Machado consideró “saludable” que se aclaren denuncias como la que involucra a Daniel Sartor y consideró que Mendioroz debe enviar el pedido de Piccinini a un fiscal

El titular del Digesto Jurídico y presidente del Comité de la UCR de Río Colorado, Oscar Machado, dijo que pedidos de investigación como el del posible enriquecimiento del legislador Daniel Sartor no compatible con sus ingresos en la función pública “causan molestia pero en realidad para el sistema institucional republicano son saludables”. Señaló que “tenemos que estar dispuestos a que se nos reclame, por parte de ciudadanos rionegrinos, de los organismos de contralor”, subrayando que aquellos que “tienen puestos en la función pública tienen que estar dispuestos a aceptar las reglas del juego”.
Al consultársele desde la agencia APP que tendría que hacer el vicegobernador Bautista Mendioroz ante la nota de la defensora Ana Piccinini pidiéndole que verifique si Sartor incurrió en una presunta infracción a la Ley de Ética e Idoneidad de la Función Pública Nº 3550, respondió que “tendrá que enviarla a un fiscal de turno o al Procurador para que lo envíe a un fiscal de turno”.

Dijo Machado que “creo que es saludable, que haya movimiento, que haya debate, que cada cual tenga la posibilidad de ejercer la defensa y realmente hay temas como el de las denuncias por enriquecimiento ilícito… que causan molestia pero en realidad para el sistema institucional republicano son saludables”.

Afirmó que “hay un dicho que dice ‘no hay plazo que no se acabe ni deuda que no se pague’, es decir, que si evidentemente hemos tenido que estar en distintas posiciones durante demasiado tiempo, aceptando las reglas de juego, tenemos que estar dispuestos a que se nos reclame, por parte de ciudadanos rionegrinos, de los organismos de contralor”.

Indicó que “hay un tema que es caro a la historia de los argentinos y está muy debatido. En el gobierno de Arturo Illia por una de las pocas leyes que tiene su autoría directa se incorpora esta figura en el Código Penal por la cual se modificó el principio de inocencia, es decir, cuando sos funcionario público si a vos te acusan de esto (enriquecimiento ilícito) vos tenés que demostrar que la acusación no es real”.

Indicó que “esto sufrió muchos embates en estos últimos 40 años en el Congreso de la Nación porque se dice que es una ley que violenta el principio de inocencia e inclusive las propias garantías constitucionales y las nuevas garantías supraconstitucionales. Pero no ha habido quien haya juntado las suficientes voluntades para derogarla. Y esta es una ley vigente, es la ley y el tipo por el cual terminó condenada María Julia Alzogaray”.

Señaló a la agencia APP que “los ocho años que yo estuve en el Congreso estuvo muchas veces en discusión la posibilidad de derogarla pero también hubo mucha defensa también de la ley, porque se considera que si bien sacado de su contexto de funcionario público a la persona la coloca en inferioridad de condiciones, porque la obliga a producir lo que jurídicamente se denomina la ‘prueba maldita’, que vos tenés que demostrar que no sos, no que tiene que demostrar el que te acusa. Quienes tienen puestos en la función pública tienen que estar dispuestos a aceptar las reglas del juego”.

Dijo seguidamente que se vincula con la Ley de Ética Pública porque “a partir de esta ley es obligatorio y constitutivo de prueba la manifestación de bienes. Por eso es que evidentemente cuando aparece esta acusación una de las primeras cuestiones que va a haber que hacer es tomar año a año cuando hay periodicidad de funciones la evolución patrimonial. Ahí se junta aquel viejo tipo penal del ’64 con las nuevas normas de la Ley de Ética Pública”.

Al consultársele si el correcto el camino seguido por la defensora Piccinini de elevar la nota al vicegobernador Mendioroz, expresó que “puede ser, Mendioroz tendrá que enviarla a un fiscal de turno o al Procurador para que lo envíe a un fiscal de turno. Salvo que él puede decir que la imputación evidentemente es absolutamente falsa y demostrablemente falsa porque el legislador demuestra con su estado patrimonial su coincidencia con la declaración… Pero yo creo que es muy difícil porque evidentemente si a vos te dicen que tenés A más B y después tenés A más B más C más D más E más F… Seguramente por la naturaleza de la acción deberá motivarse hacia la derivación de la Procuración, de la fiscalía de turno…”.

Sobre las repercusiones en el bloque oficialista, opinó que “si meritúa que hay una causa para iniciar una investigación pueden pasar varias cosas. Primero, lo que pasa normalmente es que el imputado dice que esta imputación no entra dentro de las garantías constitucionales y me protegen los fueros y yo voy a comparecer igual, renunciando a esta garantía y me voy a presentar a esta investigación. Esa es una actitud, con la cual sigue el proceso, el juez la única limitante que tiene es la no detención pero puede seguir la investigación en una interpretación del alcance de los fueros que generalmente se ha aplicado en muchos casos. La otra es que el legislador diga no, yo estoy protegido por los fueros y esto lo necesito porque acá esto es producto de un enfrentamiento político o personal, entonces la cámara, ahí entra a jugar la cuestión política, tendrá que resolver si le mantiene los fueros o lo desafora”.

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