Lula pide a Cristina que resuelva el conflicto antes de la cumbre de noviembre

Hay tres semanas para tranquilizar al lobby industrial paulista que reclama mano dura con la Argentina. Las Cancillerías buscan un acuerdo que facilite el comercio
Una carrera presidencial abierta que favorece el accionar del lobby industrial paulista y el real cada vez más fuerte contra el dólar que complica a exportadores y vuelve cada vez más atrayente el mayor mercado interno, subieron el precio a la reunión cumbre que mantendrán el 18 de noviembre en Brasilia los presidentes anfitrión, Luiz Inacio Lula da Silva, y la argentina Cristina Fernández.

Nadie en los dos países puso en duda que se concrete la cumbre presidencial, pero se admite que es aspiración de Brasil que se llegue con el conflicto comercial resuelto, antes que las presiones internas a uno y otro lado de la frontera puedan poner en duda la continuidad de la sociedad comercial base del Mercosur.

Ayer, las declaraciones formales y extraoficiales en los dos gobiernos admitían la preocupación por la escalada que tomó la disputa comercial y las dificultades que afrontan para superarlo pese al compromiso político de los presidentes, por la fuerte presión que ejercen los fabricantes.

La Cámara de Comercio Exterior (Camex, un organismo mixto de Brasil) anunció ayer que recurrirá a la OMC para cuestionar los permisos que exige la Argentina para autorizar el ingreso de muebles de madera.

En Argentina, el secretario de Industria, Eduardo Bianchi, respaldó las licencias no automáticas para, dijo, "defender nuestra industria".

La alternativa que estudiaban en niveles técnicos del Gobierno es recurrir al Mecanismo de Adaptación Competitiva (MAC), un acuerdo binacional destinado a proteger a los sectores industriales sensibles de un país frente a la amenaza de daño provocada por una avalancha de importaciones desde el otro.

El problema es que Argentina tendría dificultades para demostrar ese daño a sectores industriales que le permita pedir la protección del MAC, además de incumplir compromisos asumidos con inversores extranjeros y los acuerdos alcanzados entre los sectores privados.

Las licencias aplicadas desde el Ministerio de Industria y Turismo cuentan con la aprobación del ex presidente Néstor Kirchner que las considera un atajo para acelerar el proceso de reindustrialización del país y acortar la distancia con Brasil, que bajo la presidencia de Lula apunta a convertirse en la quinta potencia mundial.

La presidenta Cristina Fernández "está muy al tanto del tema" y "preocupada porque sabe que es un conflicto difícil de solucionar para Brasil", dijo una fuente de la Cancillería. En Brasil, en cambio, creen que Argentina saldrá perjudicada de una escalada de la guerra comercial.

Por lo pronto, hubo un mensaje a favor de la paz: la Cámara de Diputados no trató el impuestazo tecnológico en lo que se entendió como un gesto a Brasil que lo cuestiona por considerar que perjudicará a su industria de teléfonos celulares.

La presión política

"No imaginen ninguna represalia. No se puede hablar de represalias", dijo ayer el ministro de Industria y Comercio de Brasil, Miguel Jorge.

En la Cancillería argentina, no hubo pronunciamientos formal pero las fuentes aceptaron que el conflicto se mantiene latente y contradiciendo a Jorge lo entendieron como una reacción a las restricciones aplicadas por el país al ingreso de productos brasileños. "Eligen productos perecederos y que afectan a economías regionales para que los gobernadores nos trasladen la presión de sus productores", dijo una fuente en Cancillería. Los gobernadores Celso Jaque, Mendoza; Jorge Sapag, Neuquén; José Luis Gioja, San Juan; y Miguel Sainz, Río Negro, son los que mayor presión ejerce sobre el canciller Jorge Taiana para lograr que Brasil libere el ingreso de camiones con productos perecederos.

Una de las quejas de la Argentina es que Brasil no comunicó previamente la aplicación de las licencias no automáticas como sí lo hace el país sobre las importaciones brasileñas.

"Ese tipo de medida nunca se anuncia previamente", fue la respuesta de Jorge quien insistió que la decisión no viola ninguna regla de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

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