Macri y Brito salen al rescate de Electroingeniería para que construya las represas chinas

El Banco Macro y el Gobierno le giraron más de 200 millones a la firma vinculada a Zannini.

Estaba a punto de tirar la toalla, pero en la última semana obtuvo dos respaldos económicos clave para revivir y mantenerse a flote.

Electroingeniería -la empresa cordobesa identificada plenamente con la gestión kirchnerista que manejan Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra- logró reforzar su caja con 228 millones de pesos provenientes de un desembolso estatal y un crédito de la banca privada.

La ayuda recibida de la administración de Mauricio Macri consistió en el pago de 95 millones de pesos que corresponden a la primera de las dos cuotas que el gobierno se comprometió a girarle en el corto plazo para la megaobra de las represas santacruceñas tras la readecuación del proyecto que se acordó a fines de abril.

En tanto, el salvavidas privado llegó por medio de un préstamo de 133 millones de pesos otorgado por el Banco Macro que comanda Jorge Brito, que tuvo que apelar a su banca offshore para poder auxiliar a la compañía vinculada a Carlos Zannini, que enfrenta numerosos problemas por falta de pagos a acreedores.

Para esta asistencia crediticia -que deberá devolver en el plazo de un año-, Electroingeniería tuvo que poner como garantía parte de sus acciones y las representativas de Intesar, la sociedad subsidiaria que concentra los negocios vinculados con las líneas de transmisión eléctrica y la participación en Transener.

Con estos fondos, la empresa prevé salir a recuperar el capital de trabajo y a cubrir los marcados atrasos de pagos con proveedores y subcontratistas que vino acumulando desde principios de año y que la llevaron a estar a un paso del “default”.

En caída libre

Las dificultades económicas se agudizaron a partir de enero por la falta de pago de las obras públicas y por la decisión inicial del gobierno macrista de frenar y revisar el multimillonario proyecto de las represas patagónicas que Electroingeniería tiene adjudicado junto con el grupo chino Gezhouba.

Tras sufrir en Bolivia la rescisión de un contrato vial de US$ 250 millones, en febrero la empresa dio de baja a 600 trabajadores de Vialco, la constructora que tenía a su cargo una serie de obras en la central nuclear de Atucha que la administración macrista canceló hasta nuevo aviso.

A eso se sumaron los retrasos en los pagos de los sueldos del canal de cable 360TV y la decisión de Vialidad Nacional de no prorrogarle la concesión del corredor vial 7 que estaba operando con la empresa VIALNOA.

En el caso de las represas de Santa Cruz, tras casi cinco meses de análisis y negociaciones, el gobierno macrista decidió redefinir alcances del proyecto e introducir una serie de cambios para morigerar el impacto ambiental de las obras.

El acuerdo firmado con el consorcio que integran Electroingeniería y Gezhouba prevé reducir la cantidad de turbinas de 11 a 8 para acotar las erosiones y los movimientos de caudales. De esa manera, se busca eliminar el riesgo de que se vean afectados tanto el Lago Argentino, como la zona de los glaciares.

Ese cambio implicará una reducción del monto total previsto para la obra del orden de los 1.000 millones de dólares que se reorientarán para construir la línea de interconexión al sistema nacional que no formaba parte del proyecto original.

Además, se estableció que el plazo de construcción de ampliaría de 66 a 84 meses y que la obra dejará de ser propiedad de la provincia para quedar bajo la órbita del Estado Nacional.

Como parte del acuerdo que ahora debe ser ratificado por los bancos chinos que financian la mayor parte de la obra, la administración macrista se comprometió a transferirle a Electroingeniería la suma de 180 millones de pesos.

El pago de ese monto por estudios, trabajos y compras de materiales que ya se concretaron se dividió en dos cuotas iguales a liquidar en los meses de mayo y julio.

Tras el visto bueno del ministerio de Energía, Juan José Arunguren; el último jueves los funcionarios de Hacienda procedieron a girarle a Electroingeniería un pago de 95 millones de pesos que, en la práctica, representó el primer desembolso del gobierno macrista para el cuestionado y emblemático proyecto energético que el kichnerismo logró imponer en Santa Cruz.

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