Macri ya decidió echar a Gils Carbó por decreto si la procesan y se suma el caso Racing

Macri ya decidió echar a Gils Carbó por decreto si la procesan y se suma el caso Racing

Esperaría que sea procesada por la compra del edificio. Blanco le habría alquilado otro inmueble.

Mauricio Macri ya decidió echar a la procuradora Alejandra Gils Carbó por decreto, si el juez federal Julián Ercoloni la procesa por irregularidades en la compra millonaria de un inmueble, una de las causas que investiga la bicameral de control del Ministerio Público del Congreso.

LPO pudo confirmar que a ese caso se podría agregar el alquiler de un inmueble en la calle Corrientes que pertenecía a Víctor Blanco, actual presidente de Racing y cercano a Máximo Kirchner.

 

Como explicó LPO, los legisladores de Cambiemos demoraron la citación de Gils Carbó al Congreso por lo menos hasta que este bien avanzada la campaña electoral, cuando tal vez ya esté procesada y desplazada de su cargo.

Hasta ahora todas las movidas de Lilita Carrió sobre el tema Gils Carbó, han tenido el efecto concreto de evitar su destitución y han sido muy funcionales a la permanencia de la procuradora en su cargo.

 

El diputado Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, le confesó a LPO que le recomendó a Macri echar por decreto a Gils Carbó ni bien asumió, pero no tomó su consejo. "Opinaron otros y se hizo otra cosa", se lamentó. En ese momento, mal asesorado por Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, el presidente prefirió gastarse la bala de un decreto de alto impacto institucional para nombrar a Horacio Rosatti y Carlos Rosencrantz en la Corte Suprema. Fue un fiasco.

 

Luego, el presidente prefirió enviar un proyecto de ley para reformar el Ministerio Público que incluía un abrupto final del mandato de Gils Carbó. Los diputados de Cambiemos lo consensuaron con Sergio Massa, pero cuando lo iban a tratar Elisa Carrió advirtió que era inconstitucional y Macri pidió congelarlo.

 

Fue una jugada de Lilita muy funcional a la actual procuradora, al igual que cuando promovió su juicio político junto al de Ricardo Lorenzetti, en un combo que era evidente no iba a prosperar. "Lilita en los medios la destroza, pero todo lo que hace contribuye a que Gils Carbó siga en el cargo", explicó frustrado a LPO, un destacado funcionario del PRO.

Macri optó entonces por atacar a Gils Carbó a través de la bicameral de seguimiento del Ministerio Público, que puede reunir información sobre su acccionar, pero no juzgarla.

La procuradora no tiene mucha más protección que las ambigüedades de Lilita. Por estas horas, su estrategia se limita a que algún juez o fiscal declare inconstitucional su desplazamiento por DNU, si finalmente sucede, pero no podría evitar que el tema finalice en la Corte Suprema, donde nadie la respalda.

 

Otra esperanza son jueces federales que no están enfrentados al Gobierno pero no lograron vínculo de cercanía como el que tenían con el kirchnerismo y se preguntan entonces para que facilitarle a Macri algo.

 

Los senadores peronistas tampoco la respaldan y lo hacen saber congelando pliegos de fiscales pedidos por la jefa del Ministerio Público.

 

La maniobra la ejecuta Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador de Salta y presidente de la Comisión de Acuerdos, que también integra el jefe de bloque Miguel Pichetto.

El caso Racing

 

Por si fuera poco, a Gils Carbó se le avecina un conflicto por el alquiler de un edifico en calle Corrientes 1615, que pertenece al presidente de Racing, Víctor Blanco.

 

La procuradora habría pagado 100 mil pesos mensuales y Blanco entabló durante el kirchnerismo una relación cercana con el Gobierno que le habría permitido acceder a muchos beneficios.

Uno de ellos fue la insólita transferencia a Racing de $ 17.407.500 a través de Planes de Recuperación Productiva (Repro), creados en 2008 para evitar que empresas en dificultades echaran gente. El actual ministro de Trabajo, Jorge Triaca, nunca encontró documentación que garantice semejante beneficio al club de la Avellaneda.

La justicia ya investiga el tema y el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ya fue imputado.

 

Además, Miguel Jimenez, vicepresidente de Racing y mano derecha de Blanco, está vinculado al escándalo del Plan Qunita, a través de su hijo Ignacio.

 

Blanco no perdió contacto con Cristina Kirchner. Muy por el contrario, sería uno de los principales financistas de su campaña junto a Adolfo Rodríguez Saá, quien ubicó a su sobrino Nicolás en la lista de diputados. El presidente de Racing no pidió lugares en las listas, pero si apoyo pleno para su reelección, para la que en noviembre deberá enfrentar a Matías Eurnekian. 

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