De un plumazo sus funcionarios cerraron un acuerdo con las organizaciones sociales, con la batuta de Carolina Stanley, que desactivó la redacción original de la ley de emergencia social; Jorge Triaca firmó la paz con gremios y la promesa de congelar despidos, y en el Congreso ataron una negociación con Sergio Massa por Ganancias (ver nota aparte). En este último punto al PRO pareció faltarle alguna expertise política: si hubieran dejado pasar una semana más antes de presentar el proyecto de Ganancias, podrían haber desactivado los dos tercios de votos que Massa juntó para bloquear la idea oficialista y como consecuencia negociar desde otra posición. Habrá que ver cómo queda ahora el texto definitivo. 

Mientras tanto, en el Congreso seguían ayer debates a dos Cámaras. Dentro del orden del día de Diputados apareció uno, clave para el manejo del gasto y el déficit que muchos presentes en el recinto ni siquiera entendieron: la creación de la oficina de presupuesto del Congreso. Se trata nada menos que de un organismo que bajo la tutela del Congreso hará el seguimiento, control y análisis de la ejecución y armado de los presupuestos nacionales. Podrá también elaborar proyecciones macroeconómicas y, lo mas importante, tendrá acceso directo a las fuentes de información sobre gasto del Poder Ejecutivo.

En la región hay antecedentes de sobra sobre la existencia de ese organismo, pero el ejemplo más conocido es el de los Estados Unidos, donde la Congressional Budget Office tiene tal nivel de poder sobre el gasto que ejecuta el presidente que ha obligado a modificar proyecciones. 

Un caso recordado es el de la evaluación de costos de la Guerra del Golfo, donde la CBO terminó definiendo el verdadero nivel del costo de esa guerra sobre el PBI y guió al Congreso que se negaba a aceptar un aumento de fondos. Algo similar sucedió con la votación del programa de salud Obamacare, que finalmente se votó porque los representantes y senadores aceptaron el dictamen de la CBO sobre la evolución de gastos de esa cobertura médica.

En la Argentina ese organismo tiene paternidad confirmada del radical Raúl Baglini, que presentó hace 24 años la primera iniciativa, que luego tuvo varias actualizaciones. En 2002 el peronista Oscar Lamberto fue cofirmante de ese proyecto, que en medio de la crisis intentó votar la creación de la OPC, pero Roberto Lavagna se negó a aceptarlo. En el Senado se aprobó en agosto una idea similar de Juan Manuel Abal Medina, distinta de la que sancionó Diputados. Ahora ésta pasará entonces al Senado.

Cuando sea ley, el Gobierno tendrá por primera vez un seguimiento de las restricciones al gasto. Para Macri, en momentos en que el gasto sube y el Gobierno paga altos costos por sus acuerdos con el PJ y sectores sociales, será un tablero de alerta que hasta ahora no existía.