RÍO DE JANEIRO (De nuestro corresponsal).- Si la presidenta Dilma Rousseff tiene por delante un año complicado, no menos fácil promete ser el de su mentor político y antecesor, Luiz Inacio Lula da Silva.

Ayer, la Policía Federal brasileña confirmó que el ex presidente es objeto de una investigación por supuesto fraude en el otorgamiento de ventajas impositivas al sector automotriz. Esta averiguación se suma a otras dos que ya tiene Lula por un departamento tríplex en Guarujá y una propiedad rural en Atibaia, que se sospecha fueron pagadas por las constructoras OAS y Odebrecht en agradecimiento de favores cuando estaba al frente del Palacio del Planalto, aunque tanto el ex presidente como las empresas lo niegan.

En el nuevo caso, que es parte de la llamada Operación Zelotes, el comisario Marlon Cajado, de la Policía Federal, indicó que se intenta determinar si Lula tuvo una participación directa en la negociación de decretos para beneficiar a varias empresas automotrices entre 2009 y 2015, supuestamente bajo presión de lobbistas y estudios de abogados que representaban a las compañías. La investigación ya tiene como blanco a estas empresas, que habrían sobornado a miembros del Consejo Administrativo de Recursos Federales (CARF) para cancelar multas que tenían pendientes.

Lula ya había declarado en este caso, que también salpica a uno de sus hijos (Luis Claudio), pero sólo como testigo. Su abogado, Cristiano Zanin Martins, señaló que no había ninguna información nueva que justificara que ahora el ex presidente pasara a ser investigado.

El mes pasado, la propia Dilma, que fue jefa de Gabinete de Lula, había sido llamada a declarar como testigo en este caso, y ayer envió su parecer en un breve escrito al juez Vallisney de Souza. La presidenta señaló que no tiene "ninguna información o declaración a presentar sobre los hechos notificados en la denuncia", aunque ya durante su primer mandato los beneficios tributarios a las automotrices fueron prorrogados.

En tanto, la prensa brasileña escarba cada día nuevos datos sobre los procesos que afectan a Lula por los supuestos delitos de "ocultación de patrimonio" y "blanqueo de dinero" en la adquisición y refacción de sus propiedades en Guarujá y Atibaia; la primera, en la costa, y la segunda, en el interior del estado de San Pablo. En ambos casos, los datos surgieron en investigaciones sobre la red de corrupción desbaratada en Petrobras, trama en la cual las constructoras OAS y Odebrecht están acusadas de pagos de sobornos para garantizarse contratos con la petrolera estatal. El ex presidente ha rechazado todas las denuncias y acusó a la prensa de estar en una campaña sucia para manchar su imagen.

También ayer la fiscalía brasileña anunció la reapertura de una investigación para determinar si hubo irregularidades en la compra de 36 cazas de combate de la fabricante sueca Saab por parte de la fuerza aérea, dos años atrás, que involucró a dos empresarios vinculados al caso de las automotrices. Según el fiscal a cargo de la causa, la reapertura se dio por el surgimiento de "nuevos indicios" de que el contrato pudo ser resultado no sólo de criterios técnicos.

Hace dos semanas, la prensa filtró una declaración de Lula a la policía en la que los agentes interrogaron al ex mandatario sobre las supuestas irregularidades en esa compra.