticipa en el proyecto de ley de presupuesto que presentó esta semana al Congreso, donde detalla que, además, las provincias y municipios embolsarán por fuera de la coparticipación unos 31.000 millones de pesos extras (un 17,5% de suba) para atender gastos corrientes, obras y proyectos de inversión. Esos números serán la carta que utilizará el Gobierno en su negociación con los mandatarios provinciales para resolver sin conflictos y con sus respaldos dos temas que le preocupan: el aumento de tarifas y la modificación del impuesto a las ganancias.

De acuerdo con el proyecto de presupuesto 2017 -que comenzará a discutirse pasado mañana en la Cámara de Diputados-, el Gobierno prevé reducir en un 20% los subsidios al sector energético el año próximo (unos $ 44 mil millones). Esto presagia un fuerte aumento en las tarifas de gas y de electricidad, para lo cual la Casa Rosada pretende el acompañamiento de los gobernadores.

También buscará su apoyo en la discusión por el impuesto a las Ganancias: el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, admitió que el año próximo la suba del mínimo no imponible y el retoque en las escalas serán "graduales". Contrario a lo que prometió Macri en la campaña electoral, el alivio para los contribuyentes será menor al esperado, lo que anticipa una fuerte fricción con los sindicatos. Sin ir más lejos, el 23 del actual se reunirá el comité central confederal de la CGT, donde se decidiría un posible plan de lucha.

Los gobernadores, al igual que el gobierno nacional, no quieren retoques drásticos en este impuesto: como su recaudación es coparticipable, cualquier suba en el mínimo no imponible y en las escalas impactaría negativamente en las arcas provinciales. Para seducir a gobernadores e intendentes, el equipo económico buscará exaltar el giro en materia de federalismo fiscal respecto de la gestión kirchnerista. El primer punto que resaltará es que está incluido en el presupuesto la devolución a las provincias del 6% de los recursos que la Nación les retenía de coparticipación para la Anses.

"Del total de la torta de ingresos y contribuciones que percibirá el sector público nacional en 2017, el 65% irá a la administración nacional; otro 6% a distintos entes públicos y el 29% a las provincias. Esta cifra representa una mejora importante para las provincias: durante el kirchnerismo sólo les destinaba el 25% de la torta. Esto obedece, básicamente, a la devolución de los fondos coparticipables que les retenía la Anses. También, a los fondos que le giró la Nación a la Capital para atender los servicios de seguridad", explicó el economista Walter Agosto, investigador principal de Cippec.

Agosto detalló que en materia de coparticipación, las provincias recibirán en 2017 unos $ 731 mil millones, un 25% más que este año. "Es un porcentaje menor al aumento del 35% que se registra este año respecto de 2015, pero que se explica con la desaceleración de la inflación que prevé el Gobierno", enfatizó.

Además de los fondos por coparticipación, el proyecto de ley de presupuesto 2017 propone una suba promedio del 17,5% de las llamadas transferencias no automáticas o discrecionales. Los gastos de capital dirigidos específicamente a los gobiernos provinciales y municipales totalizarán $ 82.664 millones (de los cuales buena parte se lo lleva el Fondo Federal Solidario, de reparto automático, proveniente del 30% de las retenciones a la soja). En inversión real directa sumarán $ 65.474 millones que, según propone el Gobierno, destinará en un 46% a obras de la Dirección Nacional de Vialidad y el resto al mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, vivienda, agua potable y cárceles.

Pero no todas son rosas. El diputado Marco Lavagna (Frente Renovador) advirtió sobre una fuerte caída en las transferencias para gastos corrientes para las provincias. "Los gobernadores van a recibir $ 7000 millones menos en ese concepto", advirtió Lavagna.

Así las cosas, el aumento neto que percibirán gobernadores e intendentes en materia de transferencias (corrientes y de capital) y de inversión por fuera de la coparticipación será de $ 31 mil millones anuales.

"Este es el presupuesto más federal en 20 años. El Gobierno ratifica su compromiso de devolver de manera escalonada el 15% de los recursos que les retenía a las provincias en la Anses y, además, desembolsará otros $ 14 mil millones en el marco del acuerdo con algunas provincias por la armonización de sus cajas jubilatorias provinciales", enfatizó Luciano Laspina (Pro), presidente de la Comisión de Presupuesto.

Habrá que ver, en la discusión del presupuesto que recién arranca en el Congreso, si los gobernadores quedan satisfechos. Difícil: el senador Miguel Pichetto (FpV) y el diputado Sergio Massa (Frente Renovador) plantearán que las provincias y municipios puedan pedir préstamos en el mercado externo sin la autorización de la Nación, como exige hoy la ley de Responsabilidad Fiscal.

Por su parte, el gobernador Juan Manuel Urtubey (Salta) propondrá la creación de un Fondo de Convergencia Federal para evitar la arbitrariedad en el reparto de las obras públicas entre las provincias. Así lo plasmará el bloque Justicialista en la Cámara de Diputados en un proyecto de ley. "Este proyecto tiene previsto destinar $ 90 mil millones al Plan Belgrano. Y se aumenta en un 60% los fondos destinados a vivienda y urbanismo. Habrá más fondos para rutas y autopistas. Los gobernadores no se pueden quejar", se atajó Laspina.