Alberto García Lema lidera la carrera para sustituir a la Alejandra Gils Carbó, quien ya negocia por lo bajo su partida de la Procuración antes de fin de año, cuando el Gobierno aspira a tener sancionada la nueva ley del Ministerio público fiscal.

El histórico jurista del PJ, artífice de la reforma constitucional de 1994, es el elegido de Miguel Pichetto, jefe del bloque mayoritario del Senado. Y ya logró la venia de Mauricio Macri, quien prefería al fiscal de Casación Raúl Pleé pero pronto entendió que jamás tendría consenso parlamentario.

El primer paso es aprobar la ley para reformar el Ministerio Público y acorralar a Gils Carbó para no obligarla a negociar su partida con el Gobierno como ya estaría haciendo.

Según pudo saber LPO, para evitar represalias, la procuradora desarmaría poco a poco las decenas de fiscalías ocupadas por militantes kirchneristas.

No es el único trabajo del ministro de Justicia Germán Garavano: el proyecto de ley está trabado en Diputados, porque a la esperada resistencia del kirchnerismo se suma la rebeldía del Frente Renovador, que sólo para negociar se aseguró la presidencia de la Bicameral del Ministerio Público para Graciela Camaño.

No conforme, Sergio Massa exige algunos cambios en la ley para darle el visto bueno en la Cámara baja, donde su posición es clave porque se espera que el grueso del FpV-PJ se atrinchere en defensa de Gils Carbó.

La semana pasada, los radicales Gabriela Burgos y Ramón Mestre, presidentes de las Comisiones de Legislación Penal y de Justicia, empezaron a apuntar cambios para contentar a Massa.

Le propondrían reducir de cuatro a tres las subprocuradorías previstas en la ley para seguirle el rastro al jefe del Ministerio Público; y darle un mandato de 5 años, uno más que en el proyecto original.

Según muchos legisladores oficialistas, el plazo es dudosa constitucionalidad porque no hay resquicio de la Carta Magna que habilite a no fijar el mandato por tiempo indeterminado.

Pero el Gobierno jamás cedería en ese punto de la ley, clave para controlar al Girls Carbó si sigue rebelde, o quien la suceda.

Además, al Frente Renovador no le cierra el organismo de control de la procuraduría que prevé la ley, porque colisionaría con la bicameral a cargo de Camaño.

“Nos exigen que no sea conformada por legisladores y tenga un rol reducido. Hay que ver que opinan en la Casa Rosada”, explicaron en Cambiemos.

En el Frente Renovador la hacen más simple: si hay que hacer una comisión de control quieren supremacía. O sea, como están las cosas, de partir Gils Carbó, el procurador lo elegiría el PJ, lo supervisaría Massa y lo soportaría Macri.

Burgos y Mestre tienen orden de retomar la negociación en las próximas semanas, pero mientas tanto seguirá fluyendo potenciales procuradores.

Siempre atenta, Elisa Carrió no se quiso quedar afuera y propone al fiscal José María Campagnoli, recordado por el intento de Cristina Kirchner de destituirlo cuando quiso investigar a Lázaro Báez.