Al igual que en el caso de la energía eléctrica y del alumbrado público, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia es el poder concedente de agua y cloacas. Sin embargo, el concejal Juan Pablo Luque afirmó que la comuna tomó conocimiento de la posible renuncia de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) a la concesión que tiene sobre esos últimos dos servicios, así como sobre la operación del acueducto, a través de la solicitada que la entidad publicó ayer en los diarios.

De acuerdo a esa solicitada la decisión será evaluada en una reunión de delegados que se celebrará el jueves 9 de abril y está motivada en los recientes sabotajes que sufrió el sistema de acueductos en su sistema eléctrico y que afectó en los últimos días el abastecimiento en Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia.

“Amén de que el servicio es muy malo teniendo en cuenta las pérdidas, gestionamos ante el ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento) más de $60 millones para solucionarlas, creo que es de una irresponsabilidad manifiesta decir que devolverían el servicio, hecho que además le ocasionaría un perjuicio muy grande a la Municipalidad. De más está decir que sería la SCPL quien deba pagarlo a la larga”, señaló ayer el concejal del Frente para la Victoria, en diálogo con Diario Patagónico.

“Descuento que lo que la entidad pretende es mejorar sus condiciones. Una solicitada en los diarios no es barata. Está muy bien que se informe a la población que sospechan que ha habido un atentado, pero no informar primero al poder concedente que están estudiando la posibilidad de devolvernos el servicio cuando existe un contacto directo habla de una mala estrategia de comunicación y de una mala estrategia política al momento de resolver los problemas”, cuestionó.

 

SOSPECHAS

Como jefe del oficialismo en el Concejo Deliberante, Luque señaló que eran de público conocimiento las fallas que impidieron la interrupción del bombeo de agua, pero que bajo ningún punto de vista puede permitir que se hable con irresponsabilidad, en referencia directa a las declaraciones del secretario del Consejo de Administración de la SCPL, Ramiro Cuestas Llames, quien relacionó con el gremio de Obras Sanitarias los sabotajes.

“No podemos acusar a nadie porque todavía no hay pruebas concretas. Genera una gran irresponsabilidad a la institución que un personaje como Cuestas Llames hable así, y bajo ningún punto de vista nosotros dejamos de defender a ningún gremio en pos de tener a la ciudad con ocupación plena, que es nuestro objetivo: siempre acompañamos a los trabajadores”, argumentó.

Luque también cuestionó que Cuestas había estado al frente de PECORSA (sociedad anónima controlada por la SCPL), una empresa que todavía adeuda la memoria y balance de los últimos tres períodos y que no presentó ninguna rendición de cuentas más allá de haber renunciado a la gerencia de la misma, sostuvo. “Esto significa obviar todo tipo de estatutos y legislación”, reclamó. Y añadió que cuando la SCPL firmó el préstamo con el Banco Nación fue en la escribanía de Cuestas Llames y “cobrando jugosos honorarios” la que rubricó todo el papeleo, aún siendo él mismo integrante de la institución. “Es por lo menos una cuestión antiética, siendo livianos para calificar”.

Con ese preámbulo, el concejal consideró que dado que la SCPL cuenta con gente muy valiosa y formada en sus filas, deberían ser ellos quienes puedan oficiar de voceros “y no una persona como Cuestas Llames”.

Más allá de este entredicho, la cuestión de fondo es la posible devolución a la comuna del servicio de agua potable y cloacas, prestación que Luque recordó que se extiende contractualmente hasta 2022. De ese modo, también consideró como “otra irresponsabilidad” poner en el tapete tal posibilidad.

“Trabajamos en forma conjunta acompañando como nunca y con logros tremendamente importantes como el préstamo del Banco Nación, el trabajo con AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) para que cubran sus deudas fiscales, gestiones ante (la distribuidora eléctrica) Cammesa peleando codo a codo con la entidad para solucionarlo y ni hablar del Fondo de Sustentabilidad (una tasa extra que se cobra a los usuarios) que el Concejo aprobó en una decisión poco feliz para los contribuyentes que deben pagarlo”, enumeró el edil para contraponer que es de “una irresponsabilidad total” retirarse del servicio.